El Senado y Cámara de Diputados...

Creación de la Comisión Bicameral por una Distribución de la Riqueza y ninguna persona en la indigencia.

Artículo 1º: Créase la Comisión Bicameral por una Distribución de la Riqueza y ninguna persona en la indigencia en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 2º: La Comisión tendrá por objeto la realización de un mapa diagnóstico sobre la situación actual de los sectores de más bajos recurso, con el fin de efectuar y coordinar recomendaciones y propuestas para lograr revertir la situación en que se encuentra este amplio sector de la sociedad. Se formularán mecanismos para facilitar la implementación de políticas en un marco de eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Asimismo, será objeto de la Comisión realizar un análisis y evaluación de resultados e impacto de las políticas públicas existentes, así como su seguimiento y control.

Artículo 3º: Facultades. Se faculta a la comisión para:

1. La Comisión Bicameral tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con los fines para los que fue creada, podrá requerir informes y citar funcionarios que se desempeñen en áreas relacionadas con su objeto. Así como a los entes centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, Poderes Ejecutivos provinciales; Universidades Nacionales, Privadas y/o Organismos Oficiales e instituciones privadas de investigación que hagan al cumplimiento de los objetivos de esta Comisión.

2. Coordinar acciones con los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, que tengan dentro de sus atribuciones la implementación de políticas que logren los objetivos propuestos por esta Comisión.

3. Difundir las actividades e informes que sean producto de la Comisión.

4. Relevar los recursos públicos afectados y remitidos en todas las áreas relacionadas con el objeto de la Comisión.

Artículo 4º: La comisión estará integrada por diez (10) Diputados y diez (10) Senadores a propuesta de los bloques parlamentarios. La composición de la Comisión deberá respetar la representación de las Cámaras.

Artículo 5º: La Comisión elegirá entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente Primero, un Vicepresidente Segundo y un Secretario. Sus mandatos durarán dos años. La Presidencia y la totalidad de los cargos serán rotativos entre los miembros de ambas cámaras.

Artículo 6º: La Comisión creará un Consejo Permanente de Asesoramiento compuesto por referentes sociales que podrán participar de las reuniones con voz y sin voto.

Artículo 7º: Reglamento. La comisión dictará su propio reglamento interno.

Artículo 8º: Presupuesto. La Comisión tendrá su sede en el Congreso de la Nación y su presupuesto será solventado por ambas Cámaras en partes iguales.

Artículo 9º: De forma.

Señor presidente:

A 7 años del epicentro de la gran crisis que afectó a todos los segmentos de la sociedad, nos encontramos en la urgente necesidad de implementar una política de estado que garantice un ingreso mínimo que cubra las necesidades básicas de los más necesitados. Esta carestía, que se traduce en la falta de ejercicio de derechos constitucionales básicos, debe garantizarse fiscal y presupuestariamente a fin de que todos los habitantes de nuestro país puedan acceder a ellos.

Ante esta situación, el Congreso de la Nación debe ejercer un papel relevante en base al mandato Constitucional del art 75 inc 23: "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad"

Contexto

Los y las ciudadanas de la Argentina vivimos en un país con mucha riqueza pero paradójicamente ésta se distribuye de forma injusta y desigual: En el año 2007, mientras que la actividad económica creció un 9 porciento, los puestos de trabajo crecieron tan solo un 2.3 porciento. Es de público conocimiento que los sectores que ostentan la mayor parte de los recursos son los que se apropian exclusivamente de dichos beneficios.

El Poder Ejecutivo tiene proyectado para el año 2008 un superávit presupuestario de 25.900 millones de pesos, es decir, el 3 porciento del Producto Bruto Interno. Dentro de ese mismo presupuesto tiene programado recaudar 38.000 millones de pesos en carácter de retenciones a las exportaciones y tiene destinado para este año 47.300 millones de pesos para subsidios. Mientras que, sólo 3.100 millones de pesos se destinará para las afectación de los planes sociales que cobran los mas necesitados, particularmente quienes están por debajo de la línea de indigencia.

La distribución del ingreso cuento hoy con brechas de desigualdad que se encuentran en niveles altísimos nunca antes vistos. La brecha entre el 10 porciento más rico y el 10 porciento más pobre es de 35.5 veces. Cada 100 pesos nuevos generados en el país el 30 porciento más rico se apropia de 65.2 pesos y el 40 porciento mas pobre sólo de 12.8 pesos.

Está demostrado que la distribución no se genera de manera espontánea como sostienen los defensores de la teoría del derrame. El escaso avance de los indicadores sociales contrasta notoriamente con la tasa de crecimiento económico promedio de alrededor del 8,8% durante los últimos 5 años, manifestando que la redistribución de la riqueza continúa siendo una cuenta pendiente de este gobierno. "(...) La ausencia de políticas redistributivas explícitas demuestra la vigencia de la creencia, fechada en los '90, en la teoría del derrame social del crecimiento. El gobierno parece insistir en que al garantizar las condiciones que permiten el crecimiento de la economía, ese crecimiento se transformará en mayor empleo y esto, automáticamente, en mayores ingresos para la población y en una mejor distribución del mismo. La evidencia demuestra que este derrame, si se produce, es demasiado lento e incompleto. También demuestra que los sectores sociales más postergados continúan siendo objeto solamente de políticas focalizadas y clientelares, que profundizan la segmentación de las coberturas sociales, y basan los beneficios en prebendas y no en la generación de derechos económicos y sociales" (1) .

A pesar del crecimiento económico, la distribución del ingreso no mejora. El avance económico no se ha traducido en una mayor participación de los asalariados en el ingreso. Tal como se plantea en el Informe Anual 2008 "Derechos Humanos en la Argentina" realizado por el CELS, la participación de los asalariados en el ingreso es del 28% para el 2007, 11 puntos inferior al porcentaje del año 2001. Es decir que, la participación de los diferentes sectores en el ingreso muestra una tendencia regresiva; en otras palabras, empeora.

Es claro que las desigualdades regionales persisten fuertemente. Del 10% de la población más pobre, el 42,3% se concentra en el norte del país. Sin embargo, sólo el 30 porciento de lo recaudado es derivado hacia las provincias. Esta realidad desnuda la política que el gobierno nacional ha desarrollado en materia impositiva, privando a las provincias y municipios de los fondos que les corresponden legítimamente en concepto de coparticipación federal (art 75 inc 2). El resultado de todo ello es el empobrecimiento constante de los pueblos de las provincias argentinas.

En general podemos decir que, la discusión sobre propuestas concretas para la distribución del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda pública del gobierno nacional.

- Pobreza y Desempleo:

La interrelación entre pobreza y desempleo es directa: la inserción por el trabajo sigue siendo en primer lugar la tarea primordial de todo gobierno en la lucha contra la exclusión. Los datos estadísticos son fundamentales para cristalizar la situación: el índice de desempleo supera el 10 porciento de la población económicamente activa, hoy hay 1.661.958 desocupados. Al mismo tiempo, la subocupación - personas que trabajan menos de 6 horas a la semana- es de 8.5 porciento es decir, alcanza a 1.411.526 personas. Son más de 2.800.000 argentinos que tienen graves problemas de empleo. En cuanto al sector empleado, más del 40 porciento de los trabajadores todavía no se encuentran registrados.

Según datos de mediados de 2007 el 26.1 porciento de la población se encontraba por debajo del nivel de pobreza, es decir que más de 12 millones de argentinos viven en la pobreza y el 9.8 porciento de esta masa se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Más de la mitad de los pobres e indigentes son menores de 22 años.

Por año se producen alrededor de 11mil muertes de personas menores de las cuales por lo menos 7 mil serían evitables si se actúa con carácter de emergencia y con medidas simples de tratamiento y prevención. Este es otro resultado del actual modelo de exclusión y concentración económica.

Al finalizar el año 2007, la canasta se ubicaba en 2992 pesos -para una familia tipo con dos hijos en edad escolar-. La inflación es el mayor generador de pobreza, cada nuevo punto de inflación arroja miles de familias a la indigencia y la pobreza. Hoy, la canasta básica ya alcanza los 3400 pesos y el 70 porciento de los trabajadores tiene salarios por debajo de 2000 pesos. Nunca fue tan grande la brecha entre el salario mínimo y el básico de convenio con el valor de la canasta general bàsica.

Gran parte de los desocupados son por exclusión, trabajadores con bajas posibilidades de ingreso en el mercado de trabajo y con tiempos de desocupación considerablemente altos. La insuficiencia de ingresos y las necesidad de millones de hogares hace que niños y niñas en edades cada vez mas temprana se vean forzados a trabajar ya sea a sueldo o en tareas domesticas, situación que genera que millones de niños y niñas abandonen sus estudios o disminuyan su rendimiento. Es necesario crear políticas públicas que aborden respuestas al desempleo estructural.

- Educación:

La formación educativa de los jóvenes iguala las oportunidades de acceso al mercado de trabajo. Es imperante que se generen posibilidades para que las familias de bajos recursos puedan invertir en educación para sus hijos. Esto traerá como resultado el fomento los pilares básicos para lograr una nación moderna en términos sociales y con niveles de productividad y competitividad económica acorde a las exigencias del mundo de hoy.

- Las políticas sociales:

La protección social implica el otorgamiento de ayudas a los más necesitados que se encuentran en situación de emergencia social, pero además es requisito básico para que todos puedan seguir perteneciendo a una sociedad de semejantes y gozar de derechos ciudadanos. Se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar una justa distribución de la riqueza producida por nuestro pueblo. Es necesaria una justa reforma tributaria donde aporten más quienes ganen más, en particular consideramos ineludible reformular el impuesto a las ganancias para que incidan en los sectores con mayor renta.

Las políticas sociales actuales han demostrado acabadamente, cuando menos, su ineficiencia para disminuir la pobreza y la indigencia. Si nos remitimos a la información oficial, los últimos datos disponibles provenientes del INDEC corresponden a 2006 y establecen que el ingreso proveniente del Plan Jefas y Jefes de Hogar provocaba una reducción absoluta de alrededor de 0,7% en la línea de indigencia y 0,3% en la línea de pobreza. Esta insignificante influencia es también resultado de la caída del valor real del beneficio otorgado. El monto de dicho programa, a pesar de la inflación, se mantiene sin modificaciones desde el año 2002. Es difícil de comprender que un gobierno que sostiene discursivamente la distribución de la riqueza, mantenga congelado el ingreso por planes sociales de los desocupados a los que busca asistir, generando una brecha cada vez mayor respecto al universo de los asalariados. El beneficio de $150 que otorga el Plan Jefas y Jefes de Hogar cubriría solamente un 32% del costo de la canasta básica de indigencia, de acuerdo a datos oficiales ($457.60 en el mes de abril). Si se considera la canasta básica familiar, de acuerdo con los costos de la misma que establece el INDEC ($987 para el mes de abril), el plan sólo cubre el 16%.

Es inevitable la evaluación de la estructura de los planes, por ejemplo, el Plan Jefes y Jefas otorga el mismo "beneficio" sin distinguir de acuerdo a la cantidad de menores a cargo, y sólo protege al desocupado/a con hijos, excluyendo a un basto sector de la sociedad que se encuentra en las mismas condiciones. Por otra parte, al exigir una contraprestación, fomenta el empleo de baja calificación, profundiza la precarización, la flexibilización laboral y la evasión fiscal en el Estado mismo.

En cuanto al otro plan social que implica un alto porcentaje de recursos estatales, el Plan Familias, el beneficio ronda entre $155 y $305 de acuerdo a la cantidad de menores a cargo. En este caso, una familia compuesta por dos menores recibe $185 que alcanzan a cubrir un 40% de la canasta oficial de indigencia y un 19% de la canasta básica oficial. Es decir que, el monto correspondiente a los planes sociales coloca a sus beneficiarios por debajo de la línea de pobreza.

Por ello es que entendemos que coyunturalmente es urgente y necesario aumentar y universalizar los planes sociales existentes para que ningún habitante de nuestro país este en emergencia social por debajo de la línea de la indigencia.

Esta Comisión debe generar medidas en torno a una estrategia de aplicación gradual de dos etapas: propuestas inmediatas para aliviar la situación de los grupos mas vulnerados que se encuentran por debajo de la línea de la indigencia, y propuestas de mediano y largo plazo para que ningún argentino caiga por debajo de la línea de pobreza sin cobertura social. En este sentido y como un primer paso, es imperioso, con carácter de necesidad y urgencia, otorgar un aumento a todos los planes sociales existentes, deben cubrir por lo menos el cálculo de la canasta de indigencia de acuerdo a la composición/para todo del grupo familiar.

Debemos bregar para que se logre la universalización de las políticas sociales para que todo aquel argentino o argentina que se encuentre en emergencia social pueda acceder a un ingreso mínimo y cubrir así sus derechos más elementales. En este sentido se debe contemplar una amplia cobertura social, para que todos los jóvenes, hombres y mujeres que se encuentren en situación de emergencia social puedan también cubrir sus necesidades más elementales.

- Ingreso básico mensual universal y garantizado fiscal y presupuestariamente para que ningún habitante de nuestro país este por debajo de la línea de la pobreza:

Debemos tomar las medidas necesarias para que a mediano o largo plazo se logre desarrollar desde el Estado una política de intervención con carácter de red de seguridad universal y preventiva para la totalidad de los niños y niñas, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, de modo que puedan contar con un ingreso básico mensual garantizado fiscalmente y presupuestariamente.

- Eliminación o régimen diferencial del IVA para los productos de la canasta básica:

Una política que pretenda mejorar la calidad de vida de millones de personas y erradicar la pobreza y la indigencia debe contemplar la eliminación del IVA, o al menos reducirlo considerablemente, en los alimentos, medicamentos y a otros productos de primera necesidad. Esta propuesta tendrá como resultado una rebaja en los precios, facilitando el acceso a una canasta básica general para los sectores de menores recursos.

Por último, debemos entender que para que esta iniciativa logre sus objetivos, es necesario convocar a todos los sectores de la sociedad. Sólo a través de un esfuerzo conjunto se logrará impulsar en la agenda pública políticas que den respuesta a los problemas urgente del hambre, la indigencia y la pobreza en general. No hay mas tiempo que esperar, no pueden haber mas muertes evitables por causas relacionadas al hambre, no puede haber ni una familia más en la calle en un país tan rico como el nuestro. Es necesaria una verdadera distribución de la riqueza que erradique la indigencia y la pobreza de los hogares de nuestro pueblo.

Por todo ello, y después de haber realizado un somero resumen de la situación actual de nuestro país, y de proponer algunas líneas rectoras para esta iniciativa es que solicito a mis colegas tengan a bien aprobar este proyecto de ley.