El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: Queda derogado el Decreto Presidencial del 4 de octubre de 1917 por el cual se instituye el 12 de octubre como "Día de la Raza".

Artículo 2º: En concordancia con uno de los puntos establecidos en el articulo 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, se establece el 12 de Octubre como día de duelo y reflexión por la agresión sistemática de la que fueron victimas los pueblos originarios.

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

Una vez más desde este bloque político se propone a la H. Cámara de Diputados la sanción de una ley que refleje el histórico reclamo efectuado por los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad.

Entendiendo que esta petición fue ampliamente considerada en la iniciativa presentada por la Diputada Elisa Carca (MC) en el año 1996, hago mía su propuesta legislativa.

Podría exponer aquí mis consideraciones y también incorporar al relato aquellas situaciones que, al ser posteriores, no fueron contempladas en su momento. Pero entiendo que no sería correcto ni ético desconocer lo hecho, mucho más cuando lo que se propone es un acto de justicia y reconocimiento. En este mismo sentido quiero recordar que la iniciativa de la Diputada Elisa Carca fue acompañada por los/as Diputados Nacionales (MC) Ramón Cross, Raquel Roberti, Juan Pablo Cafiero, Lilián del Fabro, Héctor Polino, Juan Pablo Baylac, Rodolfo Rodil y la Diputada Nacional Elisa Carrió y destacar que en todo momento hubo legisladoras y legisladores que alzaron su voz y acercaron propuestas para acompañar el reclamo y la acción de aquellas personas comprometidas con esta tarea de reparación histórica.

También considero justo destacar que el hecho de coincidir plenamente con lo propuesto y dicho en el proyecto en cuestión, no implica el desconocimiento de la figura del Presidente Hipólito Irigoyen. En verdad considero que el dictado del decreto presidencial que instituye el 12 de octubre como "Día de la Raza" es uno de los tantos resultados crueles de ese largo proceso de destrucción cultural, proceso que trasciende a las personas y que hoy intentamos revertir.

Concluida esta aclaración, transcribo los fundamentos del mencionado proyecto.

"En primer lugar, queremos dejar en claro que la propuesta de derogación del decreto presidencial firmado el 4 de octubre de 1917 no pretende crear antagonismos ni nuevos enfrentamientos entre las distintas culturas participantes de este largo y violento proceso que culminó con la sociedad que hoy habitamos y el sistema que nos rige. Sin lugar a dudas, los aportes de ambas partes fueron útiles para nuestro desarrollo y para la construcción de este país; pero también sin lugar a dudas el proceso de conquista y colonización del continente americano constituyó uno de los mayores genocidios de la historia universal.

Frente a nuestra propuesta, habrá quienes sostengan que carece de sentido reabrir esta polémica, que pasaron más de 500 años, que hoy la legislación y nuestra Constitución establecen el respeto de las culturas y reconocen la preexistencia étnica de las comunidades aborígenes. También habrá quien sostenga -y es cierto- que, a través del tiempo y en muchísimos casos, las culturas existentes fueron formando parte de un proceso de integración y que basándonos en ello, respetando los derechos inherentes a cada ser humano en particular y a cada pueblo en general, podremos desarrollar una sociedad justa.

Ante esto quisiéramos aclarar que no pretendemos reabrir una polémica -que en realidad nunca fue cerrada- ; que no pretendemos desconocer ese proceso de integración; que creemos firmemente en el desarrollo de esa sociedad justa, pero que también sabemos que es necesario transitar los caminos de reparación histórica, que es imprescindible hacer un reconocimiento de lo que pasó, que no podemos condenar a los pueblos originarios ni a nosotros mismos a conmemorar como Día de la Raza o "encuentro de dos culturas" aquella fecha que dio inicio al mayor genocidio ocurrido en nuestro continente.

La conquista y colonización del continente americano por parte de las grandes potencias europeas se produce entre los siglos XV y XVII. El imperio español, tomando como basamento jurídico la concesión que hace el Papa Alejandro VI a través de las bulas de donación, fue el primero en dar este paso de expansión, siguiéndolo en un período corto de tiempo Portugal y Francia. Posteriormente se sumaron a esa "cruzada" Inglaterra y Holanda.

Este supuesto "descubrimiento" constituyó un verdadero proceso de colonización en el que los imperios participantes no dudaron en violar sistemáticamente los derechos de los pueblos preexistentes en general y de las personas en particular. Los conquistadores desconocieron las culturas, los derechos y hasta llegaron a dudar de la condición de seres humanos de quienes fueron los primeros habitantes de este continente.

El imperio español intentó un "reordenamiento" de las culturas conquistadas y este "reordenamiento" se basó en la violación sistemática de los derechos, en la explotación, la esclavitud y en ala acumulación de metales preciosos y demás bienes del continente americano.

Esta sistemática explotación - cuyos mayores exponentes fueron los sistemas de mita y encomienda- no sólo es condenado en la actualidad, ya entonces provocó serios enfrentamientos entre sus artífices, sean ellos conquistadores o evangelizadores. Bartolomé de Las Casas, permanentemente, condenó la explotación de los indígenas, reivindicó sus derechos, hizo público el accionar de eclesiásticos y de enviados de la corona y bregó por terminar con la esclavitud y el saqueo.

En la primera mitad del siglo XVI, el imperio español, a través del régimen de la mita, desarrolló el atesoramiento de oro y plata. En este contexto, México, el Perú y Nueva Granada fueron tomados y crecieron como centros de producción mientras que Paraná, La Española y cuba fueron organizados como hitos del sistema de transporte trasatlántico. Por su parte, Chile, Buenos Aires, Paraguay, el norte mexicano, La Florida y Venezuela fueron convertidas en un verdadero cerco de guarniciones defensivas destinadas a impedir incursiones de las restantes potencias europeas y "estabilizar" las fronteras indígenas. Se calcula que entre 1503 y 1660 los españoles sustrajeron del continente americano cerca de 180 toneladas de oro.

Pero, como ya dijimos, no fue sólo el imperio español quien participó y desarrolló este sistema colonialista basado en la esclavitud y el saqueo.

Desde finales del siglo XVI, Gran Bretaña comenzó a desplazar virtualmente los Ibéricos de su posición hegemónica en la conquista y colonización. Debido a esto, España y Portugal intentan, por todos los medios, recuperar el terreno perdido. Este proceso culminará con la liberalización de sus reglamentos comerciales en relación con sus colonias (Fines del siglo XVIII). Pero, contrariamente a lo esperado, las reformas borbónicas sólo sirvieron para acelerar aquel proceso que culminaría con el triunfo de los movimientos independientes de principios del siglo XIX.

España y Portugal no lograron enfrentar las tareas de una industrialización autónoma, así, el proceso de reorganización del mundo durante la época industrial -a partir del siglo XVII- estará dirigido por las naciones con un mayor desarrollo de sus fuerzas productivas: Inglaterra, Francia y Holanda.

Este proceso de conquista y colonización continúa hasta nuestro siglo, interviniendo en él las distintas potencias europeas que hacen del continente americano el eje de sus disputas por el dominio económico.

Señor Presidente, podríamos seguir narrando y recorriendo, a través de la letra, el distinto accionar de los colonizadores; podríamos desarrollar y comparar las diferentes posturas y hacer de estos fundamentos una recopilación histórica que desviaría el centro de la discusión y desvirtuaría la propuesta. Lo que hoy nos ocupa es dar un paso más en este camino de reparación histórica iniciado con la recuperación del sistema democrático, en diciembre de 1983. Lo cierto es que nadie desconoce la violación sistemática de derechos que caracterizó el proceso de conquista y colonización del continente americano; nadie desconoce el sometimiento al que fueron condenadas las poblaciones aborígenes; ni que se les negó el derecho de pensar, de obrar, de creer, de ser... Se llegó al punto de desconocer su condición humana, brindándoles peor trato que a los animales ya que el costo de la "adquisición" y "mantenimiento" de los indígenas era menor. Nadie puede negar el genocidio ni que a lo largo de todo este proceso fueron asesinados más de 60.000.000 de aborígenes, que las familias fueron desintegradas, sus tierras usurpadas y su cultura ignorada.

En lo que respecta a la usurpación de tierras, queremos destacar también que, aún hoy y pese a lo establecido por la Constitución, las leyes y los convenios Internacionales, un gran porcentaje de comunidades aborígenes siguen condenadas a mendigar que les entreguen lo que les pertenece y también a migrar según sean las decisiones y los intereses del poder de turno. Obviamente este proceso de marginación, hambre y desconocimiento tiene su arraigo en un sistema educativo caracterizado por planes de instrucción que priorizan los intereses y valores europeos por sobre los netamente americanos y aún por sobre los argentinos. Por ejemplo, los alumnos de las escuelas de esta democracia siguen recibiendo información distorsionada y carente de cualquier tipo de análisis valorativo, histórico o social, en el que importa más la cantidad de "indios malos" que fueron vencidos y muertos que la realidad que caracterizó y caracteriza todo el proceso de conquista y colonización".

La aprobación de este proyecto significaría, al menos, terminar con la afrenta que significa conmemorar festivamente la fecha que marca el inicio del genocidio, el saqueo y el desconocimiento del derecho de los pueblos.