La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que disponga, en forma urgente, la concurrencia a esta Honorable Cámara del Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Doctor Carlos Tomada, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de brindar explicaciones respecto de la intervención de la cartera a su cargo en el desarrollo del conflicto desatado a raíz del despido de 160 trabajadores dispuesto por la empresa Kraft Foods S.A. -ex Terrabusi- y las medidas a adoptar para arribar a una pronta solución.-

Señor presidente:

Motiva el presente pedido de informes verbales la suma gravedad que ha adquirido el conflicto entre los trabajadores y la empresa Kraft Foods S.A. -ex Terrabusi-, y la necesidad, en nuestro carácter de Diputados de la Nación, de obtener información directa y precisa acerca del desarrollo de las negociaciones entre los trabajadores y la patronal, así como respecto al rol que ha asumido el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el asunto.

Varios diputados de diversos sectores políticos hemos exteriorizado nuestra preocupación en numerosas oportunidades, haciéndonos presentes en la fábrica ubicada en el conurbano bonaerense (Panamericana y Henry Ford, Gral. Pacheco), recibiendo a los trabajadores en las salas y despachos de esta Honorable Cámara y plasmando dichas inquietudes en varios proyectos aquí presentados.

Cabe mencionar como antecedentes del presente pedido de interpelación, los siguientes proyectos:

- Expediente N° 4000-D-2009. Proyecto de resolución, que cuenta con la firma de los diputados: Horacio ALCUAZ, Virginia LINARES, Fernanda REYES, Elisa CARCA, Victoria DONDA PEREZ, Claudio LOZANO, Fernanda GIL LOZANO.

- Expediente N° 4319-D-2009. Proyecto de resolución, de autoría del diputado Héctor RECALDE.

- Expediente N° 4695-D-2009. Proyecto de declaración de autoría del diputado Roy CORTINA.

Demás está decir, a partir de los hechos de público conocimiento de los últimos días, que el conflicto, que data de más de cuarenta días, se ha agravado considerablemente, desde el 18 de agosto último, cuando la empresa dio a conocer los despidos de 160 empleados.

A raíz de esa decisión, los trabajadores y familiares protagonizaron numerosas jornadas de protesta solicitando la reincorporación de los obreros despedidos por la empresa por el sólo hecho de exigir que ésta cumpliera con las medidas de seguridad dispuestas por el Estado para prevenir la Gripe A (H1N1). Entre los despedidos hay delegados de la Comisión interna, representantes de sector y congresales del sindicato de la alimentación.

Desde aquel primer momento los trabajadores y sus familias recibieron nuestro apoyo y solidaridad así como el de numerosas organizaciones sociales, estudiantiles y organismos de defensa de los derechos humanos.

En aquella oportunidad solicitamos la inmediata reincorporación de los obreros despedidos y la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación (ver expediente N° 4000-D- 2009, precedentemente citado), que finalmente decretó la conciliación obligatoria el día 18 de agosto.

La actuación empresaria se vio agravada por su falta de acatamiento pleno a la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que, al disponer la conciliación obligatoria, intimó -el día 24 de agosto- a reincorporar a los trabajadores en sus puestos de trabajo habituales.

A partir de allí se sucedieron innumerables incumplimientos por parte de la empresa, que continuó disponiendo despidos y suspensiones que se extendieron hasta el día de hoy, manteniendo asimismo el lock-out patronal.

Paralelamente Kraft ha pretendido transformar un conflicto gremial en un conflicto penal, acusando a los trabajadores ante la justicia criminal -una decena de los trabajadores tienen causas penales en su contra, todas radicadas en la Fiscalía de El Talar-. En efecto, a raíz de las múltiples denuncias penales efectuadas por la empresa, el día 3 de septiembre ingresa a la planta la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de General Pacheco y la Justicia Penal Juvenil de San Isidro procediendo, en un caso extremo de violación del derecho de defensa de los trabajadores, a tomar declaración a los trabajadores en la oficina de personal, frente a los guardias de seguridad de la empresa y los gerentes, y sin la presencia de sus abogados defensores, en lo que constituye una clara maniobra de intimidación.

Como antecedente al violento desalojo del 25 de Septiembre, en la madrugada del día 7 de ese mes la planta estuvo cercada por un gigantesco operativo de la Policía Bonaerense que, mediante un despliegue de 200 efectivos, impidió el ingreso de los obreros despedidos.

El 21 de septiembre la empresa fue intimada por el Ministerio de Trabajo de la Nación a abonar en el término de 24 horas los haberes mal liquidados en la última quincena a todos los trabajadores y a reunirse con los trabajadores para buscar una solución al conflicto, pero nuevamente se negó a cumplir con las condiciones impuestas.

El día 25 de septiembre, estando la fábrica "tomada" por los trabajadores en defensa de su fuente de trabajo, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires con inusitada violencia. Ese día quienes ocupaban la fábrica y algunos de los que se manifestaban en el exterior de la misma, fueron demorados y se labraron actas.

Durante esa jornada, mientras funcionarios de los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires anunciaban la finalización del conflicto, en Pacheco se reprimía violentamente a los trabajadores para "garantizar" el desalojo de la planta, mediante una orden judicial. La represión dejó como saldo cuatro personas heridas y más de sesenta demoradas.

En nuestro criterio -y en el de la mayoría de quienes, antecediéndonos como legisladores, se ocuparon de sancionar leyes laborales y consagrar en la Constitución Nacional los Derechos del Trabajador- el Estado debe proteger a los trabajadores que luchan por su dignidad e impedir que el conflicto concluya, como ha sucedido en esta y otras tantas oportunidades, con hechos de represión o criminalización de sus legítimos reclamos.

El operativo, ordenado por el Juez de Garantías de San Isidro -Dr. Ricardo Costa-, contó con la participación de cerca de trescientos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires - incluyendo integrantes de la infantería y la montada- que dispersaron con disparos de balas de goma, golpes y gases lacrimógenos a los más de quinientos manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la fábrica.

Debemos agregar que, como parte de este operativo represivo de proporciones inéditas en los últimos años, los trabajadores fueron retenidos en el interior del edificio por varias horas antes de permitirles contactarse con sus abogados, familiares, y legisladores presentes.

A raíz de las numerosas críticas que recibiera el gobierno por ordenar semejante represión -de una magnitud que no se veía desde junio de 2002-, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró, en lo que constituye una abierta contradicción con lo que había sucedido en Pacheco, que el gobierno no resolvería los problemas sociales con "sangre, heridos o muertes".

Posteriormente a estos vergonzosos hechos la empresa propuso reincorporar a 30 de los empleados despedidos, propuesta que fuera rechazada abiertamente por los trabajadores por considerarla una burla por parte de la patronal no sólo a los trabajadores, sino también al propio Estado Nacional y su máxima autoridad en cuestiones laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Frente a todo lo anteriormente descripto debemos decir que la masividad de los despidos realizados por la empresa apunta indudablemente a castigar y amedrentar a los trabajadores que ejercen una participación activa en defensa de sus derechos. No podemos permitir que este tipo de prácticas antisindicales que intentan atomizar las luchas gremiales y la organización de los trabajadores tengan lugar en un Estado democrático.

Los 3.000 trabajadores de Kraft vienen luchando desde hace años en defensa de sus puestos de trabajo, por la efectivización de los contratados y de agencias, por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Esa actitud solidaria para quienes sufrían la precarización de su trabajo, ha dado lugar a una serie de represalias contra los trabajadores, no sólo desde la multinacional, sino también a través de la judicialización y criminalización de su lucha por la dignidad.

La conducción del conflicto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación genera -entre otras cuestiones, por su tardía reacción- muchas inquietudes, así como incertidumbre ante eventuales conflictos laborales futuros.

En el convencimiento, que suponemos debe ser compartido por el Sr. Ministro de Trabajo Tomada, de que no podemos dejar a 160 trabajadores librados a su suerte, requerimos su presencia en esta Honorable Cámara, a los efectos de brindar explicaciones respecto de la intervención de la cartera a su cargo en el desarrollo del conflicto, así como las medidas que el Ministerio piensa adoptar con el objeto de lograr una pronta y efectiva reincorporación de los obreros.

Por todo lo expuesto, y ante la gravedad de los hechos descriptos y en defensa de las fuentes laborales atacadas, de los trabajadores, de sus derechos, de sus familias y de la normativa laboral vigente, es que solicitamos a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen con su voto el presente Proyecto de Resolución.-