El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Modificase el artículo 3 de la Ley 26.183 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 3º - Disposición Transitoria: La reducción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuesta por el artículo anterior, operará del siguiente modo:

Desde la entrada en vigencia de la presente ley se reducirá transitoriamente a SIETE (7) el número de jueces que la integran. A partir de dicha reducción, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el voto mayoritario de CUATRO (4) de sus miembros.

A posteriori, en oportunidad de producirse una vacante definitiva se reducirá transitoriamente a SEIS (6) el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicho período las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el voto mayoritario de CUATRO (4) de sus miembros.

Producida una nueva vacante definitiva, se reducirá a CINCO (5) el número de jueces que la componen. Las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

En todos los supuestos enunciados en el presente artículo las mayorías requeridas serán a los fines de la parte dispositiva y de los fundamentos de la sentencia."

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Señor presidente:

Por medio de la presente iniciativa se pretende reformar la ley que establece un nuevo número de miembros para conformar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, la ley 26.183 desarrolla una regulación progresiva de las mayorías necesarias para adoptar decisiones de acuerdo al número que posea la Corte.

Sin embargo nuestra propuesta está enfocada únicamente en agregar un quinto párrafo según el cual se establece que "En todos los supuestos enunciados en el presente artículo las mayorías requeridas serán a los fines de la parte dispositiva y de los fundamentos de la sentencia".

Es preciso destacar que no se modifica el número de votos necesarios sino la modalidad que estos deben adoptar para que se configure mayoría. La ley tal cual está vigente únicamente requiere mayoría en la "decisión", esto es en la parte "dispositiva" de la sentencia. Vale decir que la mayoría debe estar de acuerdo en revocar o confirmar una decisión del superior tribunal de la causa si entiende en la causa por medio de su jurisdicción apelada. O, hacer o no lugar a la demanda si entiende en un conflicto a través de su jurisdicción originaria.

La idea que subyace a la propuesta, esto es, que la mayoría se configure tanto en la parte dispositiva como así también en los fundamentos de hecho y de derecho que sostienen la decisión que luce en la parte dispositiva, se vincula con el rol de la Corte Suprema en nuestro sistema político-constitucional.

En este sentido, es necesario poner de relieve que la Corte no es un tribunal ordinario que resuelve conflictos de derecho común o procesal. Sino que la Corte asume un rol de intérprete constitucional al momento de entender en las causas que le son sometidas a su jurisdicción. Ella es la llamada en el sistema a establecer y dotar de contenido a las cláusulas constitucionales en los casos concretos que debe decidir (facultad que generalmente se derivada de los artículo 31 y 116 de la Constitución Nacional). De ello se deriva que no es su rol primordial resolver conflictos que se canalizan por el Poder Judicial, sino que la tarea más elevada está dada por desempeñar su rol de intérprete constitucional en los litigios que debe resolver. Es decir, desplegar el control de constitucionalidad de las normas invalidándolas o realizando una interpretación de ellas conforme con el texto constitucional.

De allí que además de ser necesario saber qué es lo que decide la Corte Suprema resulta indispensable, en su rol de intérprete, determinar cuáles son los fundamentos que elabora y desarrolla para sostener los decisorios, esto es cómo decide. Se afirma esto dado que esos fundamentos a los que referimos tienen una doble utilidad en el sistema político-constitucional:

Emitir mensajes a los operadores, intérpretes y aplicadores de la constitución sobre cuál es el alcance y sentido de la Constitución Nacional en las cláusulas en las cuales desarrolle una tarea hermenéutica.

Por otro lado es de utilidad conocer con certeza los fundamentos de una sentencia dado que ellos servirán para saber cómo se debe lidiar con un caso posterior que guarde sustancial analogía con el caso que decidió la corte en el pasado. Tanto jueces inferiores, como abogados litigantes y aún la propia Corte son los beneficiados por esta utilidad de conocer con certezas los fundamentos que sostienen las decisiones del Tribunal.

La misma Corte Suprema tiene desarrollada una doctrina según la cual "la sentencia configura un todo indivisible demostrativo de una unidad lógico-jurídica y no es sólo el imperio del tribunal ejercido puntualmente en la parte dispositiva lo que da validez y fija sus alcances".

Además de esta noción integral de una sentencia judicial elaborada por el propio Tribunal, en un reciente pronunciamiento fue donde desarrollo y explicitó una noción que guarda profundas similitudes con el seguimiento obligatorio de sus sentencias. En este sentido la Corte precisó que: "La autoridad institucional de dichos precedentes [casos sobre publicidad oficial y criterios para su asignación], fundada en la condición de este Tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por esta misma Corte como por los tribunales inferiores".

Si bien el desarrollo de esos estándares está dirigido a los jueces de grado, tales principio toman una mayor y profunda relevancia en el rol de la Corte cuando despliega su jurisdicción constitucional. Por cuanto la precondición, para que las sentencias guarden una coherencia entre todas sus partes y su contenido pueda ser respetado y seguido por los operadores jurídicos, es que existan mayorías claras en la parte dispositiva y, también, y con igual nivel de importancia, en la fundamentación de las sentencias del Tribunal.

Y precisamente es en la actual composición del Tribunal donde puede observarse que como práctica suele ser esquiva la posibilidad de reunir mayorías en la fundamentación que dota de sostén jurídico a la sentencia. Es decir que la práctica de esta composición suele discrepar en las razones a partir de las cuales adopta decisiones constitucionales que impactan en todo el sistema. Solo a modo de ejemplo pueden citarse los casos sobre igualdad donde existen discrepancias en la intensidad del estándar de control para analizar casos de igualdad y la noción de categorías sospechosas. Asimismo en los casos sobre libertad de expresión no existe unidad de criterio al momento de analizar la responsabilidad de los medios de comunicación cuando dan tratamiento a noticias de interés público. En el mismo sentido puede citarse un caso reciente sobre la obligatoriedad de los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde a partir de la dispersión de fundamentos en los votos concurrentes no puede precisarse si dichos informes son o no obligatorios El caso Arriola también es otro buen ejemplo donde en un tema de notable trascendencia no es posible encontrar un criterio unívoco del Tribunal, como lo es la constitucionalidad de leyes que penalizan el consumo de estupefacientes para consumo personal. Y, finalmente, para abundar en ejemplos, el caso donde se discutía la constitucionalidad de la Ley de Medios, donde existe diversidad de votos y no hubo unidad de criterio en la fundamentación del decisorio.

De allí que la modalidad de las sentencias de esta composición se pueda observar una profusa cantidad de votos concurrentes, comúnmente denominados "según su voto" en las sentencias de la Corte. Todo lo cual torna necesario imponer el deber de que las mayorías que adopten decisiones, en el seno del Tribunal, tengan unidad en el dispositivo de la sentencia como así también en los fundamentos de la misma. De este modo podrá lograrse una contribución a la práctica constitucional colectiva más consistente y clara para todos los actores que integran dicha práctica.

Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.