La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más profunda preocupación ante los dichos del concejal de la capital salteña Sr. Diego Saravia Alía, respecto de la legalización de la prostitución en esa provincia, publicados por el medio informativo virtual "Noticias.Iruya.com".

Señor presidente:

Presentamos este proyecto motivadas/os por la profunda preocupación que nos causan las reflexiones en torno al ejercicio de la prostitución en la provincia de Salta, vertidas por el concejal capitalino Diego Saravia Alía y publicadas en el medio informativo virtual "Noticias.Iruya.com" el 3 de septiembre del corriente año.

Según este medio, a partir de un conflicto acaecido en la zona sudoeste centro de Salta capital entre los vecinos y las personas que allí ejercen la prostitución callejera, el concejal Saravia Alía sostuvo que la solución para evitar estos enfrentamientos radicaba en "legalizar la prostitución y habilitar locales especiales" para el ejercicio de esta actividad (1) . De tal manera, entonces, se trataría de establecer una regulación normativa que acorde al concejal, asimismo, recogería las experiencias de la edad "dorada" de la prostitución en Salta, calificativo con el que el Sr. Saravia Alía se refirió al período durante el cual esta actividad gozaba de "tolerancia regulada".

Es preocupante que el concejal Saravia Alía, quien tiene una responsabilidad ciudadana sumamente importante en tanto ocupa el cargo de funcionario público, califique como "dorada" la era en que se violaba lo prescripto por la Constitución Nacional y las normas ya establecidas en nuestro Código Penal y leyes concordantes. Vale recordar que, efectivamente, la República Argentina es por tradición y legalmente, abolicionista, lo cual significa que si bien no existe prohibición ni pena alguna respecto de aquellas personas que se hallan en situación de prostitución, lo que sí está prohibido y penalizado en todo el territorio nacional es tanto la explotación de la prostitución ajena como la existencia de locales destinados al ejercicio prostibulario. En consecuencia, debe preocuparnos seriamente cuando un funcionario público pretende violentar la tradición abolicionista de nuestro país impulsando una "regulación normativa" enteramente anticonstitucional. Debe preocuparnos profundamente cuando desde el ejercicio de la función pública, se sostiene tan sueltamente, según el medio informativo antes mencionado, que fue una época "dorada" de la prostitución en Salta aquella en la que la provincia pudo atraer a trabajadoras y clientes de diferentes lugares del país e incluso del extranjero. Pero debe ser más preocupante aún porque esto se dice en un momento donde el delito de trata de personas, que justamente posee entre sus víctimas predilectas a las poblaciones que habitan en el norte de nuestro país, está en franco aumento. Y se dice ejerciendo un cargo dentro de un staff gubernamental que declama a viva voz su intención de combatir este delito. Y es evidente, aún cuando lamentable, que el vínculo entre trata y prostitución se torna cada vez más indisoluble.

Es por ello que consideramos irresponsables, como mínimo, estos dichos y expresamos nuestra preocupación por los mismos. Y es por ello también que solicitamos a nuestros pares acompañen este proyecto de resolución.