La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, efectúe un informe completo en torno a lo actuado por la Delegación Argentina, integrante de la Comisión Administradora del Río de la Plata, en relación a las negociaciones bilaterales con la República Oriental del Uruguay respecto al dragado y mantenimiento del Canal Martín García.

A tal efecto, deberán remitirse copia de todas las actas labradas e informes emitidos por la Comisión o sus Delegaciones en el marco de dichas negociaciones, como así también toda otra documentación que permita apreciar las razones por las cuales se ha demorado el llamado a licitación para la continuación de las obras y la oportunidad, mérito y conveniencia de prorrogar sucesivamente la contratación de los servicios de la empresa Riovía luego del vencimiento de la adjudicación.

Señor presidente:

El presente proyecto procura que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, esta Cámara cuente con toda la información necesaria para evaluar el actuar de la Delegación Argentina que integra la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y el proceso de negociaciones con la Delegación Uruguaya que culminó con una prorroga en la contratación de la empresa Riovía para el dragado y mantenimiento del Canal Martín García, en lugar de abrirse un procedimiento licitatorio internacional.

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) es un organismo internacional, de carácter binacional, que brinda el marco jurídico y encausa el dialogo entre sus partes, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, para la negociación en materias de interés común a ambas naciones en el ámbito del Río de la Plata.

El carácter oficial y público de las sospechas, expresadas nada más y nada menos que en un informe de auditoria del Tribunal de Cuentas del Uruguay -en el que se habla de serias dudas sobre la actuación de la Delegación Argentina, amerita la necesidad de nutrirse de toda la información necesaria para examinar la conducta de los Delegados nacionales ante la Comisión, los motivos que demoraron la apertura de un procedimiento licitatorio -y que derivó en la prorroga de la contratación de Riovía, y la oportunidad, mérito y conveniencia de tal proceder.

Las sospechas giran en torno a la presunta voluntad de la Delegación Argentina en dilatar la concreción de la licitación del dragado del Martin García, demoras que realmente se verificaron e incidieron en que finalizara el plazo contractual con Riovía, aún pese a las presuntas advertencias de la Delegación Uruguaya.

En el informe del Tribunal de Cuentas se sostiene que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de la Plata)", lo que habría tenido incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovia y a "la inminente prórroga del contrato".

Frente a este contexto, el Gobierno Nacional no puede quedarse de brazos cruzados, sino que debería estar tan preocupado como el Gobierno Uruguayo en despejar cualquier tipo de duda en torno a la falta de transparencia en las negociaciones bilaterales por el mantenimiento del Canal, sobre todo cuando son los integrantes de la Delegación Argentina quienes estás sospechados de soborno por el Tribunal de Cuentas del país hermano.

En definitiva, el procedimiento más transparente para encarar este tipo de contrataciones, que involucran una alta complejidad técnica y una inversión de capital importante, es la licitación pública. Máxime como el presente caso, tratándose de un ente binacional, las contrataciones deben ser estrictamente claras y para ello las prórrogas de contratos vencidos deberían ser realizadas de manera muy restrictiva y sólo en casos de urgencia debidamente comprobados.

Por ello, y frente a la despreocupación e inactividad del Poder Ejecutivo Nacional para aclarar esta situación, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa a los efectos de recabar información que permita arrojar luz sobre esta grave cuestión que repercute negativamente en la transparencia y credibilidad de la República Argentina ante el concierto mundial.