La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, se sirva informar sobre el estado de avance en las explicaciones que dicho organismo se encuentra obligado a brindar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "CIDH"), a raíz de la audiencia realizada el día 6 de marzo del corriente año, conforme al siguiente pedido:

1.- Si ya se ha brindado alguna respuesta a la solicitud de información requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia antes mencionada y que tuviera lugar por pedido de la organización civil "Colectivo de la Infancia", con respecto a los tres temas fundamentales debatidos allí:

- la situación de lo/as niños/as y adolescentes privados de libertad en comisarías;

- de lo/as niños/as privado/as de libertad por cuestiones asistenciales y por cuestiones penales;

- el contenido de las políticas públicas que el Gobierno Nacional está implementando con respecto a estos temas.

2.- En caso afirmativo, cuál ha sido el contenido de la respuesta enviada a dicho organismo internacional.

3.- En caso de que la respuesta a la primer pregunta fuera negativa, en qué estado de desarrollo se encuentra la recopilación y análisis de los datos solicitados por la CIDH.

4.- Si, a raíz de la preocupación señalada por los miembros de la CIDH en la reunión antes mencionada sobre la grave situación que atraviesan lo/as niños/as y adolescentes privados de libertad en la Argentina, el Gobierno Nacional se encuentra proyectando algún tipo de acción o plan para erradicar definitivamente las "políticas de internamiento", tal como las denominan dichos funcionarios al emitir sus opiniones finales.

5.- En el mismo sentido que el señalado antes, si existe algún tipo de plan para incorporar a organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema al debate sobre la concreción del fin de las políticas de internamiento en nuestro país

6.- Si se ha proyectado intensificar y mejorar los canales de comunicación con las provincias y los municipios para adquirir certeza sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes y desde allí, poder construir las bases de las políticas públicas necesarias.

Señor presidente:

Gracias al loable trabajo desarrollado por las organizaciones civiles especializadas en la lucha por el respeto de los derechos de lo/as niños/as y adolescentes, y de esta Legislatura al sancionar la ley 26.061 en el año 2005, nadie puede desconocer la gravedad de la situación en la que se encuentran, actualmente, lo/as niños/as y adolescentes privados de la libertad en nuestro país.

Esta situación no sólo reviste una vulneración en los derechos fundamentales de lo/as mismo/as, determinada por el daño físico y psíquico que les implicará crecer y desarrollarse en una institución del tipo carcelaria, sino también una situación de gravedad institucional con ribetes internacionales, en tanto enfrentará al estado argentino ante la seria posibilidad de recibir sanciones de importantes organismos internacionales.

En este sentido, y producto de una presentación realizada por la organización "Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de la República Argentina", el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sr. Florentín Meléndez, advirtió al estado argentino sobre la situación preocupante de aquello/as niños/as y adolescentes privados de libertad por cuestiones no penales. De este modo advertía:

"Nos gustaría recibir información sobre las proyecciones que tienen en el tema que se ha denunciado. Hay casos de aislamiento, incendios con resultado de muerte, privación de libertad en comisarías policiales en la provincia. También es preocupante, no sólo por las cantidades que se han mencionado acá, con 17 mil menores privados de libertad en Argentina por cuestiones relacionadas con aspectos sociales o de pobreza, que denotan una política de internamiento que no está en proporción, definitivamente, a los estándares internacionales. Prima facie debo emitir esta opinión y creo que es importante que el gobierno de Argentina tome medidas sustitutivas al internamiento, políticas públicas de carácter social, y quisiera también solicitar al gobierno de Argentina cuales son las políticas que están pensando implementar para bajar los niveles de internamientos respecto a menores privados de libertad por cuestiones diferentes a los aspectos penales" (1) .

La situación de privación de libertad que padecen los menores en Argentina, ya sea por cuestiones asistenciales o penales bajo el régimen jurídico actual, constituye una flagrante vulneración de los derechos y garantías básicas que debe tener no sólo un ciudadano de un Estado social de derecho, sino, y especialmente, aquellos ciudadanos que se encuentran con sus capacidades en formación y crecimiento. La situación de hecho en Argentina demuestra que, pese a su reconocimiento formal por la Convención sobre los derechos del niño, niña y adolescentes y la ley 26.061, los mismos siguen siendo uno de los grupos más postergados en el reconocimiento formal de un estatus jurídico que los incluya como ciudadanos plenos.

De esta manera, resulta imperioso dar cumplimiento a la información requerida por la CIDH, en lo que se refiere a las medidas preventivas que están siendo tomadas por el gobierno federal y por los gobiernos provinciales a fin erradicar las situaciones de privación de libertad, por cuestiones penales o asistenciales, y en lo que respecta al contenido y diseño de políticas públicas sociales relacionadas con la situación de menores privados de libertad por cuestiones diferentes a las cuestiones penales.

En atención a lo expuesto, solicito a los Sres Diputados que acompañen con su firma el presente pedido de informes.