La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, se restablezca la publicación de la información oficial y pública recabada por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales - SIEMPRO- ya que no se encuentra a disposición en el correspondiente sitio Oficial de Internet desde año 2007.

Señor presidente:

El Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales, es un programa dedicado a diseñar e implementar sistemas, destinados a producir información que permita diagnosticar la situación socioeconómica de la población y efectuar análisis útiles para la formulación de políticas; captar información sobre los programas sociales en marcha; monitorear el grado de avance en el cumplimiento de las metas propuestas en dichos programas y evaluar el grado de correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a través de la ejecución de los mismos. Dichos sistemas son aplicados en los niveles nacional, provincial, municipal y local.

Entre sus objetivos se cuentan: establecer un sistema de información, evaluación y monitoreo de los programas sociales nacionales; desarrollar e implementar el Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM); fortalecer a las áreas sociales nacionales y provinciales en el desarrollo e instalación de sistemas de monitoreo y en la realización de evaluaciones; producir nueva información a través de la Encuesta de Desarrollo Social, Condiciones de Vida y Acceso a Programas y Servicios Sociales; asegurar la disponibilidad de la información necesaria sobre la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social y la ejecución de los programas sociales dirigidos a atenderla; capacitar a funcionarios y técnicos de las áreas nacionales y provinciales en política y gerencia social; diseminar y transferir metodologías y sistemas de información a las agencias nacionales y provinciales y fomentar la vinculación entre el sector académico y el Estado en la investigación y desarrollo de políticas y programas sociales.

El SIEMPRO hasta el año 2007 ha publicado los informes vinculados con los estudios que realiza. A partir de ese año hasta la fecha, la página web oficial del organismo no ha publicado ningún estudio o investigación que haya realizado, en función de sus objetivos constitutivos. La Constitución Nacional en su artículo 75, Inciso 22, reconoce numerosos tratados internacionales que reconocen el derecho de acceso a la información pública para todos los ciudadanos, el derecho a informarse libremente, como la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El concepto de libertad de expresión, que no es más ni menos que la exteriorización de otro derecho fundamental, la libertad de pensamiento, ya había estado establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 150 años después fue ampliado por la Declaración de las Naciones Unidas con el concepto de libertad de información. Se trata de un derecho fundamental que alcanza no sólo a los periodistas o empresarios de la información, sino a toda persona, independientemente de su condición. Si a las personas se les niega el acceso a la información, se les veda expresar sus pensamientos o se las priva de su derecho a emitir y conocer opiniones, la manifestación de la ideas de los ciudadanos no es libre y se está cometiendo una flagrante violación de los derechos consagrados en nuestra constitución (1) .

La ciudadanía argentina reclama un estado con mejor calidad institucional. Uno de los aspectos más importantes que hacen a la mejora de la calidad institucional está relacionado con la publicación oficial de la información pública respecto del diseño y evaluación de las políticas sociales que se aplican y particularmente más aún, cuando el acceso a esa información implica el conocimiento del nivel, la distribución y la eficiencia del gasto público en la aplicación de esas políticas sociales que necesitamos los argentinos, y por lo tanto también, nos permite generar una evaluación del impacto social que tienen las mismas en relación con la inversión pública generada, para mejorar situaciones de vulnerabilidad social extendidas y profundizadas en nuestro país. Esta información debe estar disponible no sólo para el conocimiento de funcionarios y científicos calificados en el tema, sino para la población toda.

Este bloque ha presentado en otras oportunidades iniciativas que abordan esta especial problemática. En ese sentido puede consultarse el Expte. 0920-D-2007 de autoría del Diputado Hermes Binner. Sin embargo, debido a que no ha mejorado la situación para el acceso público a la información mencionada, queremos insistir en nuestra solicitud.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su aprobación.