La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, en virtud de las informaciones periodísticas sobre el Plan Federal de Vivienda I, II mas los anuncios realizados de los créditos hipotecarios, y otras iniciativas con respecto a la construcción de vivienda y planes sobre el reemplazo de villas miserias y "créditos para tu casa" para que se sirva informar lo siguiente:

1) ¿Si se cumplió en tiempo y forma con la entrega de las 400 mil unidades habitacionales publicitadas por el Plan Federal de Vivienda I? ¿En caso contrario explique los motivo?

2) ¿De los anuncios efectuados en el 2008 con respecto a la creación de 400 mil viviendas sociales con el objetivo de reemplazar las villas miserias, cuántas se han finalizado? ¿Caso contrario explique los motivos?

3) ¿Cuál fue el criterio para la asignación y adjudicación de viviendas y cual es el orden de prioridad que se utilizo ante una solicitud?

4) ¿Cuáles fueron las cantidades de unidades habitacionales que se han entregado desde que se lanzo ese Plan en el año 2004 y cual era la cantidad que se debían asignar hasta la actualidad?

5) ¿Cuántas denuncias se han recibido respecto a las irregularidades en la adjudicación de este plan de viviendas? En caso afirmativo, explique que medidas se han tomado al respecto.

6) ¿Informe a esta Cámara el porcentaje de viviendas adjudicadas que ya se han escriturado desde el año 2004 a la actualidad, teniendo en cuenta los múltiples anuncios planes y etapas?

7) ¿Cuáles han sido las provincias y municipios más beneficiados con los diferentes programas enunciados desde el año 2004 hasta la actualidad? ¿Explique a esta Cámara el motivo por el cual esas provincias o municipios tuvieron la prioridad de las construcciones respectivas?

8) ¿Qué organismos tiene a cargo la supervisión y el control en la construcción de unidades habitacionales?

9) Explique a esta Cámara cuales fueron los resultados de los varios anuncios de los créditos y prestamos hipotecarios a tasas bajas realizados en el 2007 ¿Cuantos fueron los habitantes que se han acogido a dichos anuncios? ¿Y cuantos de ellos pudieron hacer realidad la constitución de su casa propia?

10) Informe a esta Cámara la cantidad de créditos hipotecarios otorgados. Desglosar por provincias y entidad emisora

11) Informe a esta Cámara la cantidad de créditos hipotecarios denegados. Desglosar por provincias y entidad emisora y precisar causales de la denegatoria.

12) ¿Cuáles fueron los requisitos y niveles de ingresos solicitados para el otorgamiento de esos créditos hipotecarios?

13) Explique a esta Cámara que resultado tuvo el anuncio del programa "El crédito para tu casa" ¿Cuál fue el alcance? Y si el mismo cumplió con las perspectivas del anuncio

14) ¿Si se han realizado auditorias desde el año 2004 a la actualidad para conocer cuales han sido los incumplimientos más recurrentes o los problemas que se han suscitado tanto en la: -en la construcción, -adjudicación, entrega y por último la -escrituración? - Se remita el informe. En caso negativo, se expliquen los motivos.

15) Para que explique a esta Cámara ¿Cual es la distribución comparativa entre el porcentaje de hogares con déficit habitacional y el porcentaje de viviendas asignadas entre las distintas provincias y municipios?

16) Para que explique ¿Se ha realizado un estudio sobre provincias y municipios con mayor porcentaje de hogares deficitariamente en el aspecto habitacional y cuantas recibieron soluciones inmediatas?

17) ¿Cuál es la incidencia del Programa Federal De Vivienda en la problemática habitacional?

18) Ahora bien explique a esta Cámara del total de soluciones habitacionales, ¿ cuáles tienen que ver, con viviendas nuevas, reparadas, ampliadas y/o mejoradas?

Señor presidente:

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano inalienable, ya que un techo inadecuado amenaza de forma directa contra la salud física y mental. La accesibilidad física, la inclusión de servicios básicos como el agua potable, el gas y la electricidad, el respeto por las tradiciones culturales y la seguridad deben formar parte del derecho a la vivienda.

Más allá de estos postulados, lo cierto es que la mayoría de los Estados no garantizan el derecho a la vivienda a todos sus ciudadanos. Las viviendas precarias son muy frecuentes tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más alejados, mientras que miles de personas incluso se encuentran en situación de calle y viven al aire libre.

Según la información que suministra la Subsecretaría, dependiente del Ministerio de Planificación que encabeza Julio De Vido, actualizada al 30 de septiembre de 2009, el total de viviendas terminadas es de 114.506, las que estaban en ejecución serian alrededor 88.641 y había 39.179 por iniciar. Esto da un total de 242.788 viviendas, ejecutadas o a ejecutarse, para las dos etapas de ese plan.

En la primera etapa, el Gobierno de Néstor Kirchner había prometido, en un convenio firmado con todas las provincias, construir 120 mil viviendas. Un año después se firmó la puesta en marcha de la segunda etapa, esta vez con mayores expectativas: se preveía construir 300 mil unidades de vivienda.

En conclusión, de las 420 mil viviendas prometidas por el Gobierno, sólo tuvieron algún mínimo grado de avance 242 mil, el 57 por ciento. El 43 por ciento restantes, que hubiese significado la solución habitacional para unas 178 mil familias, quedó estampado en los papeles nada más

El tema que ha provocado el pedido de este informe apunta específicamente a un tópico tan importante como es la selección de los beneficiarios de este plan y la distribución de las casas que quedó a cargo de cada municipio en 2007.

Además a los constantes proyectos publicitados en los programas federal I Y II, los orientados en el 2008 a "reemplazar las villas miserias". Los planes de la fundación Madres de plaza de Mayo, y los prestamos hipotecarios a tasas fijas del 2007, los créditos de la "Casa propia" el "crédito para tu casa".

En el año 2012 el anuncio del plan "procrear" con créditos otorgados con fondos del Anses, el derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho universal. Está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se recoge expresamente en numerosas convenciones internacionales sobre el derecho a la vivienda de mujeres, niños, pueblos indígenas, refugiados y población migratoria; en la Declaración de Vancouver de 1976; en la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000; en la Declaración de Estambul de 1996; en la Declaración de la Cumbre del Milenio; en el actual Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos (ONU-Hábitat)

Nuestra Constitución Nacional en la Primera Parte en su capítulo Primero que versa sobre Declaraciones, Derechos y Garantías en su articulo 14 bis en su tercer párrafo, mas allá de enunciar beneficios de la seguridad social establece las obligaciones del estado con respecto a los que habitan el suelo nacional, la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica Familia y finalmente el Acceso a una Vivienda Digna.

Lo mismo nos hace explícita referencia a lo que está íntimamente relacionado con ella en otro artículo mas el 41del Capitulo Segundo que declara bajo el titulo Nuevos Derechos y garantías "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano....."

Ahora bien ¿qué es acceso a una Vivienda Digna? Para empezar, conviene aclarar que el tratamiento jurídico de la vivienda ha evolucionado hasta el punto de que la normativa internacional la define como uno de los elementos básicos para la existencia humana. Esto implica que la regulación de la vivienda no puede centrarse en la mera edificación (suelo y bien inmueble), sino en aquel conjunto de elementos que, junto al inmueble, permite hacer efectivo el disfrute de una vivienda digna y adecuada (habitabilidad, servicios públicos, entorno, acceso a recursos naturales y comunes, salubridad, etc.). Ese conjunto sería, por lo tanto, el núcleo del derecho a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada", con independencia del título en virtud del cual se disfrute el inmueble (propiedad, arrendamiento, usufructo, cesión, etc.). Por eso mencionamos que el artículo 41 de nuestro Ordenamiento legal, es complementario del 14bis.

La consecuencia de esta consideración es doble: por un lado, la vivienda deja de ser un objeto exclusivo del derecho privado y se convierte en un bien de interés social y utilidad pública; por otro, el derecho "a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" Requiere unas políticas públicas de carácter social y medioambiental que incluyan a todos los sectores de la población, con independencia de sus recursos económicos.

Además del reconocimiento expreso que contempla el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el texto internacional que con más fuerza ha reconocido el derecho a una "vivienda adecuada" es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1966, y de cumplimiento obligatorio para los Estados firmantes. De acuerdo con el artículo 11.1 del Pacto: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento".

Así, en opinión del Comité, "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el resguardo que resulta del mero hecho de tener un techo por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana" exige que el término 'vivienda' se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, el concepto de 'vivienda adecuada'; significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.

Unos años después, en noviembre de 2002, un grupo de expertos de las Naciones Unidas se reunió en Nairobi (Kenia) para discutir sobre indicadores urbanos. Sus conclusiones recomendaban la extensión del concepto de 'vivienda adecuada' a otras cinco dimensiones indispensables: el acceso al agua potable, el acceso a saneamiento, la seguridad de la tenencia, la durabilidad de la unidad habitacional y un espacio suficiente para vivir. El objetivo era considerar el derecho a una 'vivienda adecuada' desde una perspectiva integral de derechos humanos, que permitiera asegurar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales promovidos por las Naciones Unidas.

Por lo tanto la vivienda y el déficit histórico en esta problemática, pone en un estado de indefensión, a la familia y de precariedad humanitaria, para mejorar la calidad de vida, y así procurar un verdadero bienestar general el estado debe contener, preparar y equiparar los medios para hacerlo equitativo, por ello los planes que sobre la temática se desarrollan deben contener no solo el déficit habitacional (la falta de vivienda) sino la hostilidad del ambiente domestico, como el hacinamiento.

Disfuncionalidad de los servicios, precariedad de condiciones higiénicas, hostilidad del ambiente disminución de la calidad ambiental, falta de controles de los factores de contaminación y riesgos ambientales.

Por eso el concepto de justicia social y políticas públicas en la materia debe ser sumamente abarcatibos e implica una mayor democracia social y mejor desarrollo humano.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de éste proyecto.