La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado, en aras del cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que las Universidades Nacionales y Provinciales incluyeran en la curricula de la Carrera de Medicina, dentro de Perfil Profesional Sintético y como materia obligatoria, aquella que estudie los distintos aspectos de la discapacidad y la salud, a fin de que los profesionales médicos egresen con una formación inclusiva, encontrándose capacitados específicamente para la atención y tratamiento de las personas con discapacidad.

Señor presidente:

Recientemente el Congreso de la Nación ha votado por unanimidad una ley que le otorga a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad jerarquía constitucional. Nuestro ordenamiento jurídico ha cambiado con la incorporación de las normas de la mencionada Convención que es, además, un tratado de Derechos Humanos. Este acontecimiento legal debe verse reflejado en uno de los aspectos fundamentales para atender a la calidad de vida de las personas con discapacidad: la salud.

La Convención obliga a cambiar de paradigma abandonando la idea de que la persona con discapacidad es -a priori- un enfermo. Todas las normas y transversalmente todos los profesionales que brinden servicios a estas personas, deben estar capacitados para atenderlas, tratarlas, asesorarlas, asistirlas, escucharlas y consultarlas en igualdad de condiciones que cualquier otra persona.

Cuando el profesional es médico, si éste no ha sido formado desde el comienzo de su carrera universitaria, incorporando los principios de igualdad de trato, será muy difícil que una vez recibido se encuentre preparado para la atención a personas con discapacidad en la especialidad que sea, pudiendo los prejuicios derivados de una formación incompleta causar gravísimos daños, ya sea en la atención y tratamiento, como en la prevención de nuevas discapacidades.

Estos principios inscriptos en la Convención que venimos siguiendo, importan la participación activa de la persona con discapacidad como sujeto de derecho, en la toma de decisiones - conjuntamente con el profesional- respecto a los distintos tratamientos, alternativas, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, programas de rehabilitación, etc. que sean más convenientes para su caso.

Expresamente la citada Convención en su art 12, obliga a los Estados Parte a reconocer "que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida" y en el art 25 -dedicado a la Salud- dispone que los Estados Parte deberán exigir a los profesionales de la salud, que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;"

El presente proyecto no pretende ir en desmedro de los postgrados, especializaciones, cursos sobre discapacidad que se encuentran a disposición de médicos y estudiantes de medicina, dado que son alternativas que se han propuesto en forma espontánea frente a la necesidad del cambio y de la capacitación específica en la materia, y que constituyen un paso valiosísimo en la incorporación efectiva de los principios que establecen la Convención y las distintas leyes que van sancionándose a la luz de sus normas.

Sin embargo tratándose de un cambio profundo de percepción hacia las personas con discapacidad, es imperativo que el futuro profesional incorpore los nuevos paradigmas antes incluso que los contenidos de cada especialidad médica, dado que le servirán para interpretar y aplicar dichos conocimientos de acuerdo a esta nueva percepción basada en la dignidad y respeto por estas personas.

Esto implica incluirlas en el proceso de toma de decisiones sobre su salud, debiendo obtener el profesional un "consentimiento informado" de parte de aquellas, para proceder a tratarlas. La nueva percepción ha dejado de ser una propuesta o una mirada diferente, para convertirse en ley, y por eso es necesario que los profesionales incorporen los principios contenidos en las leyes, no ya exclusivamente en las prácticas médicas propiamente dichas, sino respecto de la accesibilidad comunicacional (sistemas y formatos accesibles como por ej. el Sistema Braille, o lenguas, como la lengua de señas) y edilicia -en base al diseño universal-, que deberán estar presentes en los espacios destinados a la atención de la salud.

La curricula, a fin de responder a la necesidad de capacitación de los futuros médicos, debe contemplar la detección temprana de afecciones o síntomas de afecciones que pueden llevar a la discapacidad. Muchas discapacidades pueden evitarse con la intervención oportuna y diligente de los médicos y las médicas.

En el Capítulo que enumera las obligaciones de los Estados parte, la Convención establece el compromiso de: " Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos".

La inclusión de los principios de la Convención sobre las personas con discapacidad y el cuerpo normativo dictado en consecuencia en el perfil sintético de la curricula, contribuirá a enriquecer la educación integral que recibe el estudiante, teniendo siempre presente la importancia de que el programa de estudios refleje un compromiso con la realidad y con el entorno social donde van a desarrollar su actividad los egresados y egresadas.

La inclusión de la accesibilidad como materia obligatoria en la carrera de medicina es otra forma de conectar la Universidad con el medio en que se encuentra. A través de la extensión universitaria, e inspirada por un criterio humanista, una curricula inclusiva y pluralista permitirá a los futuros profesionales acompañar con su conocimiento las transformaciones sociales, e incorporar aquellos principios que el Estado Argentino ha adoptado mediante la ratificación de tratados internacionales y la sanción de las leyes.

Esto de ninguna manera debe entenderse como una intrusión a la autonomía universitaria, valor que respetamos y por el que hemos bregado en cada oportunidad en que ha sido necesario; por el contrario, es justamente por el respeto a los claustros universitarios y a su influencia en los cambios sociales, que nos atrevemos a contribuir con nuestra opinión en un tema en el que no se va a avanzar con la sola incorporación a nuestro ordenamiento de la Convención, sino a través de la formación y la educación de los ciudadanos generando conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.

También es necesario volver a destacar que muchas Universidades ya han iniciado el camino de incorporación de los principios que inspiran a la Convención, a través de cursos de postgrados y materias optativas; sin embargo es necesario, más allá de la especialización que deseen hacer algunos alumnos, garantizar una capacitación uniforme para todos los estudiantes que permita la atención en igualdad de condiciones de la personas con discapacidad.

Creemos también que la Cámara de Diputados de la Nación, en su constante preocupación por la inclusión y la accesibilidad, contribuirá con estas expresiones a la meta de total operatividad de las normas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.