La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por las declaraciones efectuadas por el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, y por el Sr. Ministro del Interior, Florencio Randazzo, responsabilizando a militantes del Partido Obrero, Quebracho, MST y Proyecto Sur, de los incidentes ocurridos el día 4 de septiembre del corriente año en las estaciones Castelar y Merlo del ex Ferrocarril Sarmiento. Asimismo, exhortamos a los Sres. Ministros a que, en caso de disponer de pruebas fundadas que justifiquen tan graves acusaciones, realicen las presentaciones pertinentes ante la Justicia Federal, exigiéndoles que se retracten públicamente si no pueden probar lo que han dicho.-

Señor presidente:

El día jueves 4 de septiembre del corriente año, poco antes de las 8 de la mañana y luego de que la empresa Trenes Buenos Aires (TBA) suspendiera por problemas técnicos el servicio que había partido de la localidad de Moreno y se dirigía a Once, cientos de pasajeros comenzaron a bajar del tren que se encontraba detenido a metros de la estación Castelar y a ocupar las vías. Allí varios de ellos, tras reclamar -en vano- la presencia de personal de la empresa, comenzaron a arrojar piedras contra las oficinas administrativas de la misma. Por tal motivo efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, protegidos con escudos y cascos y disparando gases lacrimógenos, se desplegaron para frenar los desmanes.

La demora en la línea provocó que en otra estación, ubicada en Merlo, el malestar de quienes esperaban el tren se exprese también con graves incidentes que derivaron en destrozos similares a los ocurridos en Castelar, a los que se sumó el incendio total de un tren, que incluyó, según TBA, la destrucción de siete vagones.

En respuesta y a modo de análisis de lo ocurrido el Gobierno denunció, a través del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, y del Sr. Ministro del Interior, Florencio Randazzo, que los incidentes ocurridos en el ex Ferrocarril Sarmiento fueron el resultado de una acción armada y premeditada, responsabilizando directamente a militantes del Partido Obrero, Quebracho, MST y Proyecto Sur de Pino Solanas.

De la calidad de los servicios ferroviarios el gobierno no parece tener mucho que decir, de la ausencia de controles que son su responsabilidad primaria, tampoco. En tal sentido, creemos que las concepciones vertidas por los Sres. Fernández y Randazzo no deben ser entendidas como meras expresiones individuales, subjetivas, de determinados actores políticos. Este tipo de declaraciones tendientes a criminalizar la protesta social son parte y se encuentran, más allá de la buena o mala voluntad de tal o cual persona, al servicio de un orden social y político determinado. Un orden que no puede asumir sus responsabilidades por la situación catastrófica en que se encuentra el servicio público de pasajeros y que, a través de tan prepotentes e imprecisas palabras, evidencia la continuidad sin fisuras de una política que sólo puede intentar ocultar -cada vez con menor éxito y tras vagas apelaciones a supuestos "complots izquierdistas"- su verdadera faz antipopular y antinacional.

Lo que verdaderamente expresan las declaraciones de los Sres. Fernández y Randazzo, en tanto representantes del gobierno nacional, es la imposibilidad de escuchar y sentir cuáles son las verdaderas necesidades del pueblo, un pueblo que siente impotencia y hartazgo ante una realidad que ve como inmodificable.

Cuando el trabajador que día a día utiliza, en condiciones infrahumanas, los trenes que llegan a la Capital Federal desde distintos puntos del conurbano no encuentra a nadie que defienda sus derechos, estas expresiones de hartazgo y rabia contenida encuentran el campo propicio para convertirse en una expresión colectiva de protesta contra el orden de cosas. Por lo tanto estas expresiones no pueden ser desmerecidas y desoídas y, mucho menos, ignoradas por aquellos que deberían garantizar la correcta prestación de tan importante servicio.

Frente a la elocuencia de la forma en que viajan numerosos hombres, mujeres y niños todos los días, la cual implica padecer la impuntualidad y la demora, la escasa frecuencia, la interrupción y suspensión de servicios (sin mediar siquiera explicación), la falta de seguridad e higiene, el hacinamiento a horas pico, etc., las palabras de los Sres. Randazzo y Fernández parecen una burla a los usuarios que están hartos de viajar como ganado.

Mucho más cuando las mismas pretenden mancillar, sea por caso, la historia intelectual y política del Sr. "Pino" Solanas. Historia que ha hecho acreedor al director de "La hora de los hornos" y "Los hijos de fierro" de un respeto compartido por todo el espectro político partidario, un respeto sustentado en una ética al servicio de los intereses nacionales y populares.

Es necesario recordar una vez más que, como resultado del proceso de Reforma del Estado iniciado a partir de la sanción de la ley 23.696, el cual significó la desaparición de los trenes estatales, el abandono de 30.000 kilómetros de vías férreas y la consiguiente perdida de 300.000 puestos de trabajo, lugares remotos de la geografía nacional han quedado despoblados y subsumidos en el olvido, quedando en muchos casos absolutamente incomunicados (situación agravada en numerosas localidades por el fenómeno de las inundaciones). Debemos recordar asimismo que, frente al fenómeno de la concentración urbana, muchas pequeñas localidades subsisten gracias a que cuentan con el medio de transporte ferroviario, el cual, aún con sus carencias actuales, sigue siendo fundamental motor del desarrollo de numerosos pueblos rurales.

Priorizando el criterio de rentabilidad por sobre el de servicio público se pasó de un sistema integrado, concentrado, que manejaba los servicios de carga y de pasajeros, el tráfico ferroviario, los talleres, el mantenimiento, la administración y la gestión comercial a un modelo de concesiones segmentadas, en el que cada operador debería hacerse cargo de la parte que le toca. Criterio que aún hoy, y a pesar de las evidencias del fracaso de este modelo de privatización, no ha sido revertido.

Como resultado de este proceso hemos perdido en manos de una perversa lógica mercantil lo que el agrimensor, fundador de F.O.R.J.A. y vital pensador nacional, Raúl Scalabrini Ortiz, llamaba "el poder político de los ferrocarriles". El mismo, dirá Scalabrini evidenciando los alcances de una verdadera Política de Estado al servicio de la Nación toda, consiste en la posibilidad de "regular la circulación interna de mercaderías y de pasajeros, orientar las corrientes de tráfico y de comercio exterior, distribuir la fabrilidad y las manufacturas, diseminar la actividad y la población, estimular las iniciativas de las provincias sofocadas por el alejamiento ferroviario y organizar coordinadamente el transporte del país".

A pesar de contar con una herencia de material rodante de calidad y una gran variedad de instalaciones, con el pasar de los años los servicios comenzaron a experimentar una notoria degradación, tanto en extensión de ramales utilizados como en calidad del material rodante (locomotoras y vagones) y servicio en general, descontando eventuales rehabilitaciones o aisladas inversiones en reparación de coches y locomotoras. No se realizaron las inversiones necesarias que el mantenimiento preventivo del material rodante y la conservación de vías, puentes y alcantarillas exigía, todo lo cual trajo como consecuencia múltiples accidentes que podrían haber sido evitados. En tal sentido, los estudios basados en la experiencia de la accidentología del transporte ferroviario están marcando la tendencia del crecimiento de los siniestros ferroviarios, tanto en los trenes interurbanos de pasajeros como de carga, hecho que debería hacernos reaccionar de manera enérgica a fin de evitar futuras desgracias.

Existen al respecto numerosas actas de infracción y extensas recomendaciones por parte de la C.N.R.T. (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) que resultan contundentes y lapidarias respecto al estado calamitoso en que se encuentran el material tractivo y rodante y las vías por la que los mismos circulan, y que advierten sobre la posibilidad de una catástrofe sobre las vías. Por tomar un ejemplo, el informe de la C.N.R.T. de fecha 25 de enero del 2007 (expediente 000766/2007) constata que el 90% de los coches y locomotoras que operan en la Provincia de Buenos Aires no estarían en condiciones de prestar servicios porque ponen en peligro a la población.

Entonces nos preguntamos: ¿se encuentran las empresas que creó la reciente Ley de Reordenamiento Ferroviario en condiciones de garantizar la correcta y segura prestación de los servicios? ¿El proyecto de reorganizar el sistema oficial a través de la creación de dos sociedades estatales, una dedicada a ejecutar y administrar obras e instalaciones y otra a la operación del servicio, ya se encuentra en funcionamiento? Y si es así, ¿es esto lo que debemos esperar del mismo?

Desde la privatización de los trenes con Menem hasta la actualidad los nombres de los concesionarios no han variado: Cirigliano, Romero, Roggio, Urquía, Macri, Techint, Unión Ferroviaria y las brasileras Camargo Correa y América Latina Logística (A.L.L.). Asimismo hay una lógica que se mantiene constante: para mantener bajas las tarifas, el Estado debe asumir la pérdida o compensar al operador privado a través de subsidios, ejecutando con recursos públicos las obras que deberían realizar los adjudicatarios privados. Esto significa en la práctica que el gobierno paga hasta el último salario ferroviario, así como todas las roturas y reposiciones de material. Por cuenta del Estado, los concesionarios reparan vagones, locomotoras y estaciones, cobrando por tales trabajos varias veces más de lo que realmente valen. El negocio de las empresas pasa a ser, entonces, cobrar los millonarios subsidios estatales.

Desde 1995, Trenes de Buenos Aires, la empresa de la familia Cirigliano, está a cargo de las líneas Mitre y Sarmiento. Esta empresa posee también el Grupo Plaza de colectivos y los talleres ferroviarios Emfer. Entre los ramales Mitre y Sarmiento concentran el 40% del movimiento de pasajeros de los trenes metropolitanos, trasladando por año, según el portal de TBA 191,6 millones de personas. Según la última información disponible en el sitio web de la Secretaría de Transporte, la empresa recibió en junio último subsidios por 11.929.321,50 de pesos.

Sabemos la importancia de contar con un servicio de trenes rápido, eficiente, económico y seguro, siendo que el mismo resulta vital para miles de ciudadanos que lo requieren y lo utilizan a diario, para quienes la falta de este servicio significa la imposibilidad de trasladarse por falta de recursos para acceder a otros sistemas de transportes o, lisa y llanamente, por carecer de alternativas para hacerlo, ya que el transporte automotor no cubre las pequeñas localidades del interior que cada vez van quedando más aisladas y más rezagadas en su desarrollo.

En tal sentido, entendemos de vital importancia el mantenimiento y sostenimiento de un servicio público ferroviario de transporte de pasajeros que pueda garantizar el adecuado servicio y la seguridad de los mismos, todo lo cual requiere con urgencia una política de inversión y fortalecimiento de los servicios ferroviarios que opera la nación, junto con la anulación de las concesiones que han demostrado, como es el caso de la empresa TBA, su absoluto fracaso, volviendo los servicios de una vez y para siempre a manos del Estado.

Por todo lo anteriormente enumerado, y en el convencimiento de que el ferrocarril debe volver a ser un servicio público al servicio de la integración social, cultural y económica regional y no un servicio privado con fines de lucro, es que solicito a los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-