La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más absoluto repudio por los actos de violencia ocurridos el 12 de octubre de 2009, en la Comunidad Chuchagasta, localidad "El Chorro" Departamento de Trancas, provincia de Tucumán ubicada a unos 60 kilómetros de la capital provincial. Y Por el cual tres miembros de esa comunidad fueron atacados a balazos por dos ex policías armados y un lugarteniente de la zona; asesinando a Javier Chocabar, de 68 años, e hiriendo a un menor de edad, a Andrés y Emilio Mamaní.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene como objetivo contribuir a mitigar el dolor provocado por un acto salvaje y a reafirmar el compromiso de esta Cámara para con los pueblos indígenas.

En horas de la tarde del día 12 de octubre de 2009, miembros de la Comunidad Chuchagasta, localidad "El Chorro" Departamento de Trancas, provincia de Tucumán, situada alrededor de 60 kilómetros de la capital provincial, se hallaban recorriendo la zona, en ejercicio de la posesión ancestral, cuando, advirtieron la presencia de extraños; situación ésta que con frecuencia dicha comunidad y el pueblo indígena diaguita han observado y tolerado con frecuencia.

Según el relato de pobladores del lugar, todo comenzó el lunes por la tarde, pasadas las 18. Y fue en el momento en el que llegaron tres hombres: el terrateniente Darío Amín, denunciado por usurpación de tierras indígenas, y dos policías exonerados, Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, cuñado del actual Jefe de Policía de la provincia, Hugo Sánchez, y compañero de andanzas del represor Mario "Malevo" Ferreyra.

El hecho transcurría con normalidad hasta el instante en que las autoridades de la Comunidad preguntaron a los "visitantes" el motivo de su presencia. En ese instante, y sin mediar palabra, abrieron fuego contra los miembros de la Comunidad hiriendo a un niño, a Javier Chocobar (vocal primero de la Organización) quien falleció en el acto, y a los hermanos Andrés Mamani (presidente) y Emilio Mamani (vocal Segundo).

Según la versión "oficial" de lo ocurrido, estas personas fueron a extraer fotografías para "llevar adelante un relevamiento catastral". Pero en este sentido es importante señalar, señor Presidente que, sobre Chuschagasta, se asienta una cantera de piedra laja y es un lugar apetecible como recurso natural para emprendimientos privados.

Casi de inmediato del vandálico hecho, las 300 familias que viven en el pueblo diaguita se trasladaron hacia la Plaza Independencia, ubicada frente a la Casa de Gobierno. Más tarde fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Seguridad Ciudadana.

A esta altura de los fundamentos es dable señalar que hace unos veinte días, en toda la zona de los Valles Calchaquíes tucumanos había comenzado el relevamiento que establece la ley nacional 21.160 que declara la emergencia para las comunidades indígenas en todo el país, suspende los desalojos y acciones judiciales en contra de los pueblos originarios y ordena un estudio detallado para todo el país.

Cada comunidad estaba trabajando con la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos y el representante en Tucumán del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Federico Casinelli, avaló el trabajo comunitario, diciendo que "es de una preocupación enorme lo que pasó. El Poder Judicial está haciendo caso omiso de lo que ocurre. No está respetando las leyes vigentes. Las comunidades viven en un estado de precariedad muy grande y sólo quieren vivir con el medio ambiente en armonía. El asesinato de

Javier Chocobar es una acción en contra de los pueblos, para que dejen sus tierras a personas que las quieren explotar de manera privada. Esto es un desenlace que nadie quería. La gente que perpetró este hecho son personajes nefastos en la provincia", aseveró a la prensa el funcionario.

También el señor Delfín Gerónimo, de la comunidad Quilmes, denunció presiones de personas que tratan de comprar sus tierras y sacarlos del lugar en donde viven. "Nunca pensamos llegar a este extremo. Sobre todo en una fecha como el 12 de octubre, donde se recuerda todo lo que atravesamos con la invasión española. Seguimos en una lucha constante por la titularización de nuestras tierras, a pesar de las presiones que existen para que nos vayamos."

El secretario de Derechos Humanos provincial, Daniel Posse, pidió que se investigue lo ocurrido y que "se esclarezca el homicidio". "Nosotros como Estado veníamos trabajando de una manera armónica con todos los caciques y miembros de las comunidades y es realmente grave lo ocurrido esta semana. Es por ello que pedimos la colaboración del Ministerio de Seguridad para resguardar a los pueblos originarios y para que los responsables de este delito sean condenados",

Señor presidente, por lo expuesto creemos que el presente proyecto de declaración tiene como objetivo reafirmar el inclaudicable compromiso que los representantes del pueblo de la Nación Argentina deben tener con los Pueblos indígenas como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17 y las leyes: 23.302 de Personería Jurídica de las Comunidades Indígenas (1985), 24.071 que aprueba el Convenio 169 de la OIT- Sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes (1992), 25. 607, acerca de las Campañas de Difusión de los Pueblos Indígenas (2002), 26.160 de Emergencia en materia de posesión y Propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país (2006), 26.206 sobre Educación Intercultural (2006)

Por todo lo expresado es que solicitamos a nuestros pares la favorable sanción del presente proyecto de declaración, entendiendo que este acto vandálico, que hoy repudiamos, es una clara discriminación étnica que el más alto poder institucional de la República no puede dejar de denunciar y además tomar todas las medias que sean necesarias para que nunca más vuelva a suceder y todos los organismos del Estado trabajen para el efectivo cumplimiento de la ley 26. 160 y de todas aquellas normas legales dictadas con el objetivo de la real protección de los pueblos indígenas.