La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Deplorar la injusta condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión que se le ha impuesto sin el debido proceso judicial -sin garantías-, al líder opositor venezolano Leopoldo López, por el hecho de haber convocado a una protesta, deviniendo tal sentencia en un acto impropio de una república.

Requerir la inmediata liberación de Leopoldo López, habida cuenta de la flagrante conculcación de las garantías consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional y Protocolo Facultativo contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Hacer saber a la República Bolivariana de Venezuela que, al ser parte del Mercosur y la Unasur, se encuentra obligada a ajustarse al sistema democrático y a los recaudos que informan a un Estado de derecho.

Requerir al Poder Ejecutivo Nacional que active los mecanismos del Mercosur con el fin de examinar la conducta de la República de Venezuela a la luz de la cláusula democrática que rige en la integración sureña.

Señor presidente:

Ante la condena impuesta al líder opositor venezolano Leopoldo López, el presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dio una declaración tajante: "Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas. Lo fue en Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica y lo es en la Venezuela de hoy". Podría agregarse que siempre ha sido repudiable, en cualquier parte y en todo tiempo que se condene a alguien por sus opiniones políticas.

Líderes como los ex presidentes Andrés Pastrana, Alvaro Uribe, Ricardo Lagos y Eduardo Frei; organizaciones como Amnistía Internacional, senadores uruguayos de todos los partidos, incluido el Frente Amplio, han rechazado categóricamente el fallo impuesto a López.

Mientras que la mayoría de los presidentes sudamericanos ha preferido callar ante el atropello consumado en nombre de una pseudo-justicia adicta a la ideología del gobierno encabezado por el señor Nicolás Maduro.

No debemos olvidar que ninguna nación se hace grande sofocando al que piensa distinto. Porque cuando se aniquila el diálogo y se excluye la voz de los otros, al final no hay patria para nadie.

El análisis del proceso judicial y de la sentencia dictada nos permite sostener enfáticamente que Leopoldo López es un preso político y que el fin perseguido por sus carceleros es quitarlo de la competencia electoral. Hemos sido testigos de un remedo de juicio totalmente viciado, en el cual no se han observado ninguna de las garantías que deben reconocerse a los imputados y se hallan consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos, como son la del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio.

También debemos sostener que el gobierno de Venezuela se encuentra incurso en la violación de los derechos humanos de los dirigentes opositores, como en el caso de Leopoldo López, quien deberá ser liberado de inmediato y sin condiciones.

La República Bolivariana de Venezuela se ha integrado libre y voluntariamente al Mercosur y por ende, se comprometió a respetar las instituciones de la democracia y a conceder sin cortapisas, plena e irrestricta vigencia de los derechos humanos. Esas, son precisamente las condiciones ineludibles y basales para formar parte de la organización regional que fundamos junto con Brasil, Paraguay y Uruguay.