El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 14º de la ley Nº 23.349 y sus modificaciones, texto ordenado por el Decreto Nº 280/97, por el siguiente:

"ARTICULO 14º. - Sin perjuicio de la aplicación de las normas referidas al crédito fiscal, previstas en los artículos 12 y 13, cuando el pago del precio respectivo no se efectivice dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la fecha prevista en el último párrafo del primero de los artículos citados, su computo sólo será procedente en el período fiscal en que se instrumente la obligación de pago respectiva mediante la suscripción de cheques de pago diferido, pagaré, facturas conformadas, letras de cambio o contratos de mutuo o, en su defecto, a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de la mencionada fecha.

El Congreso de la Nación por ley con iniciativa exclusiva en la Cámara de Diputados podrá dejarse sin efecto la limitación precedente cuando razones de índole económica así lo aconsejen."

Artículo 2.- Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 28º de la ley Nº 23.349 y sus modificaciones, texto ordenado por el Decreto Nº 280/97, por el siguiente.

"El aumento o la disminución de las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores deberán ser establecidas por ley con iniciativa exclusiva en la Cámara de Diputados."

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Este proyecto de ley toma como base el presentado durante mi anterior mandato como diputado nacional, tramitado por el Expte. 6165-D-2010.

Los fundamentos que sostienen la presentación de este proyecto de ley se basa en que la reforma constitucional de 1994 estableció, en el artículo 76, como principio general, la prohibición de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Dicho principio general admite excepciones, y estas se encuentran señalada en la misma norma, habilitando su utilización (i) en determinadas materias de administración y emergencia pública, (ii) con un plazo determinado y (iii) de acuerdo a las bases de delegación fijadas por el Congreso de la Nación. En efecto, en el art. 76 la Constitución incorporó en forma explícita los decretos delegados, al establecer la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública.

Asimismo, en el artículo 99 inc.3 estableció que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la constitución, las promulga y las hace publicar. Sin embargo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo, y sólo puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto por la Constitución y no se trate de materia Penal, Tributaria, Electoral o el régimen de partidos políticos.

El constituyente de 1994 creó un nuevo régimen de delegación legislativa. Pero, asimismo, definió el estatus normativo respecto de las delegaciones legislativas y la legislación delegada dictadas con anterioridad a la reforma constitucional. Respecto de la legislación anterior a la reforma, la cláusula transitoria octava (correspondiente al artículo 76), prescribió: "La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley".

La Comisión Bicameral especial creada por la ley 26.519 para analizar la totalidad de la legislación delegante preexistente a la Reforma Constitucional, emitió en el 2010 un informe con el detalle de aquellas normas, que frente a la caducidad de la legislación delegada, es preciso que el Congreso recupere esta facultad.

Como la Ley 23.349 (t.o. Dto. 280/97) del Impuesto al Valor Agregado se encuentra incluida en el informe antes mencionado por contener una delegación legislativa que no se corresponde con lo prescripto en el art. 76 de nuestra Carta Magna, es imperioso legislar sobre esta materia, y representa una asignatura pendiente del Congreso.

En este caso, se trata de una materia prohibida para la legislación por parte del Poder Ejecutivo en el art. 99 inciso 3º. Dice Badeni que "la delegación de facultades legislativas y los decretos de necesidad y urgencia son las dos caras de una misma moneda....Si el Congreso no puede convalidar tales actos (los decretos de necesidad y urgencia) tampoco puede autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante la delegación, proceda a regular aquellas materias" (Badeni, Gregorio, "Limites a la delegación legislativa", LL 23-8-01).

En este caso, se observa delegación en los artículos 14 y 28 de la norma.

El artículo 14 señala:

"ARTICULO 14 - Sin perjuicio de la aplicación de las normas referidas al crédito fiscal, previstas en los artículos 12 y 13, cuando el pago del precio respectivo no se efectivice dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la fecha prevista en El último párrafo del primero de los artículos citados, su computo solo será procedente en el período fiscal en que se instrumente la obligación de pago respectiva mediante la suscripción de cheques de pago diferido, pagaré, facturas conformadas, letras de cambio o contratos de mutuo o, en su defecto, a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de la mencionada fecha. Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a dejar sin efecto la limitación precedente cuando razones de índole económica así lo aconsejen."

El tercer párrafo del artículo 28 señala:

"Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en un veinticinco por ciento (25%) las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores".

Así, el último párrafo del artículo 14 y el tercero del artículo 28 contienen una delegación del Poder Ejecutivo que no se corresponde con los parámetros fijados por el art. 76 de la Constitución Nacional. En virtud de ello, el presente proyecto indica que es el Congreso quien podrá dejar sin efecto la limitación indicada.

En atención a todas las argumentaciones expuestas, solicito a los Sres. Diputados acompañen la aprobación del presente proyecto de Ley.