La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º.- Crear en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial que tendrá por objeto promover en la televisión el respeto de los derechos humanos consagrados por los tratados y convenciones internacionales suscriptos por la República Argentina, con jerarquía constitucional; así como también, receptar y tramitar las denuncias que hagan los ciudadanos y las entidades de la sociedad civil respecto de su violación.

2º.- La Comisión estará integrada quince (15) diputados, designados por la Presidencia de la Cámara a propuesta de los diferentes bloques que la integran, y cumplirá sus funciones dentro de un plazo de seis meses desde su creación.

3º.- La Comisión dictará su propio reglamento interno para concretar su pleno funcionamiento.

4º.- A los fines de concretar su objeto, la Comisión se avocará a:

a) Diseñar y poner en marcha una campaña de difusión pública masiva de los derechos humanos consagrados por nuestra Constitución y las formas en que éstos pueden ser promovidos o violados a través de la televisión.

b) Recibir las denuncias que hagan los ciudadanos y las entidades de la sociedad civil respecto de los hechos que son objeto de la Comisión. En el caso de que se advierta la presunta comisión de un delito, la Comisión deberá formular la denuncia pertinente ante la justicia ordinaria y aportará los medios de prueba que obren en su poder.

c) Convocar a los responsables de los medios televisivos a fin de comprometerlos a revisar la conducta de aquellos programas que hayan vulnerado derechos humanos.

d) Elaborar, al final de su mandato, un informe público en el que conste el resultado de cada denuncia realizada, tanto en el ámbito legislativo como judicial. Asimismo, el informe también deberá incluir todas las modificaciones normativas propuestas a la legislación vigente en relación a la custodia de los derechos humanos en la televisión.

5º.- La Cámara de Diputados proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta Comisión.

Señor presidente:

El poeta portugués Fernando Pessoa escribió: "El que inventó el espejo envenenó el alma humana". Una sentencia del inicio del siglo pasado y que la televisión, esa invención moderna que nos hipnotiza, educa, indigna, entretiene o emociona, ha llevado al paroxismo al inocular como veneno la simulación, la competitividad, el individualismo, en síntesis, el narcisismo. Tema de debate o preocupación, tal como le sucede a las democracias desarrolladas, en Argentina el malestar con los contenidos violentos y discriminatorios de la televisión ya multiplica páginas en las universidades y ha quedado expresado institucionalmente tanto en los informes del Defensor del Pueblo de la Nación y del Fondo Nacional de las Artes como en la declaración pública de la Academia Nacional de Educación al respecto.

El "Informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales electrónicos en general", elaborado por el Defensor del Pueblo, advierte en sus conclusiones que "el Estado no estaría garantizando adecuadamente los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en esta temática. Ya sea por ineficacia y/o negligencia en las intervención de los controles o por la incapacidad que manifiestan los organismos competentes para tomar las medidas y acciones pertinentes".

Por su lado, el movimiento "Compromiso ante la Ciudadanía", organizado por el Fondo Nacional de las Artes y avalado por más de 130 instituciones representativas de las fuerzas vivas de la cultura nacional -Universidades, Academias, Organizaciones Empresarias, Establecimientos de Enseñanza, Entidades Artísticas y de Escritores y Centros Religiosos Ecuménicos -, recoge tras un trabajo de dos años el aporte de los intelectuales y artistas más reconocidos del país para llegar a la conclusión de que la base del malestar social está asociada a los contenidos de la televisión. Tal como se afirma en la presentación del informe, en las seis mesas redondas públicas que coordinaron "fue unánime la reprobación a los contenidos y lenguajes de muchos programas audiovisuales y el acuerdo a una imprescindible modificación del actual estado de los controles de los medios públicos en radiodifusión".

En el mismo sentido, el pasado mes de agosto, a través una declaración, la Academia Nacional de Educación también expresó su preocupación en relación a las cada vez más numerosas quejas de la sociedad por los contenidos de algunos medios audiovisuales: "Los hechos criticados se originan en causas diferentes, entre las que se destaca como fundamental la no prestación adecuada del 'servicio de interés público' a que están obligados los permisionarios particulares. La consecuencia directa de este grave incumplimiento de las licencias, se traduce en el creciente volumen de contenidos de comprobable efecto pernicioso para la educación de grandes sectores de la población. Contenidos y valores opuestos a los propósitos educativos establecidos por la reciente legislación de la Nación y de las Provincias". En su conclusión, la Academia "formula un llamado a todos los sectores con responsabilidad sobre esta grave situación, especialmente a las autoridades gubernamentales y a los empresarios permisionarios de medios y anunciantes, para llegar a acuerdos concretos que reflejen los valores de nuestra Constitución y de la gran mayoría de nuestro pueblo. Con la colaboración de todos, debemos revertir la actual situación y reencauzar la radiodifusión en su verdadera naturaleza de servicio de interés público, sin perjuicio de su normal actividad comercial". Estos informes nos interpelan como representantes de la ciudadanía por lo que se impone una respuesta de este Congreso, no sólo para cumplir con nuestro mandato constitucional sino porque la comunicación televisiva está en la base de lo que Octavio Paz llamó el "pacto verbal" de la democracia. Un sistema basado en la comunicación que vincula la calidad del desarrollo democrático a sus medios de comunicación.

La mejor energía de la democratización debió usarse tanto en la revisión del pasado de terror como en su condena. Una revisión necesaria que, como marca de origen, diferencia la transición argentina de la del resto de sus vecinos, quienes primero consolidaron la democracia y después se ocuparon del pasado. Entre nosotros, el tránsito ha sido gradual, contradictorio y, sobre todo, marcado por el pasado autoritario, que normalizó situaciones y conductas colectivas. Si avanzamos en nuestra legislación a través de los tratados y las convenciones sobre Derechos Humanos, que fueron una tabla de salvación para el país que debía revisar ese pasado, la luz pública no consiguió aún iluminar los recovecos y las distorsiones dejadas por la mordaza y la rigidez de una sociedad paralizada por el miedo. Y si los Derechos Humanos fueron asociados a las muertes, los secuestros y las torturas, la idea de derechos asociada a la vida aún no consiguió configurar una auténtica cultura de derechos. Las encuestas de opinión advierten en sus resultados los prejuicios y la discriminación que campea en la sociedad, sin que se haya siquiera institucionalizado el "políticamente correcto", esa muletilla que encontraron las sociedades democráticas para inhibir en el lenguaje y las conductas colectivas palabras, expresiones y acciones discriminatorias, sexistas o racistas.

Las investigaciones académicas de dentro y fuera del país advierten igualmente sobre la influencia nociva de la violencia televisiva sobre los niños, el sector más vulnerable, al que no se protege de la lógica comercial del rating, la sociedad de consumo que reduce las personas a consumidores, nunca ciudadanos. Resulta paradójico que a la par que la sociedad fue incorporando la educación como una urgencia y apeló a su carencia para explicar los males del país, poco se menciona la responsabilidad educativa que le cabe a la televisión: En cuanto el tema de la educación formal es motivo de seminarios, conferencias internacionales, programas de televisión que involucran tanto a expertos como a numerosísimas organizaciones de la sociedad civil, la misma televisión elude cualquier reflexión sobre sí misma.

Tal como ya se señaló, la libertad de expresión es un valor y estamos muy lejos aún del precepto básico de las sociedades democráticas: el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado y viabilizan los medios de comunicación. Medios que son gestionados de manera privada, pero cuya función no pierde el carácter de responsabilidad pública porque son precisamente una concesión del Estado y trabajan con ese valor supremo que es el bien común.

Así como se reconoce el derecho a la sanidad, al agua no contaminada que entra por los grifos de nuestras casas, y a nadie se le ocurriría decir "si no quiere agua contaminada, no abra la canilla", ¿por qué no equiparar el mismo derecho a la limpieza en la programación y los mensajes televisivos? Un ejemplo que seguramente suena absurdo y, sin embargo, encubre una visión filosófica. Si la integridad humana radica precisamente en la armonía entre el cuerpo y el espíritu y los Derechos Humanos son el reconocimiento de que el hombre tiene derechos sólo por ser hombre, y su dignidad radica en su libertad, no debiera sonar extraño ni absurdo el reclamo sobre la dignidad, un intangible que sólo necesita respeto, ya sea para garantizar la salud, la educación o valores universales cuando enciende el televisor. De modo que, acorde a lo que sucede en sociedades mas desarrolladas, la comunicación es un derecho de las sociedades. Sucede que los grandes grupos que detentan el control de los medios hablan más alto y aun cuando reciben del Estado esos medios, se niegan a cualquier tipo de control social. Y si este mecanismo se reconoce en casi todos los países, en Argentina, dominada por décadas de mordaza y censura, cada vez que se apela al autocontrol o la regulación se apela a una falsa extorsión. "Quieren censurarnos", se escucha decir desde los medios, cuando, en realidad, es al revés: en honor a la libertad, como valor supremo al igual que la dignidad, es necesario apelar a la responsabilidad que es inherente a todo acto de libertad.

De modo que en nombre de todos, y no sólo los que se arrogan la voz de la sociedad en nombre del rating, es necesario promover un debate profundo que ayude a crear conciencia sobre los derechos que le asisten a los ciudadanos-televidentes. Una tarea de todos, Estado y sociedad, que este Congreso debe asumir para ponerse al servicio del debate y ser la caja de resonancia de lo que late en el interior de la sociedad. La libertad de expresión no es un valor sólo para los dueños de los medios de comunicación, porque a ese derecho se le impone otro, que es el derecho de la sociedad a la comunicación, y por eso deben garantizarse todas las voces que configuran la pluralidad democrática y cumplir con la información, el entretenimiento y la cultura sin vulgarizar la condición humana. Vale insistir sobre la definición de la democracia como el único sistema de gobierno que legitima el conflicto y trabaja sobre él para construir consenso. De modo que no debemos temer a las nuevas conductas que expresan los tiempos de libertad si tampoco eludimos el debate que dinamiza esa libertad.

Sin dejar de reconocer el carácter de entretenimiento con el que nace la televisión y los argumentos de que la violencia en la pantalla no son los determinantes de la violencia y la promiscuidad social, sin embargo, cada vez más en los estudios académicos realizados a lo largo y ancho del mundo demuestran que los niños expuestos mucho tiempo a imágenes violentas en la televisión tienden a reproducir actitudes agresivas. Pero si estos debates ocupan un espacio social en los países más desarrollados, nosotros, por el carácter tardío de nuestro desarrollo, padecemos los problemas de la sociedad planetaria pero carecemos de una cultura de derechos que pueda amortiguar esos fenómenos de apelo a la violencia y la promiscuidad real, la de las guerras que estallan por todo el globo y el comercio sexual, expresado en la prostitución y el tráfico de mujeres.

No sólo debemos ocuparnos de los nuevos temas y problemas de la sociedad digital sino que aún no arrancamos un debate anterior: el respeto de los Derechos Humanos en la televisión, como son el derecho a la pluralidad, el respeto a la privacidad, el derecho a la imagen. Se impone entonces anunciar esos derechos, dar el marco normativo de respeto a la dignidad humana, para crear conciencia y que sea la misma sociedad la que, entonces, haga uso de su libertad de elegir, que es mucho más profunda que el derecho al control remoto. Reflexionar sobre la televisión es debatir también el autoritarismo cultural legado por los tiempos en los que se nos decía qué pensar, qué sentir, qué leer, a quién rezar y a quién llevar a la alcoba, y el presente escatológico, el de esta televisión que olvida hacer lo que todos hacemos en la intimidad: cerrar la puerta del baño.

Ajenos a nuestra tradición política, los derechos humanos son el límite, los parámetros o, si se quiere, el chaleco de fuerza dentro del que se vive la natural tensión entre libertad y responsabilidad. Son las leyes las que como una herramienta fundamental organizan a las sociedades más desarrolladas para garantizar los derechos de sus ciudadanos que nuestro país, sea por sus compromisos ante la comunidad internacional o por los principios constitucionales , está obligado a garantizar.

Si la definición de lo humano radica en su dignidad, toda vez que se falte el respeto con burlas, ofensas, discriminaciones o mentiras, se atenta contra su condición. Si la lógica comercial del rating, esa falsa urna que no mide la calidad de la programación sino el estadio de desarrollo de una sociedad, impone imágenes que estimulan la violencia, descalifican, insultan, invaden la privacidad, arruinan la vida de personas que pueden ser inocentes o afectan lo que debería ser el normal trabajo de la justicia, se está violando el derecho ciudadano a la intimidad, a la educación y a la información. Un derecho base en la sociedad televisada es el derecho del ciudadano a su propia imagen, que no puede ser violada por asaltos ni por las trampas o los artificios de la tecnología que muestra como verdad lo que es una simulación.

No se trata de prohibir sino de apelar a la responsabilidad, que es inherente al ejercicio de la libertad. La autorregulación expresada en códigos de ética aún provoca alergias entre nosotros, bajo lo que hoy, a más de veinte años de democratización, suena a extorsión. Ningún programa que atente contra la dignidad de lo humano puede esconderse detrás de un principio tan noble como tardío entre nosotros: la libertad de expresión. De modo que el apelo a la responsabilidad no debe ser confundido ni con censura ni falso moralismo o descalificación ideológica. Se trata, nada más, del respeto a las leyes que consagran el valor supremo de la dignidad humana, tan lastimada entre nosotros. La democracia es una construcción colectiva, lenta y gradual, y su mayor desafío es que sea inclusiva, que la libertad y el derecho a elegir no dependan del dinero con el que se paga la educación, la información, el cable.

La televisión es una buena metáfora de la sociedad. El derecho al zapping no es un derecho si las posibilidades de elección están limitadas, menos aún si se menosprecia al televidente por su condición social y cultural -los segmentos A, B o C, en la odiosa clasificación social del mundo de la publicidad-, porque toda vez que se piense que del otro lado del televisor hay un tonto, una persona sin capacidad de discernimiento, la programación sólo apelará a la tontería. Existe una profusa legislación en las democracias occidentales para garantizar que la televisión se comprometa con los valores que dignifican la condición humana y protejan a los más vulnerables, sobre todo los niños. Antes, los argentinos, Estado y sociedad, y especialmente los dueños de los medios, tendremos que hacer un esfuerzo conjunto para llevar adelante un debate profundo, amplio y respetuoso acerca de qué televisión queremos, si democrática y por eso pluralista, donde las mujeres no sean sólo un pedazo de silicona, si federal para que los satélites sobrevuelen por los villarejos, bajen y nos cuenten cómo vive nuestra gente de país adentro y, sobre todo, para que sea la vida y no la muerte la que llene las pantallas de nuestros televisores. Entonces, podremos reconocer que la tensión no es entre libertad y limites y sí entre precios y valores. Y como se trata de valores, que siempre son universales, contrapuestos a los intereses, que son privados, es obligación de este Congreso ocuparse de hacer efectiva la garantía de esos valores, consagrados por nuestra Constitución.