La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que a través del organismo que corresponda se sirva informar sobre los siguientes puntos:

1. Explique los motivos por los cuáles el Poder Ejecutivo Nacional aumentó entre 2003 y 2006 de $ 46.263.939,05 a $ 210.092.347,19 el presupuesto destinado a la Publicidad Oficial, tal como informó la Jefatura de Gabinete de Ministros a la fundación Poder Ciudadano.

2. Detalle las diferencias que existieron entre el presupuesto planificado y el finalmente ejecutado en concepto de Publicidad Oficial durante los períodos 2004, 2005 y 2006. Explique los motivos que justificaron la variación.

3. Explique cuál fue el criterio utilizado para aumentar entre 2003 y 2007 la publicidad oficial en la vía pública un 600%; en los medios radiales un 390%; en los medios gráficos un 340%, en los medios televisivos un 220% y en los sitios de Internet un 90%, según consta en el informe que presentó la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Fundación Poder Ciudadano.

4. ¿Con qué criterio el Poder Ejecutivo Nacional destinó durante el primer semestre de 2007 $ 6.452.855,70 para difundir las visitas que realizó el Presidente de la Nación a distintas ciudades del país, superando así el monto destinado a la difusión de políticas públicas como "Trabajo" del Ministerio de Trabajo, "Innovar", de la Secretaría de Cultura; "Servicio Doméstico" de la AFIP-DGI, entre otras; y duplicando el monto destinando a campañas de difusión pública como "Trabajo Registrado" de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y "Tabaquismo" del Ministerio de Salud, entre otras (1) .

5. ¿Cuál fue el criterio utilizado para disminuir la Publicidad Oficial en el canal de televisión América de $ 8.700.000 a $ 3.000.000 pesos argentinos entre 2004 y 2005 cuando el gasto total de Publicidad Oficial aumentó durante ese mismo período de $ 113.050.993 a $ 124.958.716?

6. En 2004, el Poder Ejecutivo Nacional destinó $ 113.050.993 para contratar espacios de difusión de la Publicidad Oficial. El diario Clarín recibió $ 9.439.790,54; Página/12 $ 5.700.069,20 y La Nación $ 5.636.357,80. ¿Cuál fue la partida que destinó el Poder Ejecutivo en 2004 para realizar publicidad oficial en el Semanario Perfil, en el diario Ámbito Financiero y en el diario La Razón ?

7. En 2005, el Poder Ejecutivo Nacional destinó $ 127.462.075 para contratar espacios de difusión de la publicidad oficial. El diario Clarín recibió $ 12.874.114,19, Página/12 $ 9.218.737,62 y La Nación $ 5.842.236,30. ¿Cuál fue la partida que destinó el Poder Ejecutivo en 2005 para realizar publicidad oficial en el Semanario Perfil, en el diario Ámbito Financiero y en el diario La Razón?

8. En 2006, el Poder Ejecutivo Nacional invirtió $ 210.092.347,19 para contratar espacios de difusión de la publicidad oficial. El diario Clarín recibió $ 19.023.838,64, Página/12 $ 14.232.879, 30 y La Nación $ 8.904.875, 34. ¿Cuál fue la partida que destinó el Poder Ejecutivo en 2006 para realizar Publicidad Oficial en el Semanario Perfil, en el diario Ámbito Financiero y en el diario La Razón?

9. ¿Cuál fue el criterio para aumentar la Publicidad Oficial a Página/12 de $ 1.718.573,35 a $ 14.232.879,30 entre 2003 y 2007?

10. En 2006, el Poder Ejecutivo Nacional destinó $ 4.262.672 para contratar espacios de difusión de la Publicidad Oficial en revistas de circulación nacional. La editorial Publiexpress S.A. recibió $ 1.889.290; las revistas Newsweek y 7 Días $ 680.002; Editorial Atlántida $ 601.950; y la revista Poder $ 575.500. ¿Cuál fue la partida que destinó el Poder Ejecutivo en 2006 para realizar Publicidad Oficial en la Editorial Perfil y en la Editorial Capital Intelectual S.A. ?

11. Si es cierto que contrató a la productora de televisión "La Corte S.A." entre 2003 y 2004. En caso de respuesta afirmativa explique las razones, las características del mecanismo de contratación y el monto de la firma del contrato.

12. Si es cierto que contrató a la productora de televisión "Prensa Satelital S.A" entre 2004 y 2006. En caso de respuesta afirmativa explique las razones, las características del mecanismo de contratación y el monto de la firma de ese contrato.

13. Si es cierto que el Sr. Pablo Monzoncillo, socio fundador de la productora de televisión "La Corte S.A.", viajó en el avión presidencial para unir alguna de las siete escalas del viaje de Cristina Fernández de Kirchner por el exterior, entre febrero y junio de 2007. En caso de respuesta afirmativa, sírvase de informar en calidad de qué lo hizo. ¿Cómo se pagaron sus viáticos, estadías y alimentación?

14. ¿Por qué privatizó el servicio de grabación de los actos oficiales del Poder Ejecutivo Nacional y no se utilizó el personal y material técnico disponible en Canal 7?

15. En relación al viaje del presidente Kirchner por los Estados Unidos en septiembre de 2007, explique los motivos por los cuáles los medios de comunicación argentinos no obtuvieron autorización para presenciar los encuentros y reuniones oficiales, a excepción de la productora de televisión "La Corte S.A." y la agencia oficial de noticias TELAM S.A. (2)

16. Explique por qué motivo el canal de televisión Crónica facturó y cobró 429 segundos de publicidad oficial con fecha del 3 de octubre de 2005 si apenas emitió 55 segundos de avisos del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué el estado pagó más que el servicio efectivamente brindado?

17. Explique por qué motivo el canal de televisión Crónica facturó y cobró 622 segundos diarios de publicidad oficial los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2006 a pesar de que no emitió ni un segundo de avisos del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué el estado pagó más que el servicio efectivamente brindado?

18. ¿Con qué criterio destinó al diario Crónica $ 746.976 en 2004 y $ 638.316 en 2005 cuando el gasto total en concepto de Publicidad Oficial creció entre 2004 y 2005 de $ 113.050.993 a $ 124.958.716?

19. Según reconoció la Jefatura de Gabinete de Ministros en respuesta a un Pedido de Acceso a la Información Pública sobre la comercialización publicitaria de los programas en coproducción que emite Canal 7:

- Para el programa "Músicos para el 3er Milenio", los ingresos que provienen de los organismos enunciados en los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley 24.156 que fueran generados por Innovo Producciones SRL, se coparticipan 50% para la productora y 50% para la empresa.

- Para el programa "Sin Escala", los ingresos que provienen de los organismos enunciados en los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley 24.156 que fueran generados por Innovo Producciones SRL, se coparticipan 70% para la productora y 30% para la empresa.

Explique los motivos que llevaron a Canal 7 a otorgar este beneficio exclusivo, cuando la normativa prohíbe que la facturación por los avisos del Estado colocados en medios públicos sea compartida con empresas privadas.

Señor presidente:

La censura es la primera acción a la que acuden las tiranías. Un gesto de dominación para cancelar la dinámica social que da la libertad. Y por eso, nada advierte mejor sobre la importancia de la prensa en un sistema de libertades y contrapoderes que la cancelación de esa transacción de conflictos para crear una falsa idea de normalidad. Porque los argentinos tenemos una odiosa tradición de partes oficiales que reglamentaron con las prohibiciones cómo se debía vivir, qué leer, cómo pensar, es fácil reconocer, dos décadas después de la democratización, ese chaleco de fuerza que maniató el natural desarrollo de nuestra sociedad y nos dejó rezagada en relación a las democracias desarrolladas. Un atraso cultural político que se advierte al reconocer cómo la extorsión del miedo y las prohibiciones naturalizaron fenómenos que entran en contradicción con una auténtica democracia, basada en la igualdad ante la ley. Si como decía Octavio Paz, el fundamento de la democracia es la conversación, la palabra hablada, la cancelación de ese diálogo entre los diversos y múltiples sectores que configuran una sociedad democrática diseña una poder autoritario que, en general, habla mucho pero escucha poco. En cambio, la libre crítica y el respeto a las minorías son las que dinamizan el debate e instituyen la esfera pública de la opinión y la expresión de los intereses y derechos de sectores diversos, a veces confrontados. Si la información es monopolizada, ya sea por el Estado o por un grupo mediático, se confunde consenso con unanimidad. Las democracias modernas, basadas en la legalidad de los Derechos Humanos, son definidas no sólo por las elecciones, la división republicana de poderes, el respeto a la voluntad de las mayorías y de las minorías, sino que los nuevos derechos instituyen un contrapoder social que controla, interpela, modifica, la acción estatal y el poder de los gobernantes. Y la libertad de expresión es el derecho fundamental, madre de las otras libertades, ya que garantizada la libertad de decir se puede denunciar cuando esa libertad está amenazada o cuando otros derechos son violados. Un derecho que el Estado argentino debe garantizar porque es obligación constitucional y porque ése es su compromiso ante la comunidad internacional. Un derecho que no es sólo individual sino se potencia con la libertad del otro y se expresa en el debate y la crítica, inherente al sistema de libertades. De modo que el poder de la prensa no radica en el periodista sino en la opinión pública a la que expresa y, por eso, debe ser independiente de los poderes y responsable con esa libertad.

El escaso desarrollo democrático de la sociedad como contrapoder de control a los gobernantes naturalizó la utilización de los fondos públicos en las campañas electorales de los partidos en el gobierno.

Como los argentinos ya incorporamos como valor cultural, el derecho a decir, resta, ahora, corregir las distorsiones de confundir prensa con propaganda y, sobre todo, reconocer la tentación autoritaria de ejercer la censura a través de otros mecanismos más sutiles y, por eso, menos visibles. Tal como sucede en otras sociedades en el mundo, en Argentina se comienza a debatir sobre las formas más sofisticadas de las nuevas censuras o ingerencias del poder político sobre la prensa. Tales como la pauta oficial, utilizada menos para informar, divulgar, concientizar o promover valores universales que para domesticar la crítica. Recursos del Estado utilizados en beneficio de los periodistas y no de la sociedad. Se impone la definición de la pauta oficial como la comunicación fundamental entre el Estado y los ciudadanos, garantizando la igualdad para impedir que los intereses de grupos, partidos o personas se impongan sobre los otros. Si la comunicación es inherente al sistema de libertades, le cabe al Estado comunicar todas las acciones y decisiones que afectan la vida de la población, como la de promover los derechos y los deberes ciudadanos. Como se trata de los fondos públicos puestos al servicio de esta comunicación- información-formación, el carácter fundamental de la pauta oficial debe ser su equidad y transparencia .

Han sido las organizaciones ciudadanas las que vienen advirtiendo sobre la utilización de los fondos públicos en beneficio de los gobernantes y los partidos en el gobierno. "La publicidad oficial tampoco debe ser usada como un mecanismo destinado exclusivamente al sostenimiento económico de los medios de comunicación ya que tienen diferentes objetivos. Los subsidios del gobierno para impulsar la pluralidad y diversidad de voces, promoviendo y fortaleciendo determinados medios, deben ser asignados por organismos independientes y no políticos, de acuerdo con criterios y procedimientos preestablecidos y transparentes", sostiene ADC -Asociación por los Derechos Civiles"-, una de las que más ha trabajado en relación al deber ser de la pauta oficial.

Por otro lado, en la investigación que llevó adelante la periodista María O'Donnell en su último libro surge que ninguno de los niveles de gobiernos, nacional, provincial o municipal cumple siempre con la función principal de utilizar la información pública en beneficio de la ciudadanía. Con la novedad de la llamada "comunicación directa" se cancela el papel mediador de la prensa, lo que revela una concepción ajena al sistema de contrapoderes. Los "mensajes enlatados", elaborados por una agencia cuyo nombre -"La Corte"- ya parece advertirnos sobre una escasa conciencia democrática, sustituyen lo que debiera ser el trabajo tanto del portavoz oficial como de la agencia TELAM y del canal público. Una especie de "privatización" de la información oficial, que al impedir cualquier vinculación con los cronistas enviados para cubrir periodísticamente los viajes presidenciales se convierte en una propagandista cortesana, para seguir con la ironía del nombre. No sólo se impide lo que es obligación sino que se convierte en propaganda lo que debe ser publicidad. Y si esa "propaganda" personal encubre propaganda electoral, por la dimensión de los gastos y la confusión entre gobierno y Estado también se atenta contra el criterio de equidad, que es la igualdad ante la ley, que debe existir entre todos los partidos políticos que compiten electoralmente.

Esta "privatización" de la información estatal eludió igualmente lo que le cabe a cualquier proveedor del Estado, la licitación pública, y la información sobre los montos pagados para garantizar que la competencia sea abierta y transparente, susceptible de ser auditada por los organismos de control, y disponible como información pública.

Alcanza con observar la distribución de la pauta oficial para reconocer que no todos los medios reciben lo mismo, lo que hace sospechar que se utilizan esos recursos como una sutil censura cuando no un castigo directo a los que ejercen el derecho a la crítica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina sugirió, en un caso que cuestionaba el manejo de publicidad estatal de la provincia de Neuquén (3) , que el retiro de publicidad oficial con motivos "persecutorios" podría constituir una violación inaceptable de las garantías a la libertad de expresión. De modo que confundir a la prensa con un partido político es una herencia del pasado autoritario que la libertad y los nuevos valores universales no han conseguido aún erradicar. Vale destacar que la advertencia sobre la utilización de la pauta oficial de publicidad como un instrumento de presión del Estado nos remite también a la extorsión del "rating" con el que los medios privados eluden su responsabilidad y su compromiso con el pluralismo. Por hablar de precios, que siempre son intereses privados, se cancela el debate en torno a los valores, que son universales. Por culpa de los falsos periodistas que se presentan como cronistas cuando, en realidad, son lobbistas, toda vez que se defiende, como en este caso, el valor de la prensa en una sociedad democrática, se cae en la simplificación de creer que se está defendiendo a esos falsos periodistas..

Tal como también lo advirtió ADC, "la debilidad económica, y la ausencia de una clara separación entre áreas comerciales y editoriales en muchos medios, los hace especialmente vulnerables y acentúa el poder que tienen las empresas para influir sobre los contenidos informativos. Paralelamente, muchas empresas periodísticas forman parte de grandes conglomerados con intereses en diversas áreas de la economía, lo que puede afectar la real independencia de los medios al momento de cubrir determinados temas en los que tienen negocios involucrados." Pero sólo el Estado con la autoridad que le da garantizar la equidad, la igualdad ante la ley y la transparencia de los actos de gobierno, es el que puede, con una clara política estatal de medios, limitar la prepotencia de los intereses de unos pocos. Es al Estado a quien le cabe garantizar la pluralidad de voces, información e ideas para dinamizar, también, el desarrollo y la autonomía de una sociedad auténticamente democrática. Si el Estado discrimina, ignora las voces minoritarias y cancela toda crítica, estamos aún muy lejos de erradicar la matriz autoritaria que concentra en un mismo poder gobierno y justicia. Si se utiliza la publicidad oficial como instrumento sutil para inhibir o restringir la libertad de expresión, en realidad se está atentando contra el debate público, que es el que oxigena y mejora la calidad democrática que los argentinos aún estamos lejos de alcanzar. Una tarea de todos, legisladores, gobernantes, periodistas y de la misma ciudadanía como custodia del sistema de libertades y contrapoderes.

En compromiso a esos valores democráticos es que se indaga al Poder Ejecutivo, en la convicción que construye más aquel que ejerce la critica responsable que el que en nombre de un falso deber a obedecer elude la responsabilidad de un Estado cuya rehabilitación se reclama e ignora a la ciudadanía a la que ese mismo Estado debe garantizar derechos y libertades.