La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Comisión Nacional de Comunicaciones la inmediata aplicación de sanciones correspondientes a las empresas prestadoras de telefonía celular o móvil que realicen a través de un generalizado mecanismo de envío de mensajes de texto tipo "spam", que van descontándole saldo a los usuarios sin su consentimiento.

Señor presidente:

No escapa a nadie la relevancia que ha adquirido en los últimos años el nivel de consumo de servicios de telefonía móvil en la Argentina, de modo tal que el país se encuentra entre los que más equipos de telefonía móvil tiene por habitante - según datos recientes existirían más de 57 millones de líneas para 40 millones de habitantes -, transformándose en un servicio de necesidad básica para usuarios de todos los estratos sociales.

Es por esto que proponemos que se consagren los derechos ya regulados por normativa de superior rango, las disposiciones novedosas que el desarrollo de la telefonía impone, así como los problemas que han surgido de los innumerables aspectos regulables de este servicio y que por su falta de regulación generan más consecuencias dañosas que beneficios para los usuarios.

En este sentido, creo que el funcionamiento del mercado con equidad y en igualdad de condiciones debe implicar una presencia del Estado que sostenga un marco regulatorio razonable y predecible, que genere la necesaria inversión y esté destinado al control de los prestadores privados, teniendo como norte la defensa de los derechos de los consumidores.

Justamente como representantes de los consumidores, en nuestra calidad de representantes del pueblo, somos quienes debemos impulsar la legislación necesaria para que el Congreso asuma la problemática referida a la carencia en cuanto a regulación de la telefonía móvil.

La legislación relativa a la telefonía móvil implica una contención que genere previsibilidad y a la vez impida los abusos, que hoy están a la orden del día. En el caso particular de la telefonía móvil, los legisladores somos depositarios de reclamos diarios de usuarios que padecen las falencias propias de una actividad no suficientemente regulada.

Señor Presidente, pretendo que esta consideración integral refleje la defensa del consumidor, desde la normativa vigente, la ley 24.240 y su fundamento, el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los supuestos regulados atraviesan los derechos de los consumidores, desde el control de sus consumos en forma cierta, clara y detallada, hasta la generación de ámbitos de participación.

Por otro lado debo decir que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es un órgano descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuya misión y funciones son la regulación, contralor, fiscalización y verificación de los aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del Espectro Radioeléctrico. Por lo tanto es la única autoridad de inmediata aplicación de sanciones correspondientes a las empresas prestadoras de telefonía celular o móvil que realicen a través de un mecanismo generalizado el envío de mensajes de texto de tipo "spam", que van descontándole saldo a los usuarios sin su respectivo consentimiento.

Que en razón de lo dispuesto por el artículo 42 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL es obligación del Gobierno Nacional velar por la defensa de los intereses del consumidor, así como generar las condiciones necesarias para garantizar la libertad de elección en la relación del consumo, buscando salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores, también contemplados en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias.

Siendo por todo ello imprescindible solicitar la rápida actuación del Estado a través de los mecanismos correspondientes para que sancionen a quien atente contra un servicio tan esencial como la telefonía móvil de gran interés público.

Es por esto solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación de esta iniciativa.