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PROYECTO DE TP
Expediente 4856-D-2010
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO POR LOS HECHOS SUCEDIDOS EN EL BARRIO PORTEÑO DE LINIERS E OCASION DEL DESALOJO DE PUESTOS CALLEJEROS POR PARTE DE LA POLICIA METROPOLITANA.
Fecha: 05/07/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 89
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su
preocupación y repudio por los lamentables hechos sucedidos en el barrio porteño
de Liniers, en los cuales alrededor de veinte puestos callejeros fueron
salvajemente desalojados en horas de la madrugada por efectivos de la Policía
Metropolitana y por personal civil no identificado del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es la primera vez que el gobierno
porteño nos sorprende con hechos que rozan lo ilegal. Representando un nuevo
capítulo de su política antipopular y cortoplacista, la administración que dirige al
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ha visto sumergida en un suceso que ha
palpado de manera clara y preocupante el límite de lo injustificado. En este caso
en particular, mediante el uso de la fuerza, se ha apartado del espacio público
urbano a quienes trabajan en condiciones precarias. Además las particularidades,
en esta ocasión, las hayamos en el hecho de que se ha tratado, ni más ni menos,
que del bautismo de fuego de la tan promocionada Policía Metropolitana y como
telón de fondo se han entrecruzado oscuras internas políticas y posibles
negociados espurios.
En altas horas de la madrugada del
martes 29 de junio pasado, dotaciones de Emergencias del gobierno porteño,
contando con el descomunal apoyo de palas mecánicas, topadoras, y varias
decenas de efectivos de la flamante fuerza policial metropolitana, se han hecho
presente en las últimas dos cuadras de la Avenida Rivadavia antes de llegar al
límite con provincia, con el propósito de demoler y desalojar una veintena de
locales que estaban ubicados frente a la estación de trenes de Liniers, en línea
paralela a las vías del TBA ex Sarmiento, desde la calle José León Suárez y
Rivadavia al 11.600 hasta el cruce con la avenida General Paz.
Ante esta situación, la pronta y
desesperada reacción de los puesteros no se hizo esperar, ya que rápidamente
cortaron Rivadavia, realizando una quema de neumáticos e intentaron, en vano,
resistir el poder destructivo de las topadoras, las cuales trabajaban sin descanso,
cumpliendo con el objetivo de arrasar todo lo que encontraban a su paso. Según
las mismas fuentes oficiales, la respuesta de los puesteros justificó, entonces, la
intervención policial, que ha involucrado a decenas de agentes uniformados, pero
también (vale destacar para un gobierno que se jacta de actuar legalmente) a
personal civil sin identificación. El saldo del estreno represivo de la fuerza policial
porteña, ha dejado cuatro heridos y siete detenidos.
La desesperación de los puesteros,
que veían sus herramientas de trabajo hechas trizas, ha quedado plasmada en sus
desahuciados relatos. Por ejemplo el de un hombre que a la agencia TELAM ha
remarcado: "(...) La policía cayó en la madrugada; yo lo vi por televisión y me vine
y ya no había nada (...) No pueden privarnos de nuestro derecho a trabajar. La
lencería estaba habilitada y ahora no tenemos nada, nos llevaron toda nuestra
documentación y nuestra mercadería (...)".
La impotencia también se ha visto
reflejada en el caso de una mujer, la cual ha contado a un diario nacional que:
"(...) Es todo mentira (...) Tenemos todos los papeles y la habilitación. Pagábamos
el alquiler con lo que se pagaba la concesión a TBA. Vinieron a intimarnos por
Ingresos Brutos y nos pusimos al día. Vinieron a intimarnos por el techo y le
sacamos seguro. No tenían orden del juez y arrasaron con todo como en la
dictadura (...)".
También una mujer, que atendía una
galletitería, llorando ante las cámaras, ha resumido, trágicamente, que: "(...) Está
todo destruido, con gente golpeada y detenida, sin la mercadería y ahora sin
trabajo (...)".
Si bien a las pocas horas de sucedidos
estos hechos, voceros de los puesteros desalojados han alegado, que cada
comerciante mantenía un contrato de alquiler con la empresa concesionaria del
ferrocarril, titular de los terrenos en los que se erigían los locales, el jefe de
gobierno porteño, Mauricio Macri, ha justificado el accionar de su gobierno, al
destacar que los locales desalojados "no tenían ninguna habilitación",
argumentando que el sorpresivo operativo se ha basado en "la aplicación de la
ley". Además ha agregado: "(...) El Gobierno de la Ciudad va a seguir trabajando
para recuperar el espacio público, porque el respeto a la ley es lo más solidario
que puede haber en una sociedad (...)".
Por su parte, al ser consultado sobre
el brutal desalojo, el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, ha asegurado que los locales afectados "no tienen la más mínima garantía
de seguridad".
Rodríguez Larreta ha añadido,
también, que "se pudo cumplir con el objetivo y responder al pedido de los vecinos
del barrio, que advertían que el lugar se había vuelto intransitable durante el día y
que se había convertido en una feria persa".
Según la visión del ministro de
Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, no se necesitaba orden judicial,
ya que se trataba de "construcciones ilegales y había un decreto, el 343, que
habilitaba al desalojo".
Pues bien, si partimos de la premisa
que han expuesto los funcionarios porteños, la cual ha señalado que "los locales
fueron construidos ilegalmente hace cinco años por algún estafador con el objeto
de obtener ganancias alquilándolos", nos preguntamos señor presidente, por qué
se decidió, entonces, actuar cinco años después de instalados los puestos.
Esta concepción del
espacio público de la cual goza la administración macrista, la que concibe que los
vendedores callejeros son un riesgo para la seguridad ciudadana, ha significado
que el gobierno porteño, además de intervenir en este operativo con personal no
identificado, tal como hemos expresado más arriba, además ha violado cabalmente
el espíritu de múltiples resoluciones adoptadas desde hace años por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Puntualmente, la Observación General
Número 7 de dicho Comité, la que hace directa alusión a los desalojos forzosos, ha
señalado, entre otras cosas que:
1- La práctica de los desalojos
forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos;
2- Numerosos casos de desalojos
forzosos tienen lugar en nombre del desarrollo y se efectúan en relación con
conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e
infraestructura;
3- Es el propio Estado
el que deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se
aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos. Este
planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa el derecho a no ser
desalojado forzosamente sin una protección adecuada;
4- Las autoridades competentes
deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una
legislación compatible con el Pacto y que las personas afectadas dispongan de
todos los recursos jurídicos apropiados;
5- Representando probablemente el
punto más importante teniendo en cuenta lo sucedido en el barrio porteño de
Liniers, el Comité ha subrayado que entre las garantías procesales que se deberían
aplicar en el caso de eventuales desalojos forzosos figuran:
a) Se debe consultar e informar a las
personas afectadas antes de desalojarlas;
b) Debe existir un plazo suficiente y
razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha
prevista para el desalojo;
c) Se debe facilitar a todos los
interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y,
en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas;
d) Debe existir presencia de
funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente
cuando éste afecte a grupos de personas;
e) Debe haber una identificación
exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;
f) No se deben efectuar desalojos
cuando haga muy mal tiempo o cuando sea de noche, salvo que las personas
afectadas den su consentimiento;
g) Se deben ofrecer recursos
jurídicos;
h) Se debe ofrecer asistencia jurídica
siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los
tribunales.
Visto todo lo anterior, señor
presidente, entendemos que detrás de este operativo de desalojo forzoso, el cual
se ha visto teñido de un misterioso choque de intereses privados, también se han
observado claramente materializadas gran cantidad de irregularidades, que
violaron directamente los Derechos Humanos de los trabajadores de los puestos
desalojados y de sus familias. Dejarlos en la calle sin trabajo, no es la manera de
organizar el tan promocionado espacio público.
Ante un gobierno local que se
preocupa más por "limpiar" el espacio público de "intrusos", a cualquier precio,
entendemos que se deberían poner todas esas energías y recursos al servicio del
fortalecimiento de escuelas y hospitales de nuestra querida ciudad, y a fomentar la
creación de puestos de trabajo dignos en la capital federal. Evidentemente, esto
último no se encuentra en las prioridades políticas de la administración porteña.
Por eso el cruel desalojo a los puesteros del barrio de Liniers significa una
lamentable muestra de ello que merece nuestra atención urgente.
Por todo lo expuesto anteriormente,
solicitamos a los compañeros/as diputados/as, que acompañen con su voto el
presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
| MERCHAN, PAULA CECILIA | CORDOBA | LIBRES DEL SUR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |