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CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE SABERES Y COMPETENCIAS LABORALES

Artículo 1º.- Créase en el ámbito y la jurisdicción del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales como organismo responsable de llevar adelante y coordinar las políticas de certificación y acreditación de saberes y competencias adquiridas por los trabajadores en circuitos formales o no formales de sus trayectorias laborales y educativas.

Articulo 2º .- Son sus objetivos:

a. Certificar las competencias y los saberes laborales de los trabajadores que lo soliciten, independientemente de la forma como fueron adquiridos.

b. Acordar el diseño de indicadores y el desarrollo de procedimientos válidos y confiables para la evaluación.

c. Asesorar al CFE sobre los itinerarios formativos para quienes no alcancen la certificación para ser aplicados en los niveles y modalidades que correspondan de las jurisdicciones provinciales.

d. Recolectar información de la población a acreditar, para evaluarla en función de los referenciales previamente realizados y acordados con el sistema productivo y laboral, y con los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

e. Aportar insumos para el diseño de la oferta de formación técnico profesional del sistema educativo nacional.

f. Construir los referenciales de cada oficio u ocupación tomando como base el estudio de los procesos de trabajo; el marco económico, productivo y de relaciones laborales en la que se inscribe la tarea; el análisis exhaustivo de la actividad; los contenidos implícitos en la misma así como las certificaciones y contenidos que el sistema educativo otorga en sus diversos niveles y modalidades.

g. Definir situaciones específicas que permitan la certificación de los saberes y competencias en y para la acción de trabajo, en las diferentes ramas de la producción para todos los trabajadores que así lo soliciten.

h. Generar condiciones que faciliten la inscripción de postulantes que aspiren a certificar sus saberes y competencias, tomando como base a las distintas organizaciones educativas, en sus distintos niveles y modalidades.

i. Analizar la oferta de educación formal y no formal existente con el objeto de su articulación con las actividades específicas del Instituto.

j. Contribuir con el producto de los estudios y referenciales de oficios y ocupaciones desarrollados por el Instituto, a la definición de los contenidos de la oferta de formación técnico profesional.

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales estará dirigido por un Directorio que será presidido por el Ministro de Educación e integrado por dos representantes del CFE, el Director del INET, un representante del Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un representante del Consejo de Universidades, uno de las organizaciones empresariales, uno de las organizaciones gremiales y uno de los movimientos sociales y comunitarios.

Artículo 4º.- El Ministro de Educación designará a un funcionario a cargo de la Coordinación Ejecutiva, pudiendo contar con un equipo técnico y administrativo para el cumplimiento de las funciones específicas.

Artículo 5º: El Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales dictará su propio Reglamento Interno de Funcionamiento, un Reglamento de Acreditación de Saberes Laborales, un Reglamento para la Acreditación de Competencias Laborales y una Guía de Circuitos para obtener el certificado de Experto.

Artículo 6º: En cada caso, el Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales determinará la forma y el contenido de la evaluación, de acuerdo a lo establecido en los respectivos reglamentos de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos de Acreditación.

Artículo 7º.- Las Certificaciones emitidas por la Agencia constituirán un documento de acreditación fehaciente de los saberes y competencias adquiridos por las personas en situación de trabajo, cuya referencia serán las certificaciones existentes en el sistema educativo nacional, en sus diversos niveles y modalidades.

Artículo 8º: El Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales constituirá Comisiones de Acreditación Regionales, formadas por representantes locales de los mismos sectores que integran el Directorio.

Artículo 9º: Facultase al Ministerio de Educación a dictar las normas complementarias que fueren menester a fin de constituir el Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales y las Comisiones de Acreditación Regionales e implementar las medidas necesarias para cumplir los objetivos que informan la presente Ley.

Artículo 10º. La Ley de Presupuesto Anual fijará una partida especial destinada a la creación y funcionamiento del Instituto Nacional de Acreditación de Saberes.

Artículo 11º: De forma.

Señor presidente:

En las últimas décadas, como producto de la concentración económica, los cambios en el modelo de organización laboral y las transformaciones tecnológicas, se han dislocado las relaciones entre la producción, la transmisión de saberes y el desarrollo social y económico. Frente a este panorama, es necesario avanzar hacia la reconstrucción de la cultura del trabajo, una cultura que si bien ha sido duramente golpeada, es en gran medida responsable del crecimiento económico que nuestro país está transitando. Es la cultura que posibilita que un trabajador rural, por ejemplo, ponga a funcionar un tractor o un trabajador industrial un motor; así como las múltiples actividades que los trabajadores del sector turístico o informático desarrollan cada día, convirtiendo a estas dos industrias en principales fuentes de ingreso de divisas nacionales. El tractorista o el obrero fabril realizan su tarea poniendo en práctica saberes adquiridos por su cuenta, de manera informal, cuyo reconocimiento valorizaría su capital cultural personal y el de la sociedad.

Tradicionalmente la escuela pública ha sido la institución alfabetizadora por excelencia (estructurada sobre la base de las trayectorias cognitivas) pero siempre ha estado inmersa en otros entornos en los que circulaban saberes socialmente productivos vinculados con las praxis laborales, organizativas, recreativas, etcétera, en las que se ponían en juego relaciones económicas, sociales, regionales y locales. Aun con tensiones, estos saberes potenciaron cooperativamente la acción alfabetizadora de la escuela, pero no alcanzaron el reconocimiento que acreditaban. El academicismo y formalismo del sistema escolar tradicional fue funcional a la reproducción de desigualdades sociales, descalificando los saberes adquiridos sin su intervención. Desafortunadamente, la sociedad argentina ha ido perdiendo estos saberes expresados en proyectos de vida, laborales y sociales, lo cual empobrece su cultura y profundiza el hiato social. Es imperativo, por lo tanto, volver a articular los distintos espacios alfabetizadores, fuente de saberes socialmente productivos mediante puentes entre los adquiridos en la vida social y laboral y la educación formal.

Una experiencia reciente, como la implementada en la provincia de Buenos Aires, constituye un antecedente relevante. Con el objetivo de obtener el reconocimiento y valorización de aquellos saberes, a la vez que establecer los dispositivos de acreditación pertinentes, en 2004 el Gobierno provincial creó en esa jurisdicción el primer organismo específico para la investigación y la valorización, en términos educativos, de los saberes que se construyen en la experiencia de trabajo de manera de poder certificarlos y acreditarlos (Decreto provincial 1525/03). (1)

La presente propuesta de creación de una institución nacional resulta innovadora por cuanto concibe la experiencia de trabajo de las personas, a lo largo de sus biografías, como espacio de aprendizaje legítimo y legitimado, mediante acciones conjuntas y convenios con sindicatos, empresas e instituciones de educación de nivel superior. No se trata sólo de certificar oficios, sino que reconoce otro tipo de formaciones, ya que la acelerada urbanización, la digitalización de los procesos de gestión en las instituciones públicas y privadas, el surgimiento de nuevos oficios y profesiones, o bien la transformación de los tradicionales, son algunos de los factores que contribuyen a que las personas adquieran saberes del trabajo fuera del sistema escolar. En consecuencia, los vínculos que pueden instaurarse entre los diversos tipos de saberes deben fundarse en metodologías que permitan el diálogo entre ambos. Al mismo tiempo, se trata de fortalecer el papel del sistema educativo en la distribución y legitimación de los saberes, en tanto resulta la organización con mayor capacidad de cobertura territorial, al mismo tiempo que es la que acumula la mayor experiencia en cuanto a sistematización y transmisión, y evaluación de saberes.

De esta manera, el reconocimiento y acreditación por parte del sistema educativo del trabajo productivo como creador de saberes válidos, constituye un acto de justicia hacia todas las personas que trabajan (independientemente del carácter formal o informal en que se ejerza dicho trabajo), y al mismo tiempo contribuye al enriquecimiento de la cultura y de los propios saberes escolares.

Nuestro país se encuentra en un momento de expansión y en los próximos años, posiblemente, asistiremos a nuevas y profundas transformaciones, producto, entre otras cuestiones, de la reintegración de empresas de servicios públicos al tejido productivo así como la tecnificación de diversas actividades, que requerirán de nuevos perfiles laborales y profesionales como también de muchos oficios que se han ido perdiendo con la retracción de algunas actividades productivas. La vinculación entre el mundo laboral y la educación no puede ni debe limitarse al objetivo de la empleabilidad, sino a formar sujetos libres y capaces de construir sus propias trayectorias laborales y nuevas realidades, en un mundo en constante cambio. Hoy tenemos la posibilidad de formar jóvenes que puedan ingresar tanto a la universidad como al mundo del trabajo, en el marco de la nueva legislación educativa. Esto es posible en la medida en que continúe creciendo el empleo, aunque desde ya éste no constituye una variable independiente de la cultura política. Es necesario que en cada hogar argentino haya al menos un adulto con un trabajo reconocido y un salario digno. La defensa de los trabajadores y del empleo digno es una parte de la cultura política a la cual debe contribuir una cultura educativa que extienda la valorización de la cultura del trabajo y de la integridad de la educación del trabajador. Se trata de un desafío nuevo y en el que hay mucho que aprender. Las experiencias realizadas hasta el momento en otros países, y la que hemos mencionado en el nuestro, permiten asegurar que es posible, y que se trata de un camino en el que se enriquecerán los trabajadores, sus organizaciones colectivas, las organizaciones productivas y el sistema educativo.