La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º) Expresar su preocupación por la situación de crisis imperante en la República de Bolivia y condenar los actos de violencia ocurridos, especialmente, en los Departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, lamentando profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas lesionadas, la destrucción de bienes públicos y privados, el debilitamiento institucional y las amenazas contra la unidad territorial, social y política de la nación boliviana.

2º) Instar a las partes en conflicto a iniciar urgentemente un diálogo que reestablezca la paz interna, promueva la reconciliación nacional y cree los canales necesarios de negociación para lograr la solución de los problemas que generaron el enfrentamiento.

3º) Respaldar en forma plena e incondicional al legítimo gobierno constitucional de la República de Bolivia y exigir el absoluto respeto a los principios de integridad territorial, abstención del uso de la fuerza, solución pacífica de las controversias, no intervención en los asuntos internos y vigencia del orden democrático, del estado de derecho y de los derechos humanos fundamentales.

4º) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que impulse una acción diplomática conjunta con los gobiernos de otros Estados amigos, en el ámbito de los foros multilaterales regionales más adecuados, tales como la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), el Grupo de Río, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.) y la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), y mediante los procedimientos por ellos establecidos, con el fin de brindar una mediación internacional que logre el cese inmediato de la violencia y contribuya a construir un proceso de negociación, entre todas las partes involucradas, que tenga por resultado una solución consensuada para el conflicto, en el marco del cumplimiento del ordenamiento jurídico boliviano y del derecho internacional.

Señor presidente:

Desde fines del mes de agosto de este año, cinco de los nueve Departamentos de la República de Bolivia han mantenido una serie ininterrumpida de protestas y reclamos contra el presidente Evo Morales. Se bloquearon calles, fueron asaltadas y tomadas oficinas públicas nacionales y se cerraron las fronteras con los países limítrofes: Brasil, Argentina y Paraguay.

La región del Chaco boliviano, situada al sudeste del país, concentra la mayor cantidad de manifestaciones opositoras y constituye el territorio donde se encuentran las mayores reservas gasíferas del país, fronterizo con los citados países vecinos. Se produjeron bloqueos en los Departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando, y los gobernadores de esos Departamentos (prefectos) lideran las protestas contra el gobierno central.

El centro del debate es el futuro referéndum para la aprobación de la nueva Constitución boliviana, no aceptada por la oposición y la política de distribución de la riqueza impulsada por el gobierno que proyecta un programa de pensiones para la tercera edad, financiado por los fondos obtenidos del impuesto a la producción hidrocarburífera, conocido como IDH, que reduce notablemente los ingresos departamentales, al transferirse en una parte considerable a las arcas nacionales para cumplir ese propósito.

Los últimos disturbios comenzaron en Tarija, donde se concentra el 60% de la producción de gas y el 85% de las reservas. Pero luego, se extendieron a otros cuatro Departamentos opositores que cuestionan por excesivas las transferencias tributarias. Prácticamente, los Departamentos opositores están aislados porque las protestas bloquean las vías de comunicación y, en varias ciudades bolivianas, los habitantes se han visto obligados a hacer largas caminatas y a sufrir escasez de algunos alimentos. Especialmente, es muy importante la interrupción del tránsito entre ciudades del Departamento de Santa Cruz y Brasil y entre ciudades del Departamento de Tarija y Argentina.

Otro factor principal para el agravamiento de la crisis es el proyecto de la nueva Constitución, fruto del proceso reformista del gobierno de Evo Morales y su total rechazo por la oposición. Después del referéndum revocatorio del 10 de agosto de este año, en el que Morales y la mayoría de los prefectos opositores confirmaron sus mandatos, el presidente intenta obtener apoyo para un referéndum destinado a la aprobación de la Constitución.

El presidente resolvió convocar por decreto, para el día 7 de diciembre de este año, los referendos necesarios para la ratificación de la nueva Constitución y, a tal fin, envió al Congreso, el proyecto de ley respectivo. Uno de ellos limitará el tamaño de los latifundios, tema sensible en la fértil región oriental. La oposición los rechaza porque considera que la Constitución fue aprobada en año pasado con el voto exclusivo de los constituyentes oficialistas y la ausencia total de los opositores. No obstante, no puede ignorarse que Evo Morales obtuvo el 67,4% de los votos en el referéndum revocatorio, con gran apoyo, aún en las regiones opositoras.

Un escollo jurídico surgió cuando la Corte Nacional Electoral declaró que no podía avanzar en las tareas preparatorias de la votación, hasta tanto los referendos no fueran aprobados por el Congreso, lo que motivó el enfrentamiento con el Ejecutivo. En consecuencia, al no tener mayoría en el Senado, el presidente solamente podrá lograr su objetivo si convoca a una sesión conjunta de ambas Cámaras, situación en la que existe mayoría oficialista.

La Argentina y Brasil se inquietan porque corre peligro la provisión de gas para ambos países, ya que Bolivia es su principal proveedor y los yacimientos se encuentran en la zona en conflicto conocida como la zona de la "media luna" boliviana. Ha habido ataques contra la custodia de los gasoductos que, en algunos casos, sufrieron daños de cierta importancia y pasaron a ser controlados por los opositores al gobierno. En particular, Brasil importa 30 millones de m3 de gas diarios y la Argentina 2 millones de m3 diarios, a pesar de los 7,7 millones prometidos por el gobierno boliviano. El corte de suministro de gas provocaría una crisis energética sin precedentes en ambos países. Afortunadamente, en la actualidad, está regularizado el aprovisionamiento de gas para ambos países

Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del presidente Evo Morales han producido muertos y heridos en la localidad de El Porvenir, en el Departamento amazónico de Pando, al norte de Bolivia, cuando los defensores del presidente se dirigían a Cobija, la capital departamental y fueron interceptados por funcionarios de la Prefectura. Entre los muertos y heridos hay funcionarios departamentales, concejales y campesinos.

El prefecto Leonel Fernández ha acusado al gobierno de buscar la anarquía y el caos, mientras que el gobierno central lo hace responsable de los incidentes y lo vincula con los otros prefectos opositores que defienden acérrimamente las autonomías regionales y las facultades sobre los recursos naturales y el control fiscal. Sobre este importante conflicto de intereses, no puede descartarse la influencia de un conflicto ideológico que enfrenta a un gobierno de tendencia izquierdista con una oposición de derecha que ha hecho de la autonomía y de su rechazo a la Constitución, la bandera de lucha, sin ocultar intenciones separatistas que afectarían la integridad territorial y la unidad nacional de Bolivia.

En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más importante del Oriente boliviano, se han producido graves enfrentamientos entre los autonomistas (la Unión Juvenil Cruceñista o la nación cambá, según sus propios dichos) y los partidarios de Evo Morales, en particular en un populoso barrio pobre de la ciudad conocido como Plan 3000, que han causado la ocupación y destrucción de instalaciones del gobierno central. En Tarija, los autonomistas ocuparon una estación de control del gasoducto y cortaron el suministro de gas a Argentina, aunque lo restituyeron luego, prometiendo impulsar el inicio de un diálogo entre ambas partes.

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, ha convocado a una jornada nacional de oración por la paz y la reconciliación para el 19 de septiembre, aunque se duda de la convocatoria, porque se teme que la situación haya sido desbordada por los últimos acontecimientos.

Como consecuencia de la crisis social y política, también se ha producido una crisis diplomática, ya que el embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg fue expulsado por el gobierno boliviano, acusado de intromisión en los asuntos internos bolivianos, por haber mantenido conversaciones con los prefectos opositores, a quienes habría dado su apoyo en sus intenciones separatistas. La respuesta fue la expulsión de Gustavo Guzmán, el embajador boliviano en EE.UU., por decisión del gobierno de este país.

El problema empeoró cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decidió expulsar de Caracas al embajador estadounidense, Patrick Duddy, en solidaridad con su colega boliviano. La represalia fue la expulsión del embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez Herrera. Asimismo, Chávez también complicó la situación de Evo Morales cuando dijo que si se produjera un golpe de Estado que provocara el derrocamiento o la muerte del presidente Morales, se consideraría autorizado para apoyar un movimiento armado en territorio boliviano. Estas afirmaciones provocaron la reacción de los militares bolivianos que, a través de su comandante en jefe, Luis Trigo, expresaron que las Fuerzas Armadas bolivianas rechazan enfáticamente, intervenciones internacionales de cualquier tipo, sin importar su origen, que afecten la integridad territorial y la soberanía del Estado boliviano.

El 12 de septiembre, el gobierno boliviano decretó el estado de sitio en el Departamento de Pando, debido a la violencia desmedida y a los sucesos ya relatados, ocurridos en El Porvenir, además de la toma del aeropuerto de Cobija. Este acto, que tiene como fundamento garantizar la vida y los intereses de la comunidad, permitirá la intervención militar y el inicio de las medidas extraordinarias que conlleva, tales como la prohibición de reuniones políticas y de la portación de armas de fuego, blancas y explosivos y la restricción para la circulación de personas y vehículos.

La gravedad de la crisis boliviana ha desencadenado su extensión a la región y la preocupación de los países limítrofes, más aún luego de la expulsión recíproca de representantes diplomáticos de EE.UU., Bolivia y Venezuela. Los acontecimientos tuvieron una gran repercusión en el mundo y en la opinión pública internacional, generando expresiones de gobiernos estatales y organizaciones internacionales.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), José Miguel Insulza ha emitido un comunicado manifestando su preocupación por los últimos actos de violencia vividos estos días e instando al gobierno y a la oposición a volver al diálogo. Ha señalado que las prioridades del país deben ser poner fin a la violencia, acatar el mandato de las autoridades legítimas y poner en marcha una mesa de diálogo.

Desde las Naciones unidas, el Secretario General Ban Ki Moon, se ha pronunciado en el mismo sentido y ha mostrado la disposición de la organización internacional a colaborar en el diálogo.

Colombia, Brasil y Argentina, en su carácter de Grupo de Países Amigos de Bolivia, propusieron enviar a La Paz una misión diplomática conjunta extraordinaria con el fin de mediar entre el gobierno y la oposición y lograr encaminar una negociación entre las partes que lleve a la solución de los problemas existentes y al reestablecimiento de la paz en el país, poniendo fin a todos los actos de violencia. El presidente Evo Morales pidió la postergación de la misión, a la espera de que las medidas de gobierno, tomadas o a tomar, dieran un resultado positivo, impidiendo la continuación de los enfrentamientos y la agudización del conflicto.

Los presidentes Rafael Correa, de Ecuador y Alan García, del Perú, reunidos en Lima, expresaron su irrestricto respaldo a Morales y a la democracia y unida de Bolivia, como así también su rechazo a la violencia. Por su parte, el nuevo mandatario paraguayo, Fernando Lugo, reafirmó su apoyo al presidente boliviano, haciendo votos por una solución conciliatoria y pacífica en el país. Por su parte, hubo intensas gestiones para lograr la reunión extraordinaria de la Cumbre de Presidentes de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), en Santiago de Chile, con el objetivo de adoptar una acción conjunta para reestablecer la paz interna de Bolivia y para identificar e implementar vías de diálogo bajo la conducción de las legítimas autoridades de la nación boliviana.

Por su parte, la Cancillería argentina manifestó su pleno e incondicional respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma y se comprometió a actuar en los organismos regionales competentes para buscar soluciones consensuadas al conflicto.

Por lo tanto, creemos necesario que la H. Cámara de Diputados de la Nación tome posición ante la crisis boliviana, expresando su preocupación por los actos de violencia y sus consecuencias lamentables y estimulando a las partes involucradas - el gobierno y la oposición - a encontrar caminos de diálogo, condenando los enfrentamientos. Asimismo, también debe dar apoyo expreso al gobierno constitucional del presidente Evo Morales y exigir el respeto de los principios básicos del derecho internacional, promoviendo negociaciones diplomáticas en el ámbito de las organizaciones internacionales regionales, destinadas a lograr una mediación exitosa que proponga soluciones a los problemas que causaron el conflicto y a reestablecer la paz y la reconciliación nacional en Bolivia.

Por consiguiente, someto este proyecto de resolución al debate parlamentario con el objetivo de su aprobación por esta H. Cámara.