La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su más enérgico repudio a los hechos acontecidos en la Provincia de Salta, y que fueran dados a publicidad a través de una filmación en la Comisaría de General Güemes en la cual se observa cómo cinco policías torturan y degradan a dos jóvenes, presumiblemente entre septiembre y noviembre del año 2011;

Exhorta a la justicia por el pronto esclarecimiento del hecho y sanción de los responsables; y a todos los poderes provinciales de efectuar las acciones necesarias para prevenir que ocurran otros hechos como este, promoviendo la creación de un mecanismo provincial para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Señor presidente:

El pasado 18 de julio del presente año, cinco policías fueron detenidos en la localidad salteña de General Güemes, luego de ser denunciados por el ministro de Seguridad de la provincia, acusados de apremios ilegales en contra de dos detenidos. Ese mismo día, a través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer un video, prueba de los hechos, en el cual se observa cómo dos detenidos son torturados por efectivos policiales. Se presume que los hechos que fueran filmados ocurrieron entre septiembre y noviembre del año pasado.

La práctica de tortura sobre dos jóvenes horroriza no sólo por la crueldad con la que actúan sino también por la impunidad que implica que esas aberraciones hayan sido filmadas en la propia comisaría, y que significan, además de una clara violación a los derechos humanos, un retroceso a los más bajos niveles de prácticas autoritarias de la última dictadura militar.

En estas circunstancias, sólo puede exigirse el pleno ejercicio de todos los poderes de la provincia. A nivel de la justicia provincial, se espera una clara y rápida investigación judicial, con la protección debida a los testigos y víctimas de hechos como este, en la cual se pueda condenar tanto a los autores como a los encubridores y facilitadores de este hecho. A su vez, el ejecutivo de la provincia debe realizar un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad provinciales y el apartamiento de estas fuerzas de cualquier agente involucrado en estas prácticas, como así también la formulación de una política de seguridad democrática basada en el claro respeto a los valores democráticos y los derechos humanos.

En cuanto al poder legislativo provincial, y en el marco de los avances legislativos de otras provincias en la adecuación de las normas provinciales a los tratados de derechos humanos, se exhorta a la creación de un mecanismo provincial de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes sobre las personas privadas de libertad. Esta Cámara de Diputados dio media sanción el 7 de septiembre de 2011, al proyecto 956-D-2011, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Argentina, al otorgar la máxima jerarquía al pacto específico contra la Tortura y otros Tratos o Penal Crueles, Inhumanas o Degradantes adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1984, se compromete internacional a la más eficaz lucha contra este flagelo.

Este compromiso internacional tiene además una particular inscripción en la historia de nuestro pueblo ya que este tipo prácticas violatorias y abusivas por parte de las fuerzas de seguridad han sido la nota característica de la peor dictadura militar de la historia de nuestro país y en este sentido el uso de esos métodos por parte de las fuerzas del estado de derecho es una afrenta a la institucionalidad democrática que debe ser monitoreada, prevenida, erradicada y sancionada con el mayor de los rigores y repudiada enérgicamente.

Por último, debemos renovar nuestro compromiso en la denuncia de estos hechos para dejar en claro que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes deben ser repudiados, prevenidos y castigados, en la lucha por la construcción de una sociedad justa y democrática.

Es por lo expuesto, que solicitamos se acompañe esta resolución.