La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación y enérgico repudio ante la sentencia condenatoria de los tribunales venezolanos al ciudadano y dirigente político Leopoldo López, en su carácter de opositor al gobierno del Sr. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro.

Señor presidente:

Que la ilegalidad, la arbitrariedad, el monismo ideológico intolerante, y la ausencia de garantías procesales en el marco de un proceso judicial, resultan términos contrarios al estado constitucional de derecho democrático cuya bandera pretende enarbolar la República Venezolana.

La sentencia expedida por el tribunal venezolano, a través de la jueza provisional del Tribunal 28° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, condenatoria del ciudadano Leopoldo López, bajo la pretensión de arrogarle la responsabilidad por daños intencionales a la propiedad privada y pública, instigación pública y asociación para delinquir, con más responsabilidad inmediata en la muerte de todos los manifestantes durante las jornadas de protestas del 12 de febrero de 2014; resulta a todas luces una herramienta institucional tendiente a esconder una persecución política e ideológica, carente de fundamentación y sustento jurídico, y más aun, en clara violación a compromisos normativos internacionales regionales y universales asumidos por dicho estado.

En este sentido, hacemos eco de las criticas mundiales alzadas en su contra, tanto desde un rechazo social cuanto repudiado por técnicos, especialistas y analistas nacionales e internacionales versados en la materia, por la pena impuesta de 13 años y 9 meses y 7 días Y 12 horas en su contra, tal como fuere expresado en el cuerpo del fallo.

Que desde el 16 de febrero de 2014, fecha en la cual el gobierno venezolano dispuso la captura del Sr. Leopoldo López, siendo efectivamente apresado dos días después por su entrega voluntaria, el gobierno venezolano llevo a adelante un proceso sistemático de violación a garantías procesales y judiciales, denegando de forma aberrante el derecho de defensa que le asiste como acusado.

Esta situación produce un debilitamiento en la legitimidad democrática venezolana al permear políticamente un órgano judicial que debiera regirse según el principio de independencia, garantía para todo justiciable desde la destrucción de los absolutismos monárquicos y el avenimiento del constitucionalismo liberal hacia el siglo XVIII.

El equilibrio republicano reclama sin duda la existencia de un dialogo intrapoderes susceptibles de alimentar aun más el sentido de la democracia, pero ello no implica una penetración del órgano ejecutivo hacia la zona de reserva judicial, vaciando de sentido el principio de separación de los poderes y más aun, viciando las sentencias que de este emanan.

Resulta también nocivo para el resto de los estados que conformamos las distintas comunidades regionales y universales, permanecer indiferentes ante una situación de esta envergadura, contraria a los principios democráticos y republicanos que constituyen el eje y común denominador que permite nuestra unión.

En este sentido, no obstante abogar y respetar la autodeterminación soberana de cada estado y coincidir en que la no injerencia en los asuntos internos, políticos e institucionales correspondientes a otro estado es una cuestión de máxima importancia, quedando estos librados a su sano juicio soberano, reconociendo también su potestad decisoria en cuestiones que hacen al ejercicio de la justicia en sus fronteras, resulta indefectible RECORDAR el difícil camino transitado durante la historia de todos nuestros estados referido a la violación de libertades, derechos y desconocimiento de garantías que con mucho esfuerzo hemos superado.

Con respecto a ello, resulta también necesario fortalecer la conciencia internacional sobre el respeto hacia las libertades personales de todos los ciudadanos sin importar su nacionalidad, y el esfuerzo realizado por plasmar en acuerdos internacionales la obligatoriedad de garantizarles la plena expresión de sus libertades.

Por todo lo expuesto, expresamos nuestra preocupación a la vez que repudiamos cualquier acto estatal contrario a los principios democráticos y republicanos, esperando una pronta resolución pacífica de esta situación y el respeto por las garantías de un debido proceso con mas la necesaria independencia de un poder judicial que solo sentencie y condene en conformidad a le ley y la verdadera justicia.