La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio de Vido, y al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Alberto Fernández, a esta Honorable Cámara, a los efectos de brindar explicaciones acerca de diferentes aspectos del Decreto 938/2007 que instruye al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), a adoptar los recaudos necesarios en la contratación para la adquisición e instalación bajo la modalidad "Llave en Mano" de Cinco (5) Centrales de Generación Eléctrica a gas por un total de potencia instalada de Mil Quinientos Megawatts (1.500 MW).

Señor presidente:

Ante la reciente publicación del decreto 938/2007 por el cuál se encarga a ENARSA la adquisición e instalación de cinco centrales de generación eléctrica, la Cámara de Diputados requiere, de acuerdo con las atribuciones que le son propias a través de lo establecido en el artículo 71 de nuestra Constitución Nacional, citar al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio de Vido, y al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Alberto Fernández, a presentarse ante ella a los efectos de proporcionar explicaciones sobre diferentes puntos que el decreto mencionado no detalla.

Desde los comienzos mismos de este Gobierno alertábamos sobre los problemas de abastecimiento energético que podían generarse a partir del ciclo de expansión económica, lo cuáles podrían verse agravados en casos de incontingencias climáticas. Sin embargo, desde todos los despachos oficiales, al unísono y hasta semanas atrás, se negó sistemática y categóricamente la existencia de una crisis energética.

Pero el frío finalmente puso en evidencia la crisis, y ya no alcanzó con presionar a los empresarios, desmentir las cifras o "invitar" a los industriales a bajar el consumo: hubo que reconocer lo que era harto evidente, la falta de energía.

Lo que queda absolutamente claro es que la actual crisis energética está inserta en la equivocada política seguida por esta administración respecto de la renegociación de los contratos con las empresas eléctricas concesionadas y con el ente regulador -ENRE-, todo ello enmarcado en la inexistencia de una política energética seria de mediano y largo plazo que lleva a tomar decisiones coyunturales de altos costos económicos y sociales.

Estos conceptos fueron expuestos reiteradamente en los dictámenes de minoría que presentara la Unión Cívica Radical en la Comisión Bicameral creada por la Ley 25561, en oportunidad de los tratamientos particulares de la renegociación de los contratos de EDELAP, EDESUR, EDENOR, DISTROCUYO, TRANSENER, etc.

Semanas atrás, el propio Ministerio de Economía realizó una estimación del costo de la crisis energética para todo el año de $ 12.000 millones, incluyendo en el mismo los subsidios al consumo de electricidad y las importaciones de combustibles, a lo cuál hay que agregarle el déficit de Cammesa, la empresa que administra el sistema eléctrico.

Este monto es más que significativo y equivale, por ejemplo, a la mitad del superávit fiscal acumulado en los últimos 12 meses, o a casi el 70% del total de la recaudación impositiva mensual del país.

El déficit de Cammesa proviene, fundamentalmente, de la diferencia en el precio al que se vende la electricidad en el mercado mayorista, que ronda 120/150 pesos el MW, contra lo que efectivamente dicha empresa paga a las usinas. En la coyuntura actual, como las generadoras no alcanzan a satisfacer la demanda, funcionan las centrales menos eficientes y que utilizan combustibles líquidos en lugar de gas, con lo cuál el costo llega a hasta $ 750. Un MW generado a gas cuesta de $ 30 a $ 45 en una central eficiente, mientras que usando gasoil, ese mismo MW tiene un costo de $ 300, diferencia que absorbe el Estado. Sólo en el mes de junio, Cammesa realizó pagos por $ 2.200 millones por importaciones de fuel oil y gasoil para las usinas térmicas a las que no les dan gas y las compras de energía a Brasil, las cuáles se realizan pagando U$S 200 el MW, cuatro veces el precio del mercado interno.

También hay que contabilizar la importación de gas de Bolivia, país al que se le compran unos 5 millones de metros cúbicos diarios a 5 dólares por millón de BTU, que luego se vende en el mercado interno a US$ 1,60, lo que origina un rojo de unos $ 60 millones mensuales.

Y, por si todo esto no fuera suficiente, hay que sumar también el plan Energía Total, anunciado por el Gobierno semanas atrás y que contempla que el Estado provea a las compañías de combustibles líquidos a precio de gas, haciéndose cargo el Estado de la diferencia. El costo: $ 990 millones en los tres meses que tendría de vigencia, según cálculos del Ministerio de Planificación.

Pero existe además otro costo no contabilizado por el Gobierno: las pérdidas del sector privado. Efectivamente, desde fines de mayo, hay restricciones en la provisión de electricidad a los 4.800 usuarios más grandes y también topes al uso de gas para clientes industriales.

Más allá de los mayores costos de producción, eso, sin duda alguna, provocó un freno de la actividad industrial. Según el INDEC, sólo fue de un 0,1%, pero los analistas privados calculan que, entre mayo y junio, la molienda de soja y girasol cayó un 50%, la petroquímica un 20%, la producción de fertilizantes un 30% y la siderurgia más de un 10%. Sólo contabilizando esos sectores, el país dejó de producir por U$S 1.500 a U$S 2.000 millones.

Pero hay más. El Estado termina respondiendo ante la crisis energética no únicamente a través de los subsidios, sino también encarando nuevas inversiones en infraestructura provocadas por la falta de inversiones privadas.

Sólo en las últimas semanas, el Gobierno anunció compromisos por más de $ 7.500 millones. El Ministro De Vido anticipó que la estatal ENARSA construirá 5 usinas eléctricas, a un costo de $ 3.250 millones, para generar 1.500 megavatios. Pocos días después, el Presidente Kirchner prometió la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, que demandarán otros $ 4.500 millones. También el Estado, a través de ENARSA, compró parte de Transener y, entre otras obras, se anunció la interconexión eléctrica de una amplia zona de la Patagonia.

A esta altura de la descripción, queda absolutamente claro que, si bien el sistema energético argentino atraviesa una crisis con ciertos rasgos estructurales, es responsabilidad única, exclusiva e indelegable de este Gobierno que la misma haya asumido la dimensión actual y generado las consecuencias descriptas precedentemente.

Por ello, frente al Decreto 938/07 que encarga a ENARSA la compra de 5 centrales de generación eléctrica, no podemos dejar de sentir cierto alivio de que el Gobierno Nacional finalmente haya dejado de negar la realidad energética y, aunque tarde y extemporáneamente, haya comenzado a tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, aunque haya una necesidad real de encarar soluciones urgentes a la crisis energética, ante la existencia de un manto de sospechas generalizado sobre el sistema de contratación de la obra pública durante esta administración puesto en evidencia a partir del caso Skanska, hay una serie de cuestiones que entendemos merecen aclaración por parte de los responsables de las áreas involucradas.

En principio, entendemos que merece una explicación por qué, ante un panorama de escasez gasífera, se decide la construcción de centrales de generación eléctrica a gas (y no de ciclo combinado, por ejemplo), dónde serían localizadas las mismas, sobre la base de qué diagnóstico se definió la potencia a instalar, cuáles son los requerimientos tecnológicos a exigir, cuál es el plazo de ejecución previsto, etc.

Otra serie de explicaciones tienen que ver con el hecho de haberle encargado a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) la contratación de las centrales, por qué bajo la modalidad "Llave en Mano", bajo qué normas, procedimientos y controles previstos en la Ley Nº 13.064 se va a realizar la contratación, y si la sociedad realizará la contratación por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros.

Por último, y no como un tema menor, creemos necesario que los funcionarios involucrados informen a esta Honorable Cámara todo lo referente al financiamiento de dichas obras: cuáles son las reestructuraciones presupuestarias que el Sr. Jefe de Gabinete estima necesario realizar, qué partidas serán modificadas y/o reasignadas, cuál es el presupuesto que demandará la contratación de las centrales, en qué partidas del Presupuesto de la Administración Nacional para el período 2008-2010 se incluirán las sumas destinadas a la contratación, qué operaciones de crédito público se realizarán a fin de contar con medios de financiamiento, etc.

Volvemos a reiterar lo señalado precedentemente: resulta importante que el Gobierno Nacional finalmente haya reconocido la crisis energética y haya decidido comenzar a tomar medidas urgentes con respecto a la misma. Sin embargo, ante la existencia de un manto de sospechas generalizado sobre el sistema de contratación de la obra pública y en resguardo del principio de transparencia, creemos necesaria la presencia en este recinto de los funcionarios involucrados en el Decreto 938/2007.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.