La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a este Honorable Congreso Nacional, si ha adoptado alguna medida concreta a fin de prevenir en el territorio nacional las acciones de represión o ataques injustificados a la sociedad civil por parte de las fuerzas de seguridad, cuyo accionar pudiere hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad frente a los ámbitos de justicia regionales e internacionales, y en particular si ha proveído, a través de alguna de sus dependencias, atención psicológica y jurídica adecuada a las familias de víctimas de la represión policial como la de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Luciano Arruga, Rubén Carballo, Jonathan Lezcano, Ezequiel Blanco, Maximiliano Sosa, Claudio Ariel Paz, Mabel Guerra, Juan Carlos Quiroz, Ramiro Castro, y miles de otras víctimas torturadas en comisarías y centros penitenciarios de todo el país.

Señor presidente:

El reciente episodio de inusitada violencia ocurrido en la Ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), donde las fuerzas de seguridad han asesinado a tres jóvenes de los sectores más desfavorecidos a través de una metodología de terror que imponen esas fuerzas en los barrios más vulnerables, nos exige interpelar a los funcionarios acerca de las medidas que se están implementando desde los ámbitos nacionales para prevenir, desalentar y erradicar definitivamente esas prácticas.

El Estado Argentino ya ha sido denunciado en reiteradas oportunidades en los ámbitos de Justicia Internacionales por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de su aparato represivo, en especial las fuerzas policiales nacionales y provinciales.

Desafortunadamente estos graves hechos continúan ocurriendo diariamente, provocando la muerte y desaparición de nuestros jóvenes, sin suscitar ningún tipo de reacción oficial. El joven Arruga, desaparecido en Democracia; el joven Rubén Carballo, asesinado por la policía Federal en las inmediaciones de un recital de rock; Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, desaparecidos luego del hostigamiento de los policías de la comisaría del barrio desde hacía varios meses, aparecieron enterrados como NN; Maximiliano Sosa, de 18 años, asesinado en La Matanza por un suboficial de la PFA; Claudio Ariel Paz, de 30 años a quien efectivos de la comisaría 36ª de la C.A.B.A. le dispararon y provocaron la muerte en agosto de 2009; la adolescente Mabel Guerra, de 17 años, asesinada en la villa 31 de la C.A.B.A. por un agente de la Prefectura Naval Argentina; Juan Carlos Quiroz, de 15 años de edad asesinado por los policías bonaerenses Jorge Alberto Conde y Daniel Alberto Fernández, de la comisaría 2ª de Pergamino que lo interceptaron y le dispararon un tiro en el cuello provocándole la muerte el 20 de octubre de 2009; Ramiro Castro, 16 años de edad, de la localidad de Moreno, y miembro de la Juventud del Movimiento Octubres, asesinado por Ángel Clemente Rojas -subteniente que presta servicios en la DDI de Mercedes según Legajo Policial 136 481-, que primero lo atacó con un machete cortándole dedos de la mano y cuando Castro empezó a correr junto a sus amigos, el subteniente extrajo su pistola reglamentaria, les disparó a los tres y ocasionó la muerte inmediata de Ramiro y graves heridas a sus dos amigos el 2 de octubre de 2009; y miles de otras víctimas anónimas torturadas en comisarías y centros penitenciarios de todo el país, exigen una política oficial activa.

La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso ha recibido la visita de familiares de víctimas de represión y gatillo fácil, que exigen una intervención más activa del Congreso frente a estos casos, que no cuentan con la misma repercusión mediática que otros hechos de violencia sufridos por los sectores más acomodados de la sociedad. Tal vez, por el escaso acceso de estos sectores al aparato judicial y político.

Desde otra óptica la represión contra vecinos de San Isidro que se oponen al desmantelamiento de su rivera; la persecución policial y judicial contra asambleístas que se oponen al flagelo de la minería a cielo abierto en las provincias del Norte y Centro del país, son una muestra de la incapacidad del aparato represivo estatal de ajustarse a las normas que consagran los derechos humanos más fundamentales, desconociendo que ella se encuentra plenamente legitimada para reclamar de las autoridades una honesta preocupación por los recursos naturales que le garantizan su subsistencia.

Por todo lo expuesto, y porque consideramos esencial que el camino de la seguridad ciudadana, no lleve implícita la represión y violencia indiscriminada de los jóvenes y de los pobres, solicito a los compañeros/as diputados/as me acompañen con la presente iniciativa.