El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1. A partir de la campaña 2010/2011, elimínanse los Derechos de exportación para los siguientes bienes:

a) Girasol y subproductos. Posiciones del Nomenclador Común del Mercosur: 12.06, 1206.00.90, 15.12 , 1512.00.00.000Z, 1512.1 , 1512.11.10, y 1512.19.10.

b) Sorgo y subproductos. Posiciones del Nomenclador Común del Mercosur: 1007.00, 1007.00.10 y 1007.0.90. y 2306.30.10

c) Variedades diversas de trigo y subproductos. Posiciones del Nomenclador Común del Mercosur: 10.01, 1001.00.00.000C, 1001.10, 1001.10.90, 1001.90.90. 1001.90.90.1, 2302.30, 2302.30.10, 2302.30.90 y 2302.40.00

d) Maíz y subproductos. Posiciones del Nomenclador Común del Mercosur: 10.05, 1102.20.00, 1005.90.10, 1005.90.90. , 2302.10.00., y 5.41.20.00.000F.

Art. 2. Los Derechos de Exportación para la soja y subproductos, posiciones del Nomenclador Común del Mercosur 1201.00, 1201.00.00.000Q, 1201.00.90., 1208.10.00.000J, 15.07, 1507.00.00, 1507.90.10, 1507.10.00, 1507.90.90, 1517.90.10.1, 1517.90.10.100J, 1517.90.90.2, 2302.50.00.100A , 2304.00.00.000L , 2304.00.10 y 2304.00.90. 2308.00.00.100Q, 3504.00.20.000C. serán liquidados de acuerdo al siguiente cronograma:

a) Para la campaña 2010/2011: 27,5 (veintisiete cincuenta) por ciento.

b) Para la campaña 2011/2012: 20 (veinte) por ciento.

c) Para la campaña 2012/2013: 10 (diez) por ciento.

d) A partir de la campaña 2013/2014 se eliminan los Derechos de Exportación.

Art. 3. Derógase toda norma que se oponga a la presente.

Art. 4. Comuníquese al poder ejecutivo.

Señor presidente:

Desde hace décadas, el Estado nacional ha venido aplicando de manera sistemática Derechos de Exportación a los bienes provenientes del sector agroganadero. Ante cada crisis fiscal, originadas por los desmedidos incrementos del gasto y a la incapacidad de eliminar o atenuar el peso de la economía informal, gobiernos de diversos signos han apelado a las "retenciones" para intentar equilibrar el "rojo" del erario público. En otras palabras, el campo, ha tenido que "oblar la factura", muy abultada por cierto, de los sucesivos errores provocados por gobernantes en diversas épocas. Provocando compulsivas transferencias de ingresos del Interior profundo a la gran metrópoli.

Valga recordar que la puesta nuevamente en marcha de este mecanismo perjudicial se originó a partir de la debacle del año 2001. La explicación del momento fue aceptada por los productores: había habido una gran devaluación, cuya consecuencia era un incremento brutal de los niveles de pobreza e indigencia. Por ende, "debía" aportar una cuota del diez por ciento, extra, de sus ingresos, para financiar el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Por aquellos días, los gobernantes afirmaban sin cortapisas que la medida era excepcional y en consecuencia, en la medida que el País se recuperara de la crisis, las "retenciones" serían eliminadas.

El kirchnerismo trajo consigo la solidificación e institucionalización del doble discurso político. Por un lado se afirmaba (y se afirma) que nunca la Nación había sido tan próspera, pero por el otro se mantenía (y mantiene) toda la legislación de emergencia y sus correlatos impositivos.

Producto neto de la globalización económica, el precio internacional de los commodities agropecuarios vieron subir su nivel desde aquellos años hasta el presente. Dado que el sector invirtió más que ninguno en tecnología, se convirtió, consecuencia del aumento de la productividad por hectárea, en el mas competitivo con que cuenta Argentina a nivel planetario.

Y por eso mismo, fue castigado. Los Derechos de Exportación subieron exponencialmente, a efectos no ya de financiar el gasto social, sino también cubrir las necesidades de un tesoro cuyo gasto ha carecido de límites hasta hoy. La presión impositiva llegó a su colmo cuando el actual gobierno, mediante la Resolución 125, pretendió quedarse con la mayor parte de los ingresos del agro. Harto conocido, tamaña exacción originó la revuelta bautizada por la sabiduría popular como la "guerra gaucha". Y la derrota de la deleznable iniciativa en el Senado, voto no positivo mediante.

Pero hete ahí, por caso, los Derechos para la soja quedaron en 35 (treinta y cinco) por ciento, mientras que el tipo de cambio no acompañó la desmadrada inflación, producto del atizamiento de manera artificial de la demanda agregada. Esto trajo una consecuencia que desde hace más de un lustro venimos remarcando: el precio de la oleaginosa en el Mercado de Chicago se amesetó. A un buen nivel: entre 330 y 360 dólares la tonelada. Por estas horas, un productor recibe, luego de retenciones, un valor que oscila entre 930 y 980 pesos la tonelada. Exactamente igual que hace 24 meses. Sin embargo, en el interín la inflación doméstica sumada es de un cuarenta por ciento.

Señor Presidente, lo antes expuesto terminó donde debía finalizar: mientras el relato oficial afirmaba que las retenciones iban a tener como consecuencia la desojización, la realidad, siempre la única verdad, nos exhibe que nunca Argentina dependió tanto de un cuasi monocultivo. Con la consecuente desaparición de cultivos regionales diversos y una neta regresión en las áreas sembradas de otros cereales y oleaginosas.

Señor Presidente, el presente Proyecto de Ley apunta en dos direcciones: por un lado hacer más competitivos el trigo, maíz, girasol, sorgo y diversos cultivos regionales; por el otro, disminuir y en el mediano plazo, eliminar las iniquidades consecuentes de una política agropecuaria por demás lamentable. No es nuestra intención desfinanciar en el corto plazo al erario. Pero es una clara señal para que el actual gobierno y quien le suceda a partir de diciembre de 2011, diseñen y pongan en marcha una sustancial reforma impositiva, mientras que al unísono se rediseñe el gasto público, puesto que al actual nivel, más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto, es inimaginable financiar. Excepto, exigiendo un esfuerzo desmedido al sector agropecuario. Ha llegado el momento de frenar la voracidad sin límites de un gobierno que ha perdido la brújula. Y cuyas extralimitaciones han frenado abruptamente la inversión. Esencial para un crecimiento sostenido y sostenible en el mediano y largo plazo.

Por estas razones y las que oportunamente ampliaremos en el seno del recinto de la H. Cámara, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Ley. No se tenga dudas, será Justicia.