El Senado y Cámara de Diputados...

REESTRUCTURACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS

PRE- CONVERTIBILIDAD

Art. 1°: La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos tutelados por los artículos 14 bis y 75 inc. 12 y 32 de la Constitución Nacional y establecer el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los mutuos hipotecarios comprendidos en el art. 23 de la Ley Nº 25.798, conforme a las pautas de la Ley Nº 26.177

En todos los casos se tendrán en cuenta únicamente las condiciones establecidas por la operatoria de origen o las pautas de los préstamos originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido primero

Art. 2°: Los créditos serán recalculados por la autoridad de aplicación conforme a las pautas establecidas en el mutuo en origen. A tal efecto:

a) Solo se aplicaran actualizaciones hasta el 31/03/1991 de conformidad a los dispuesto en la Ley Nº 23.928

b) No se aplicara capitalización de intereses.

c) Los saldos al 31/07/1986 se reducirán en un 32.3249% de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1096/1985

d) A todos los créditos les será de aplicación la disminución dispuesta por el art. 7° de la ley Nº 24.143.

e) Al capital recalculado se le descontaran los pagos realizados por el prestatario.

f) Los pagos imputados a gastos administrativos o de gestión, seguros, o cualquier otro que hubiere estado previsto en el mutuo, que no fueren debidamente acreditados y justificados por la entidad acreedora serán considerados como pagos a cuenta.

Art. 3°: Establécese la cancelación de los créditos alcanzados por la presente Ley que acrediten ante la autoridad de aplicación alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber cancelado la totalidad de cantidad de las cuotas originalmente pactadas.

b) Que haya ocurrido el fallecimiento del titular o co-titular, siempre que el deudor al momento del fallecimiento hubiere estado pagando el seguro de vida o de fallecimiento, con independencia de la efectiva contratación por la entidad acreedora de la póliza correspondiente.

c) Que el crédito haya sido otorgado en el marco de las distintas operatorias creadas a efectos de atender situaciones de emergencia.

d) que el valor actualizado de la propiedad sea menor o igual que el importe pagado por el deudor con sustento en el mutuo hipotecario de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 24.283.

Art. 4°: Determinada la existencia de saldo pendiente de pago, el monto del mismo se cancelara en cuotas, calculadas de conformidad con el sistema de amortización francés y no se le adicionarán otros conceptos como seguros, gastos administrativos o de gestión.

El valor de las cuotas no podrá superar el veinte por ciento del ingreso del grupo familiar.

Art. 5°: A los fines del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, suspéndase a partir de la entrada en vigencia de la presente y hasta tanto se proceda al recálculo previsto en el artículo 2º, se determine la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3º de la presente o ser cumpliere el plazo previsto en el artículo 7º, lo que ocurriere primero, los procesos de ejecución hipotecaria y en especial de ejecución de sentencias judiciales, subastas judiciales y extrajudiciales, los desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados o en tramite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de los inmuebles que garanticen los créditos a los que ser refiere la presente ley. La suspensión será procedente en todos los casos, con excepción de aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se hubiere aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere si se hubieren dado facilidades y se hubiere realizado la tradición real y efectiva del bien al comprador.

Art. 6°: En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el sentido mas favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación de la vivienda y a la protección integral de la familia en los términos del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Art. 7°: El Ministerio de Economía y Producción será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quedando facultada para proceder al recálculo previsto en el artículo 2º, determinar la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3º y dictar las normas reglamentarias necesarias para su implementación.

El recálculo de los mutuos hipotecarios previstos en el artículo 2 o en su caso la determinación de los mutuos a cancelar conforme a los dispuesto en el artículo 3º deberá ser implementado en un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente. Este plazo podrá ser prorrogado por una única vez y por igual período mediante decisión fundada por la Autoridad de Aplicación

Art. 8°: Las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada en vigencia. Sin perjuicio de ello a todo evento esta ley se aplicara retroactivamente a todos los supuestos contemplados, salvo para los supuestos previstos en el art. 5° in fine.

Art. 9°: La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10°: De forma.

Señor presidente:

La Ley Nº 26.177 modificó el artículo 23º de la Ley Nº 25.798 y creó una Unidad de Reestructuración, en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, siendo su objeto el análisis y propuesta de reestructuración de los mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional.

El Art. 23º citado agrega que evaluados que fueren todos los casos, y cuando no se logre acuerdo de partes, la Unidad elevará al Congreso de la Nación una propuesta definitiva que puede contemplar quitas, recálculo de cuota o subsidios.

La ley fijó un plazo de noventa (90) días para que se expidiera la Unidad disponiendo la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por ese término, el cual fue posteriormente prorrogado por Ley Nº 26.262, de fecha 13 de junio de 2006, por un nuevo período de noventa (90) días a partir del vencimiento del anterior.

Además prevé que dicha Unidad funcione en el ámbito del Ministerio de Economía y estará integrada por un representante titular y un suplente, designados por las Honorables Cámara Legislativas, el Banco Hipotecario S.A., el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, las Asociaciones de Deudores del ex Banco Hipotecario Nacional y el Ministerio de Economía y Producción.

A los fines de dar cumplimiento al mandato legal, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución Nº 14, de fecha 12 de enero de 2007, convocándose a la designación de los representantes titulares y suplentes para la integración de la Unidad creada por la ley citada, quedando integrada de la siguiente manera: Ministerio de Economía y Producción: Doctores BEATRIZ PALLARES y SANTIAGO LAURENCE; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Doctores JOSÉ EDUARDO RICHARDS y ESTANISLAO GONZÁLEZ BERGEZ; Honorable Cámara de Diputados de la Nación: Diputadas PATRICIA SUSANA FADEL y ARACELI ESTELA MENDEZ DE FERREIRA; Honorable Cámara de Senadores de la Nación: Senadores JORGE MILTON CAPITANICH y NICOLÁS FERNÁNDEZ; Banco Hipotecario S.A.: Señores AUGUSTO RODRIGUEZ LARRETA y EDUARDO JORGE BUERO; Asociaciones de Deudores del ex Banco Hipotecario Nacional, Señores RICARDO HÉCTOR FELDHEIM y SEBASTIÁN MORENO.

La Unidad se reunió periódicamente en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y ha producido su dictamen acompañado del informe respectivo, remitiéndolo a esta Honorable Cámara de Diputados con fecha 12 de octubre de 2007 (Expediente 381 OV 07)

La necesidad de sancionar una norma que de solución a miles de familias que corren riesgo de perder su vivienda única por créditos, cuyo desembolso realizó el Banco Hipotecario Nacional antes de 1991, fue debatida en ésta cámara en ocasión de sancionar las leyes Nº 26.062, Nº 26.084, Nº 26.103, Nº 26.167 y Nº 26.177.

Además, cabe señalar que en la esfera del poder judicial de la nación, en los autos "Asociacion en Defensa de la Vivienda c/ Banco Hipotecario s/Amparo. Expte. 88215/2007"-, que tramitan por ante el Juzgado Nacional de 1era. Instancia en lo Civil Nº 6 de la Capital Federal, ante la solicitud de la parte actora para que se ordenara cautelarmente al Banco Hipotecario S.A. la suspensión de las subastas de los inmuebles contemplados por la mencionada Ley Nº 26177, el juzgado a cargo del Dr. Converset resolvió lo siguiente:

"//nos Aires, octubre de 2007. Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Por recibido.-

II. Liminarmente -en orden a la determinación de soluciones de elemental justicia- cabe recordar -tal como dice el Dr. Tomás D. Casares- que " las leyes -como lo explica Santo Tomás- tienen que referirse sólo a lo general, no pueden contemplar todos los casos particulares, pues la materia de las cosas humanas operables es indeterminada y debe, en consecuencia, serlo también la regla de ellas. Luego, la justicia que consiste en obedecer la ley, tiene que ser rectificada -en el sentido de rectamente dirigida y confortada-, por esta virtud de la equidad en cuya razón no se atiende sólo a la letra de aquélla, sino a su espíritu; a la intención que el legislador debió tener o, para decirlo más rigurosamente, a la razón por la cual la ley manda con autoridad y obliga en conciencia". "La equidad rectifica aquellas equívocas apariencias de la ley que traicionan la justa intención del legislador, aquella intención que debió presidir sus sanciones para que tuvieran intrínseca autoridad legislativa. Aunque acontezca que en algunos casos haya una falta por parte de la ley, con todo la ley es recta, porque aquella falta no se origina de parte de la ley, pues fue propuesta racionalmente, no por parte del legislador que habló conforme a la condición de la materia, sino que la falta proviene de la naturaleza del asunto. Pues tal es la materia de las cosas operables humanas, que no guardan universalmente el mismo modo, sino que en algunos pocos casos cambian".

"En suma, la equidad rectifica una cierta apariencia de la ley para conformarla en el caso, con los principios del derecho natural que son fundamento. Y por eso, porque considera el fondo de las cosas, algunas veces parece que hasta rectifica a la justicia" (cfr. su ob.

La Justicia y el Derecho, 3¦. Edición, Ed. Abeledo Perrot, págs.52/54).-

En igual forma lo dice Aristóteles: "Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo bueno ambos, la única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal"(cfr.

Moral, a Nicómaco. Aristóteles. Espasa-Calpes S.A., Madrid 1978, pág. 196).-

En este aspecto vale tener presente el decir de la Corte Suprema de Justicia: "hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la

virtud de prudencia, animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados por la ley con los elementos fácticos del caso"(cfr. CSJN, in re "Oilher, Juan Carlos c/ Arenillas, Oscar Norberto" "Recurso de hecho", del 23/12780; Fallos, 293:401, 295:157- L.L. 1976-C-380; 316:95; 311:1937; 253-267; 271-130; 238-550; entre otros ).-

Premisas rectoras que determinan que ésta jurisdicción se pronuncie sobre "la medida cautelar" requerida sin indagaciones erráticas que conduzcan a un discurrir inútil sobre su naturaleza. Lo contrario, sería ignorar que la función primordial del derecho es dar -en forma inexcusable- una respuesta a las situaciones fácticas que se presentan a diario en la realidad cotidiana apreciada desde la esfera individual como social en la inteligencia que a partir de una interpretación armónica de las normas y principios que forman la ciencia jurídica se consigue dar soluciones a los conflictos para lograr el orden social.-

Es que el servicio de justicia -para ser adecuado- debe propender dentro de los límites conferidos por el ordenamiento legal a la actividad preventiva, aunque ésta no se encuentre comprendida dentro de las taxativamente reguladas por el Código Procesal.-

Expresado ello, específicamente en punto la cautelar impetrada resulta necesario citar a Peyrano, quien a dicho que la medida innovativa es aquella cautelar excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado e incluso es la que trata ya no de eliminar una peligrosa desigualdad entre los

litigantes sino de anticipar proveimientos que, si recayesen en el momento normal, perderían en todo o en parte su eficacia (Medida cautelar innovativa, Ed. Depalma, págs. 13/14, 22, 27).-

En tal contexto, considerando la narrativa de los hechos expresada en petición introductoria, lo que surge de la instrumental acompañada, encuentro acreditado prima facie el derecho invocado por la peticionaria y el peligro factible de mantenerse la situación de hecho existente, circunstancias que -sin hesitación alguna- me llevan a concluir que corresponde hacer lugar a la petición impetrada.-

Dicho de otra manera: la ausencia de expedición por parte de la Unidad de Reestructuración en los términos especificados por la Ley 26177 impone la aplicación del artículo 2 de la ley 26262, que no es más que el consecuente del párrafo catorce del artículo 1 de la ley 26177, modificatoria del art. 23 de la ley 25798, que se traduce en la imposibilidad de "ejecutar los mutuos hipotecarios involucrados" como que "la demora no devengará intereses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor". Normativas -por otra parte- declaradas de orden público.-

Es que la documentación como las razones invocadas imponen la citada solución ponderado que la solución contraria violaría el derecho de índole constitucional de ocurrir ante el órgano jurisdiccional para hacer valer los reclamos que se entiendan como legítimos. Añádase que cobra fundamental importancia el rango constitucional que corresponde acordar a los derechos innatos a la condición humana singular o colectiva de naturaleza supraindividual que ameritan una respuesta igualmente grupal(cfr. "El amparo y los derechos de los Consumidores" por Gabriel Stiglitz y Jorge Bru, pub. en Revista de Derecho Procesal-II, Amparo. Hábeas data. Hábeas corpus, ed. Rubinzal-Culzoni, con citas doctrinarias y jurisprudenciales # 320, #321, #322; cfr. "Accion de Amparo Colectiva" por Ada Pellegrini Grinover, pub. Revista de Derecho Procesal, idem. I).-

Por lo expuesto; RESUELVO: I. Hacer lugar a la cautelar impetrada, disponiéndo en los términos del artículo 1 y 2 -respectivamente- de las leyes 26177 y 26262 que el Banco Hipotecario S.A. se abstenga de ejecutar como de liquidar intereses compensatorios,

punitorios y gastos a cargo de los deudores respecto de los mutuos hipotecarios involucrados en las citadas normativas hasta tanto se expida en los términos del artículo 1 de la ley 26177 la Unidad de Reestructuración creada por aquélla. Notifíquesele por cédula con adjunción de copia de la presente, a diligenciarse con habilitación de días y hora, en el día y con carácter de urgente; II. Póngase lo aqui decidido en conocimiento del Ministerio de Economía y Producción, ámbito de funcionamiento de la Unidad de Reestructuración, a cuyo fín oficiese(cfr. arg. arts. 195, 196, 197, 199, 204, 232 y concordantes del Código Procesal)."

En vista tanto de la previsión legal de la ley 27177 y lo dictaminado en este caso por el Sr. Juez Converset, cuyo mérito surge propio de los fundamentos del fallo citado, corresponde que el Congreso de la Nación cumplimente el dictado de la norma que ponga solución definitiva en los casos allí contemplados.

Por tales consideraciones, la urgencia del caso, y encontrándose en juego derechos fundamentales de carácter constitucional (artículo 14 bis, artículo 75 inciso 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos allí mencionada) respecto de los cuales es función esencial del legislador dar plena vigencia, recordando además las palabras de San Isidoro de Sevilla en sus "Etimologías" en orden a que la ley debe ser "justa, honesta, posible, necesaria, adecuada al lugar y tiempo, y conforme a las costumbres patrias"., solicitamos la sanción como Ley de la Nación del proyecto aconsejado por la citada Unidad de reestructuración. .