La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º- Confórmase en el ámbito de ésta H. Cámara de Diputados, una Comisión transitoria cuya finalidad es la redacción de un despacho de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

2º- La Comisión funcionará durante un plazo no mayor a un año, contado desde el día de su creación, debiendo emitir dictamen al término del plazo de vigencia de la Comisión.

Señor presidente:

Las características del actual sistema fiscal federal, tal cual el mismo ha estado operando en nuestro país desde hace ya varias décadas, permite extraer un conjunto de deficiencias significativas.

Las relaciones fiscales federales, no se tratan del simple reparto de un fondo común, sino de un acuerdo que genere los incentivos institucionales para influir positivamente en la resolución de:

* La provisión de bienes públicos a cargo de cada nivel de gobierno

* El logro de la equidad inter jurisdiccional, y

* La estabilidad económica

Sin embargo, el actual sistema federal adolece de fallas elementales con relación a estos objetivos básicos:

a) No cumple con los principios de eficiencia económica (específicamente con relación a la asignación de recursos ligada a la provisión de bienes públicos a proveer a la comunidad por los diferentes niveles de gobierno)

b) No resulta equitativo en sentido de la equidad territorial o inter- jurisdiciconal, ni tampoco con respecto a la equidad distributiva interpersonal.

c) Alienta la prociclicidad de las finanzas públicas consolidadas, en lugar de contribuir a la estabilidad macroeconómica.

Los defectos más explícitos de esta se deben a:

1) La ausencia de correspondencia entre las decisiones de gasto y financiamiento de los distintos niveles de gobierno, que distorsiona los incentivos para el desarrollo de un sano comportamiento fiscal, restringe la

autonomía de los gobiernos provinciales y limita, en definitiva, la posibilidad del ejercicio democrático a la ciudadanía.

2) El sistema de transferencias (coparticipación federal de impuestos y otros mecanismos de transferencias), que pretende cubrir las brechas verticales fruto de la desigual, descentralización de gastos y de recursos, con una importante redistribución horizontal del sistema, no responde en la actualidad a ningún criterio racional explícito, y oculta serias inequidades e ineficiencias.

Pese a contener un mayor o menor componente distorsivo, las decisiones de redistribución han sido el fruto de acuerdos políticos de gobernantes de turno, normalmente sustentada en una perspectiva política de muy corto plazo; y no es nuestra voluntad oponerse ni negar la lógica política fundamental del régimen; en cambio, se pretende que el sistema tenga la capacidad de:

- Explicitar estas decisiones

- Hacer transparente sus consecuencias.

- Minimizar las distorsiones provocadas por la redistribución.

- Proteger los derechos de propiedad de fluctuaciones cortoplacistas.

3) El sistema de redistribución actual es sumamente rígido, llegando a un extremo con la forma misma de distribución de los recursos coparticipados, que asigna estos fondos a la Nación y a cada una de las provincias de acuerdo a coeficientes fijos (distribución "primaria" y "secundaria"), independientemente de las obligaciones (necesidades) de gasto y de la capacidad tributaria de cada una de las jurisdicciones. Es decir, el sistema no resuelve y más bien opera de forma inadecuada en las finanzas públicas, cual es el de la provisión de los bienes públicos que competen a cada nivel de gobierno.

La rigidez del sistema, impide:

- Responder adecuadamente a los cambios del entorno, y

- Evolucionar hacia esquemas más eficientes y / o que respondan de mejor forma a las preferencias o necesidades sociales.

Estas características tornan al actual sistema menos eficiente, a medida que la política ideal se aleja de la determinada históricamente, y a su vez menos sostenible, en la medida en que el costo creciente por no adoptar una política adecuada dinámicamente, aumenta el incentivo a "burlar" el esquema básico, como se refleja en los "emparches" que se han ido generando alrededor del tronco central de la coparticipación.

4) El actual esquema genera incorrectos incentivos al gobierno nacional con relación a su estructura de financiamiento, sesgando la estructura tributaria hacia los recursos no coparticipadles e incentivando una cantidad excesiva de deuda pública.

5) Las transferencias de recursos hacia las provincias provienen en la actualidad de un amplio conjunto de sub regímenes superpuestos. La existencia de un gran número de "ventanillas" de transferencias de recursos otorga al sistema una inusitada complejidad, lo cual es el resultado directo de la incapacidad del esquema vigente para fomentar acuerdos sostenibles y a la vez adaptables a nuevas y cambiantes necesidades,

Esta falencia genera, al mismo tiempo, costos adicionales a la complejidad, cuyos efectos son aun más graves. Por una parte, la existencia de transferencias a través de programas de asignación específica de impuestos nacionales, motiva que el nivel de gasto en estos programas se encuentre vinculado a la recaudación del impuesto por el cual se definen estas transferencias, en lugar de estarlo con las necesidades específicas de cada provincia. Pero además, la posibilidad de alterar la asignación de recursos a través de la ampliación de este tipo de transferencias, al margen de los acuerdos de coparticipación (FONAVI, Fondo del Tabaco, etc.), torna más inestables los acuerdos iniciales y elimina instrumentos de compromiso del gobierno nacional, dando lugar a problemas de oportunismo e inconsistencia ínter temporal y, en consecuencia, malos incentivos para los gobiernos subnacionales. El diagnóstico es similar para los programas de gasto nacional con

especificidad territorial, de lo cual es un ejemplo extremo "la promoción industrial".

Cabe expresar además que el presente proyecto responde también a una Resolución emanada del cuerpo deliberativo del Departamento de General Alvear, Provincia de Mendoza, en el cual coincide en la necesidad imperiosa de dictar una norma federal que reestablezca los principios federalismo fiscal y por ende garantizar de modo mas efectivo el crecimiento sostenido y equitativo de todas las regiones del país.

Manifestamos esto para graficar que a ningún territorio de la Nación Argentina le es ajeno las asimetrías que produce el actual régimen coparticipativo, con el condimento negativo adicionado de producir una mayor concentración del poder en desmedro de la necesaria institucionalidad que requiere la república.

Entendemos, por las razones antes expuestas la necesidad de crear un nueva Ley de Coparticipación Federal, bajo un régimen de equidad tributaria, estableciendo un sistema de igualdad entre las provincias ricas y las provincias pobres, por lo que solicito que este honorable cuerpo acompañe este proyecto.