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PROYECTO DE TP
Expediente 4802-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA EMPRESA ESTATAL YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES (YPF).
Fecha: 18/06/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 73
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo
que informe, a través de los organismos que juzgue pertinentes, los
siguientes puntos relacionados al desarrollo de la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F):
1 -
Condiciones y detalles de los acuerdos petrolíferos firmados con la
empresa norteamericana Chevron Corporation para la exploración de
Shale Oil y Shale Gas en la región de Vaca Muerta, en la provincia de
Neuquén. Impacto económico y eventuales beneficios de dicho
acuerdo.
2 - Adecuación de los
planes de extracción mediante la técnica de fractura hidráulica a las
disposiciones medioambientales de la República Argentina.
3 - Realización de estudios
de impacto ambiental y económico de las técnicas de extracción
aprobadas en Vaca Muerta con diversas compañías petroleras.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente
pedido de informes es conocer los términos del preacuerdo que se
aprestan a rubricar, en la segunda semana de julio, YPF y la empresa
Chevron, a fin de establecer condiciones de explotación en los
yacimientos que se desarrollen en la formación Vaca Muerta, de los
cuales la información es escasa o nula.
Esto sería aceptable en el
caso de que se tratase de una empresa privada; sin embargo,
estamos ante una empresa bajo control estatal, aunque siga
denominándose como una Sociedad Anónima Abierta. Dicha
complejidad provoca serios problemas a la hora de tener un panorama
preciso de la situación.
Es pertinente, antes que
nada, hacer unas aclaraciones sobre YPF. Desde su expropiación, a
través de la ley 26.741, el Estado argentino controla el 51 % de las
acciones y es, por lo tanto, quien toma las decisiones sobre el destino
de la compañía. Sin embargo, esto no significa que tenga el control
total del petróleo que existe en el país.
Es decir, según los datos
aportados por la propia petrolera, esta participa sólo en un 35 % del
mercado del gas y el petróleo. Es más, si a eso le incorporamos la
participación que tiene el Estado dentro de la compañía (51 %) vemos
cómo, en realidad, la Argentina sólo es poseedora del 18 % del
mercado. Por esa razón es erróneo hablar de soberanía energética
integral, cuando sólo se controla un quinto del petróleo y el gas que
existe en el país.
Además, YPF funciona
como una sociedad anónima, controlada por personas designadas por
el Poder Ejecutivo, pero lejos del control parlamentario y por ende
ciudadano. En texto de la ley 26.741 el Artículo 15 lo declara de
manera explícita:
"ARTICULO
15. - Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y
Repsol YPF GAS S.A., continuarán operando como sociedades
anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la
Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables legislación
o normativa administrativa alguna que reglamente la administración,
gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado
nacional o los Estados provinciales tengan participación".
Con ello se pretende
eximirla de todo control, ya sea de la Auditoria General de la Nación o
de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación. Al
respecto, existen iniciativas para modificar dicho artículo como la
presentada por el diputado Pablo Tonelli (Expediente 1389-D-2013),
pero que no han tenido tratamiento.
Pero no debe olvidarse que
el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que "corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio".
Mucho se ha discutido
acerca de la diferencia entre "dominio" y "jurisdicción". Gran parte de
las veces con el objetivo de allanarle el camino al Gobierno nacional
para establecer leyes que regulen el ejercicio y explotación de ese
dominio. Pero lo cierto es que se hace de manera completamente
arbitraria, sosteniéndose en una interpretacieon unívoca de los
múltiples y a veces contradictorios matices que presenta la legislación
actual, a la que la mayoría de los analistas considera insuficiente e
inadecuada al paradigma constitucional surgido en 1994.
Por otro lado, es oportuno
señalar que algunas constituciones provinciales contienen articulado
sobre recursos naturales y sus gobiernos pueden legislar, con toda
autoridad, sobre los aspectos no contemplados por las leyes
nacionales. De allí que también, en nuestra condición de
representantes del pueblo de las provincias argentinas, solicitamos
que se den a conocimiento público los alcances y consecuencias de
este proyecto.
En segundo lugar, es
necesario aclarar la situación energética de la Argentina. Más allá de
de las estimaciones privadas, que ubican que para este año la
importación de energía alcanzará los 15 mil millones de dólares,
resulta esclarecedor los datos aportados por Instituto Nacional de
Estadística y Censos Indec a través del informe del Intercambio
Comercial Argentino (ICA):
Sólo en el último año la
importación aumentó un 43 % mientras que en ese mismo lapso la
exportación se redujo un 37 %. Esto implica un déficit comercial de
alrededor de 1.500 millones de dólares. En tanto, si se toma el
acumulado desde 2003 hasta la fecha vemos cómo mientras la
importación aumentó en el orden del % 1600 la exportación sólo subió
un 20 %.
Por otra parte, yendo a un
análisis más pormenorizado -y según datos publicados en los
Balances Energéticos anuales de la Secretaría de Energía de la
Nación que publica cada año- el aumento de la importación de las
energías Primarias (petróleo y gas) se ubica en un 10 % por sobre la
producción nacional durante 2011. Esto significa un aumento respecto
de 2009 y 2010, cuando la importación de este tipo de enrgía significó
un promedio del 7 %. Y si se compara con el año 2003, la importación
para esa época significaba apenas el 1,3 %. El último dato aportado
surge justamente del año 2011, cuando los indicadores del balance
comenzaron a ser claramente desfavorables.
En sí, estos datos sólo
expresan un cuadro de situación y no hacen referencia,
explícitamente, a YPF. Pero sirven para enmarcar la situación
energética del país y las necesidades urgentes del sector que, de
acuerdo a la propaganda oficial, iban a resolverse con la expropiación
del 51 % de las acciones de YPF y las posteriores decisiones que
resultaran de ella.
Sin embargo, los
indicadores oficiales de la Secretaría de Energía expresan una
realidad muy distinta a las promesas. Durante el primer
trimestre de 2013, al
cumplirse un año de la expropiación de YPF, queda claro que la
extracción de petróleo disminuyó un 5, 6%, y la producción de gas un
7,6 %.
Como ocurre
generalmente, nos encontramos ante la falta de información confiable
y actualizada por parte de los organismos oficiales. Es por esa razón
que reclamamos que se informe, con el mayor detalle posible, sobre
las líneas de acción que ha emprendido YPF, a fin de determinar si
contribuyen o no a mejorar el sistema energético del país.
YPF es patrimonio del
Estado. Por tanto, su situación no sólo concierne a un Gobierno sino,
también, a la ciudadanía, que tiene pleno derecho a estar
debidamente informada. Pero, a pesar de ello, la empresa petrolera se
maneja con el hermetismo propio de una empresa ajena al interés
nacional.
No son pocas las dudas,
generadas en la opinión pública, tras conocerse la escasa respuesta
de los inversores a las propuestas de la conducción de YPF. Se teme,
por ello, que los últimos emprendimientos, en especial las
conversaciones con la multinacional de origen norteamericano
Chevron, sean fruto de una urgencia política más que de una
aplicación estratégica.
Aún más cuando circulan
rumores, muy poco auspiciosos, sobre la extensión de las concesiones
que la empresa cuasi estatal otorgará sobre dos áreas clave -Loma
Campana y Loma de la Lata Norte- que figuran entre las más ricas de
la formación Vaca Muerta.
Tales rumores cobraron
cuerpo, especialmente, cuando se conoció la renuncia al directorio de
YPF del notable economista Eduardo Basualdo, identificado
políticamente con el oficialismo.
No es para menos: Vaca
Muerta constituye una cuestión de vital importancia para el destino
nacional. Basta con recordar que, de acuerdo al Departamento de
Energía de los Estados Unidos, el potencial que concentra convierte a
la Argentina en la tercera reserva mundial de petróleo, después de
China y los Estados Unidos; ya que posee capacidad para multiplicar
más de 73 veces las reservas actuales.
Utilizando una comparación
usual de la prensa especializada en mercados energéticos: medido en
barriles de petróleo, Vaca Muerta generaría la mitad de las reservas
de hidrocarburos que posee actualmente Arabia Saudita.
A fin de tener una idea
acabada de lo que esto significa en las proyecciones de la Argentina
para el corto plazo, basta poner en consideración el actual déficit de
combustibles, que supuso una erogación de 9.300 millones de dólares
en el 2011 y algo más de 10
mil millones de dólares el
año pasado. También, entre enero y mayo de este año, se
desembolsaron más de 5.500 millones de dólares por importaciones
de combustibles. La sola continuidad de la tendencia señala una cifra
mayor a la del año pasado, con una estimación cercana a los 13 mil
millones de dólares.
¿Cómo es posible,
entonces, que una riqueza natural de tamaño valor estratégico se
negocie sin control ni seguimiento por parte del pueblo argentino, su
auténtico propietario, ni del Congreso Nacional que lo representa?
Más necesario es aún
dicho control, cuando el aprovechamiento de este recurso exige la
implementación de una tecnología de alto riesgo ecológico, como es la
fractura hidráulica -o "fracking", en lengua inglesa-, cuyo costo para la
producción agrícola y el patrimonio ambiental puede ser demasiado
alto, si no se toman los recaudos necesarios.
Como se
sabe, la implementación de dicha tecnología para extraer shale,
implica una perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5000
metros en vertical y después se perfora varios kilómetros en horizontal
(2 a 5). Entonces se inyecta agua con arena (98%) y una serie de
aditivos químicos (2%), cuya procedencia muchas veces se
desconoce, a gran presión. Esto hace que la roca se fracture y el gas
se libera y asciende a la superficie a través del pozo. El proceso se
repite a lo largo de la veta de roca rica en gas. Parte de la mezcla
inyectada vuelve a la superficie (entre un 15 y un 85 %). (1)
Es necesario resaltar,
además, que no sólo existe el problema de la contraindicación de la
napas y el uso de enormes cantidades de agua (se estima que de 10
a 20 millones de litros por pozo). Un estudio de la revisa Geology llegó
a relacionar la inyección de agua que produce la técnica de extracción
con un terremoto de 5,4 grados en el estado de Oklahoma, Estados
Unidos (2) .
Sin embargo, en su
desesperación por lograr financiamiento externo, YPF propone como
su única estrategia la llegada de esta técnica que ha sido prohibida en
países como Francia, Bulgaria, Irlanda del Norte y algunos estados de
Estados Unidos, hasta tanto no se conozca de manera fehaciente los
riesgos que esto implica. La propia Chevron lo puso en duda cuando
hace unos días, su CEO, John Watson, aseguró que las
preocupaciones ambientales por la utilización de dicha técnica "son
legítimas" (3) y que se debe trabajar con la sociedad para lograr puntos
en común.
En este sentido, no es
ocioso recordar la demanda iniciada por la República de Ecuador
contra la Texaco -controlada por Chevron-, a causa del daño ecológico
producido sobre el hábitat de 30 mil personas entre 1965 y 1990. Si
bien es cierto que Chevron obtuvo la empresa demandada hacia 2001
y que los daños denunciados llegan hasta 1992, la adquisición supuso
responsabilidades legales que la trasnacional nunca honró
debidamente.
Así lo entendió, en su
momento, la Justicia argentina. Como se recordará, el juez de primera
instancia, Adrián Elcuj Miranda, receptó la demanda de los
ecuatorianos y dispuso un embargo sobre las acciones, dividendos y
el 40 por ciento de los futuros depósitos bancarios de Chevron, lo cual
inmovilizó la actividad de la petrolera en la Argentina. Sin embargo,
poco después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin
efecto la medida.
Tampoco, como define
YPF, las prácticas en el propio país de origen de la empresa, los
Estados Unidos, están libres de complicaciones. La agencia de control
del ambiente de Estados Unidos, la United States Environmental
Protection Agency, viene elaborando estudios para conocer el impacto
del fracking. Se estima que para el 2014 tendrán un informe final (4) .
Sin embargo, estudios preliminares demostraron en el estado de
Nueva York la presencia de metano en niveles 17 veces superiores a
lo recomendable. También ha detectado casos similares en el estado
de Wyoming. Es decir, se están llevando a cabo investigaciones para
conocer el impacto y así aplicar las regulaciones pertinentes.
Respecto del ámbito
nacional, la Ley General del Ambiente, la 26.876, define
explícitamente en sus artículos 11, 12 y 13 las obligaciones que
tienen el Estado y las empresas a la hora de realizar actividades que
pueden llegar a impactar negativamente en el medio ambiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de
la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma
significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, previo a su ejecución,
ARTICULO 12. - Las personas físicas o jurídicas darán inicio
al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la
que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las
autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio
de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley
particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la
que se
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán
contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la
obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre
el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos
negativos.
Nada de esto parece
haberse incluido en las conversaciones con Chevron. Sólo se habló de
números y expectativas de extracción. Aquí no abogamos por la
prohibición de esta técnica sino por una regulación de la misma, con
informes detallados al respecto para que puedan ser evaluados.
Más pertinente se vuelve el
estudio aún cuando la provincia de Neuquén, donde se prevé
desarrollar el proyecto, sufre una serie de sequías desde hace años.
En diciembre del año pasado el Gobernador declaró la emergencia
provincial por encontrarse un 70 % del territorio provincial azotado por
la sequía con la consecuente repercusión negativa en la ganadería y
demás aéreas productivas. Además, Vaca Muerta se encuentra sobre
el acuífero Zapala y los ríos norpatagonicos como el Limay o el
Neuquén.
Sin
embargo, a la hora de hablar sobre el medio ambiente YPF hace una
promesa que no tiene ningún fundamento jurídico. "Ratificamos que
nuestra compañía va a utilizar las buenas prácticas para evitar
cualquier tipo de contaminación, cuidando responsablemente el
recurso del agua y extremando todas las medidas de prevención. En
las operaciones que va a realizar la compañía, lo ambiental va a estar
por encima de los resultados económicos y, por lo tanto, la seguridad
de las operaciones estará garantizada", expresa la compañía.
Así explica YPF las
consecuencias de la tecnología y su impacto en el agua:
"La
tecnología aplicada para la producción de shale posee niveles de
excelencia, por lo que otorga a la operación la seguridad para evitar
cualquier riesgo de carácter mediomabiental. Debido a la tecnología
aplicada, en la operación de estimulación hidraúlica la intensidad
sísmica es 100.000 veces menor que las detectadas por el ser
humano, es decir, son imperceptibles.
Las
vibraciones que se producen en los alrededores de un estadío, a modo
de ejemplo, son mayores a las que produce la operación de no
convencionales. Además, la producción impacta menos en la
superficie que otras formas de producción de energía, como la solar y
la eólica. La razón reside en que se perforan varios pozos horizontales
desde un único pozo vertical y que esa operación, compleja desde el
punto de
vista del desarrollo industrial, se produce a más de 2.000 metros de
profundidad.
Esta
actividad emplea un 99,5 por ciento de agua, que es reutilizada, arena
y, apenas, un 0,5 por ciento de aditivos. Estos aditivos son
biodegradables y se utilizan en productos de uso doméstico y en
aplicaciones comerciales: cloruro de sodio (utilizado en sal de mesa),
sales del borato (en cosméticos), carbonato de potasio/ sodio (en
detergentes), goma guar (en los helados), alcohol isopropílico
(utilizado en los desodorantes). Además, los aditivos son controlados
de forma permanente.
El agua
utilizada para el desarrollo de recursos no convencionales es captada
de cursos de agua de la superficie y representa un porcentaje ínfimo
del caudal. Un ejemplo, es el desarrollo de recursos no
convencionales en la cuenca neuquina, alrededor del 1% del caudal
de los ríos Limay y Neuquén. Lo que significa aproximadamente 1%
de lo que consume la ciudad de Neuquén en un año.
La
disposición del agua es manejada de diversas maneras durante todo
el proceso. Esto incluye la reutilización, el tratamiento en instalaciones
propias y el almacenamiento en tanques o piletas. Las regulaciones
para el uso, tratamiento y reutilización de aguas son severas, se
aplican controles minuciosos por parte de las autoridades
medioambientales de aplicación a nivel provincial y nacional.
Adicionalmente a esto, hay que insistir que en nuestro país no
hay posibilidad de que el agua utilizada se mezcle con los acuíferos.
Como se mencionó anteriormente, las perforaciones se realizan a más
de 2.000 metros de profundidad, 1.700 metros por debajo de las
napas, ubicadas por lo general a 300 metros de la superficie, por lo
tanto no hay comunicación física entre las formaciones de shale y los
acuíferos".
En definitiva, habla de la
fractura hidráulica cómo una herramienta inocua. Minimiza todos sus
efectos. Por más que los acuíferos se encuentren en distintos niveles
que las perforaciones, ¿qué garantiza que no existan filtraciones en
ese recorrido tal como ocurre en varios países?
No hay garantías de ningún
tipo. Así lo entienden muchas poblaciones cercanas a Vaca Muerta,
donde ha comenzado a gestarse un creciente movimiento de
resistencia. Incluso, ya existen 5 poblaciones donde los Concejos
Deliberantes han manifestado vía ordenanzas que no permitirán la
tecnología de la fractura hidráulica.
El Gobierno ha dicho que la
expropiación parcial de YPF era la recuperación de la soberanía
nacional, apuntando contra las corporaciones trasnacionales como
Repsol. Pero determinados datos que se han venido dando en los
Estados Unidos nos llevan a
preguntarnos si no estamos
ante un plan de mayor envergadura a fin de imponer condiciones y
obtener beneficios, en el cual Argentina es sólo un actor circunstancial
y secundario. No es un dato menor la revolución que se ha venido
dando en el mundo a partir de la exploración a gran escala de
yacimientos no convencionales.
En el año 2009 las
expectativas de Estados Unidos eran mantener en franco crecimiento
la importación de gas natural y petróleo. Sin embargo, desde el año
2012, Estados Unidos tuvo el mayor incremento en la producción de
barriles de petróleo en su historia. Esto hizo que cambiaran las
perspectivas y que a partir de 2025 se estime que deje de importar gas
y petróleo. Es decir, lograría la independencia energética en sólo unos
años. Algo que hace 4 años era prácticamente imposible. ¿El motivo?
El comienzo de la utilización masiva del fracking. Esto se evidencia en
el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso en el año
2012 que brindó Barack Obama quién hizo referencia explícitas a la
necesidad de promover la extracción por fractura hidráulica.
La respuesta de las
corporaciones no se hizo esperar. Esas mismas que el gobierno dice
combatir. Resulta altamente ilustrativo en este sentido el documento
"La Frontera No convencional: Propuestas Para El Desarrollo Del
Petróleo Crudo No Convencional Y Del Gas De Esquisto
Sudamericanos" elaborado por la American Business Conferences
(Abc), una especie de organización de lobby entre empresas de primer
nivel; las empresas petroleras -Asociación Petroquímica y Química
Latinoamericana (apla)-; y los ingenieros -Sociedad de Ingenieros de
Petróleo (spe, por sus siglas en inglés).
"En los últimos años,
hemos sido testigos de cómo la aplicación de la perforación horizontal
y las tecnologías de fractura hidráulica han transformado el panorama
energético norteamericano. La revolución del gas de esquisto y
petróleo crudo no convencional ha permitido la capitalización en masa
de nuevas y lucrativas oportunidades no convencionales por parte de
empresas energéticas norteamericanas. Por lo tanto, la pregunta es
¿Pueden capitalizarse los recursos sudamericanos en la misma
medida?", se expresa en la presentación del documento en el que se
nombra a la Argentina como uno de los objetivos.
En síntesis, se trata de una
estrategia agresiva de las empresas que buscan replicar el éxito de lo
ocurrido en los Estados Unidos y lograr acuerdos que sean
beneficiosos tanto para las empresas latinoamericanas como las
norteamericanas. Por el contrario, YPF, cuya responsabilidad está a
cargo del Estado, y donde cualquier acuerdo suscripto tiene que ser
refrendado ante toda la sociedad, no puede acordar condiciones que
releguen el desarrollo a largo plazo a un segundo plano.
Esta situación, sumada a la
apremiante necesidad de YPF por lograr algo de inyección de
inversiones puede llevar a que se firmen acuerdos de los cuales
tengan un impacto positivo en el corto plazo pero sean sumamente
desfavorables para el desarrollo energético del país. Se trata de una
coincidencia de necesidades complementarias que pueden ser
trágicas para el país e YPF. Eso explica también el hecho de que
Chevron se involucre en un proyecto que aún tiene sobre sus espaldas
una expropiación no resuelta, con un litigio judicial entre la española
Repsol e YPF.
De esta manera se llega a
la situación de dependencia que evidenciavamos más arriba. Existen
pocas empresas en el mundo con capacidad tecnológica para
extracción de hidrocarburos no convencionales a gran escala, debido
a sus elevados costos. Chevron es una de ellas.
Actualmente YPF cuenta
con 14 equipos activos para la extracción de hidrocarburos no
convencionales en Vaca Muerta y la expectativa, según Galuccio, es
aumentar dicha presencia a 100 para fin de este año. Sin embargo,
esa expectativa no se acerca a los miles que se necesitan para
superar la soberanía energética. Además, se le está entregando un
área de producción a una empresa que no gastó un centavo en
exploración pero que posee las herramientas necesarias para la
conversión y extracción de la materia prima.
Sería más razonable
invertir en pozos propios a través de créditos internacionales donde el
Estado sea el aval y luego invertir en maquinaria propia que dejar que
empresas extranjeras se instalen y absorban de manera directa los
recursos nacionales.
La Argentina no se
encuentra necesariamente en una situación holgada en cuanto a
disponibilidad de recursos para entregar lo poco que tiene. Se podría
establecer algunos cánones fijos de participación en la producción final
pero no la entrega íntegra del recurso.
De esta manera, es
imposible que la Argentina se acerque siquiera a la soberanía
energética. ¿Cómo puede ocurrir tal situación si gran parte del
petróleo que extraiga, en este Caso Chevron, puede ser sacado del
país por los oleoductos que la empresa posee y vendido a cualquier
parte del mundo donde le sea más rentable?
Existe la posibilidad de que
estemos ante el caso de una empresa estatal que, en vez de
apropiarse de los recursos que le son propios, los entrega para
satisfacer demandas políticas y económicas cortoplacistas que nada
tienen que ver la agobiante realidad energética de la argentina.
Tales consideraciones nos
permiten sospechar que las intenciones de rubricar un acuerdo con
Chevron por las explotaciones de la formación Vaca Muerta apunten a
recuperar la soberanía energética. Por el contrario, es posible que
ayuden a mantener el sistema de expoliación de recursos naturales.
En vez de realizar un plan estratégico de inversión en maquinaria, se
está entregando la extracción del pozo a capitales extranjeros que una
vez cumplido su cometido se irán dejando los pozos secos y las arcas
vacías. Es imposible hablar de soberanía energética cuando el capital
extranjero es quien tiene la llave para la extracción.
Ya ha ocurrido a lo largo de
la historia Argentina. La mala administración de los recursos, a través
de una fallida gestión Estatal, y su concesión por parte de empresas
extranjeras han hecho estragos, imposibilitando el desarrollo de las
capacidades de producción nacional. El afán y la desesperación por
participar de las nuevas tendencias mundiales, teniendo como único
objetivo los réditos a corto plazo, demuestran siempre resultados
contraproducentes para nuestro país. La falta de planificación y la
regencia por dictados políticos antes que por dictados desarrollistas
es la causa de la actual situación de desmantelamiento industrial y
energético en la Argentina. No queremos que eso siga ocurriendo. Por
eso necesitamos respuestas por parte de quienes tienen la obligación
de brindarlas.
Por las razones expuestas
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| THOMAS, ENRIQUE LUIS | MENDOZA | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |