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PROYECTO DE TP


Expediente 4802-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA EMPRESA ESTATAL YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES (YPF).
Fecha: 18/06/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 73
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar al Poder Ejecutivo que informe, a través de los organismos que juzgue pertinentes, los siguientes puntos relacionados al desarrollo de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F):
1 - Condiciones y detalles de los acuerdos petrolíferos firmados con la empresa norteamericana Chevron Corporation para la exploración de Shale Oil y Shale Gas en la región de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Impacto económico y eventuales beneficios de dicho acuerdo.
2 - Adecuación de los planes de extracción mediante la técnica de fractura hidráulica a las disposiciones medioambientales de la República Argentina.
3 - Realización de estudios de impacto ambiental y económico de las técnicas de extracción aprobadas en Vaca Muerta con diversas compañías petroleras.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El objeto del presente pedido de informes es conocer los términos del preacuerdo que se aprestan a rubricar, en la segunda semana de julio, YPF y la empresa Chevron, a fin de establecer condiciones de explotación en los yacimientos que se desarrollen en la formación Vaca Muerta, de los cuales la información es escasa o nula.
Esto sería aceptable en el caso de que se tratase de una empresa privada; sin embargo, estamos ante una empresa bajo control estatal, aunque siga denominándose como una Sociedad Anónima Abierta. Dicha complejidad provoca serios problemas a la hora de tener un panorama preciso de la situación.
Es pertinente, antes que nada, hacer unas aclaraciones sobre YPF. Desde su expropiación, a través de la ley 26.741, el Estado argentino controla el 51 % de las acciones y es, por lo tanto, quien toma las decisiones sobre el destino de la compañía. Sin embargo, esto no significa que tenga el control total del petróleo que existe en el país.
Es decir, según los datos aportados por la propia petrolera, esta participa sólo en un 35 % del mercado del gas y el petróleo. Es más, si a eso le incorporamos la participación que tiene el Estado dentro de la compañía (51 %) vemos cómo, en realidad, la Argentina sólo es poseedora del 18 % del mercado. Por esa razón es erróneo hablar de soberanía energética integral, cuando sólo se controla un quinto del petróleo y el gas que existe en el país.
Además, YPF funciona como una sociedad anónima, controlada por personas designadas por el Poder Ejecutivo, pero lejos del control parlamentario y por ende ciudadano. En texto de la ley 26.741 el Artículo 15 lo declara de manera explícita:
"ARTICULO 15. - Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A., continuarán operando como sociedades anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".
Con ello se pretende eximirla de todo control, ya sea de la Auditoria General de la Nación o de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación. Al respecto, existen iniciativas para modificar dicho artículo como la presentada por el diputado Pablo Tonelli (Expediente 1389-D-2013), pero que no han tenido tratamiento.
Pero no debe olvidarse que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
Mucho se ha discutido acerca de la diferencia entre "dominio" y "jurisdicción". Gran parte de las veces con el objetivo de allanarle el camino al Gobierno nacional para establecer leyes que regulen el ejercicio y explotación de ese dominio. Pero lo cierto es que se hace de manera completamente arbitraria, sosteniéndose en una interpretacieon unívoca de los múltiples y a veces contradictorios matices que presenta la legislación actual, a la que la mayoría de los analistas considera insuficiente e inadecuada al paradigma constitucional surgido en 1994.
Por otro lado, es oportuno señalar que algunas constituciones provinciales contienen articulado sobre recursos naturales y sus gobiernos pueden legislar, con toda autoridad, sobre los aspectos no contemplados por las leyes nacionales. De allí que también, en nuestra condición de representantes del pueblo de las provincias argentinas, solicitamos que se den a conocimiento público los alcances y consecuencias de este proyecto.
En segundo lugar, es necesario aclarar la situación energética de la Argentina. Más allá de de las estimaciones privadas, que ubican que para este año la importación de energía alcanzará los 15 mil millones de dólares, resulta esclarecedor los datos aportados por Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec a través del informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA):
Tabla descriptiva Tabla descriptiva
Sólo en el último año la importación aumentó un 43 % mientras que en ese mismo lapso la exportación se redujo un 37 %. Esto implica un déficit comercial de alrededor de 1.500 millones de dólares. En tanto, si se toma el acumulado desde 2003 hasta la fecha vemos cómo mientras la importación aumentó en el orden del % 1600 la exportación sólo subió un 20 %.
Por otra parte, yendo a un análisis más pormenorizado -y según datos publicados en los Balances Energéticos anuales de la Secretaría de Energía de la Nación que publica cada año- el aumento de la importación de las energías Primarias (petróleo y gas) se ubica en un 10 % por sobre la producción nacional durante 2011. Esto significa un aumento respecto de 2009 y 2010, cuando la importación de este tipo de enrgía significó un promedio del 7 %. Y si se compara con el año 2003, la importación para esa época significaba apenas el 1,3 %. El último dato aportado surge justamente del año 2011, cuando los indicadores del balance comenzaron a ser claramente desfavorables.
En sí, estos datos sólo expresan un cuadro de situación y no hacen referencia, explícitamente, a YPF. Pero sirven para enmarcar la situación energética del país y las necesidades urgentes del sector que, de acuerdo a la propaganda oficial, iban a resolverse con la expropiación del 51 % de las acciones de YPF y las posteriores decisiones que resultaran de ella.
Sin embargo, los indicadores oficiales de la Secretaría de Energía expresan una realidad muy distinta a las promesas. Durante el primer
trimestre de 2013, al cumplirse un año de la expropiación de YPF, queda claro que la extracción de petróleo disminuyó un 5, 6%, y la producción de gas un 7,6 %.
Como ocurre generalmente, nos encontramos ante la falta de información confiable y actualizada por parte de los organismos oficiales. Es por esa razón que reclamamos que se informe, con el mayor detalle posible, sobre las líneas de acción que ha emprendido YPF, a fin de determinar si contribuyen o no a mejorar el sistema energético del país.
YPF es patrimonio del Estado. Por tanto, su situación no sólo concierne a un Gobierno sino, también, a la ciudadanía, que tiene pleno derecho a estar debidamente informada. Pero, a pesar de ello, la empresa petrolera se maneja con el hermetismo propio de una empresa ajena al interés nacional.
No son pocas las dudas, generadas en la opinión pública, tras conocerse la escasa respuesta de los inversores a las propuestas de la conducción de YPF. Se teme, por ello, que los últimos emprendimientos, en especial las conversaciones con la multinacional de origen norteamericano Chevron, sean fruto de una urgencia política más que de una aplicación estratégica.
Aún más cuando circulan rumores, muy poco auspiciosos, sobre la extensión de las concesiones que la empresa cuasi estatal otorgará sobre dos áreas clave -Loma Campana y Loma de la Lata Norte- que figuran entre las más ricas de la formación Vaca Muerta.
Tales rumores cobraron cuerpo, especialmente, cuando se conoció la renuncia al directorio de YPF del notable economista Eduardo Basualdo, identificado políticamente con el oficialismo.
No es para menos: Vaca Muerta constituye una cuestión de vital importancia para el destino nacional. Basta con recordar que, de acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos, el potencial que concentra convierte a la Argentina en la tercera reserva mundial de petróleo, después de China y los Estados Unidos; ya que posee capacidad para multiplicar más de 73 veces las reservas actuales.
Utilizando una comparación usual de la prensa especializada en mercados energéticos: medido en barriles de petróleo, Vaca Muerta generaría la mitad de las reservas de hidrocarburos que posee actualmente Arabia Saudita.
A fin de tener una idea acabada de lo que esto significa en las proyecciones de la Argentina para el corto plazo, basta poner en consideración el actual déficit de combustibles, que supuso una erogación de 9.300 millones de dólares en el 2011 y algo más de 10
mil millones de dólares el año pasado. También, entre enero y mayo de este año, se desembolsaron más de 5.500 millones de dólares por importaciones de combustibles. La sola continuidad de la tendencia señala una cifra mayor a la del año pasado, con una estimación cercana a los 13 mil millones de dólares.
¿Cómo es posible, entonces, que una riqueza natural de tamaño valor estratégico se negocie sin control ni seguimiento por parte del pueblo argentino, su auténtico propietario, ni del Congreso Nacional que lo representa?
Más necesario es aún dicho control, cuando el aprovechamiento de este recurso exige la implementación de una tecnología de alto riesgo ecológico, como es la fractura hidráulica -o "fracking", en lengua inglesa-, cuyo costo para la producción agrícola y el patrimonio ambiental puede ser demasiado alto, si no se toman los recaudos necesarios.
Como se sabe, la implementación de dicha tecnología para extraer shale, implica una perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5000 metros en vertical y después se perfora varios kilómetros en horizontal (2 a 5). Entonces se inyecta agua con arena (98%) y una serie de aditivos químicos (2%), cuya procedencia muchas veces se desconoce, a gran presión. Esto hace que la roca se fracture y el gas se libera y asciende a la superficie a través del pozo. El proceso se repite a lo largo de la veta de roca rica en gas. Parte de la mezcla inyectada vuelve a la superficie (entre un 15 y un 85 %). (1)
Es necesario resaltar, además, que no sólo existe el problema de la contraindicación de la napas y el uso de enormes cantidades de agua (se estima que de 10 a 20 millones de litros por pozo). Un estudio de la revisa Geology llegó a relacionar la inyección de agua que produce la técnica de extracción con un terremoto de 5,4 grados en el estado de Oklahoma, Estados Unidos (2) .
Sin embargo, en su desesperación por lograr financiamiento externo, YPF propone como su única estrategia la llegada de esta técnica que ha sido prohibida en países como Francia, Bulgaria, Irlanda del Norte y algunos estados de Estados Unidos, hasta tanto no se conozca de manera fehaciente los riesgos que esto implica. La propia Chevron lo puso en duda cuando hace unos días, su CEO, John Watson, aseguró que las preocupaciones ambientales por la utilización de dicha técnica "son legítimas" (3) y que se debe trabajar con la sociedad para lograr puntos en común.
En este sentido, no es ocioso recordar la demanda iniciada por la República de Ecuador contra la Texaco -controlada por Chevron-, a causa del daño ecológico producido sobre el hábitat de 30 mil personas entre 1965 y 1990. Si bien es cierto que Chevron obtuvo la empresa demandada hacia 2001 y que los daños denunciados llegan hasta 1992, la adquisición supuso responsabilidades legales que la trasnacional nunca honró debidamente.
Así lo entendió, en su momento, la Justicia argentina. Como se recordará, el juez de primera instancia, Adrián Elcuj Miranda, receptó la demanda de los ecuatorianos y dispuso un embargo sobre las acciones, dividendos y el 40 por ciento de los futuros depósitos bancarios de Chevron, lo cual inmovilizó la actividad de la petrolera en la Argentina. Sin embargo, poco después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la medida.
Tampoco, como define YPF, las prácticas en el propio país de origen de la empresa, los Estados Unidos, están libres de complicaciones. La agencia de control del ambiente de Estados Unidos, la United States Environmental Protection Agency, viene elaborando estudios para conocer el impacto del fracking. Se estima que para el 2014 tendrán un informe final (4) . Sin embargo, estudios preliminares demostraron en el estado de Nueva York la presencia de metano en niveles 17 veces superiores a lo recomendable. También ha detectado casos similares en el estado de Wyoming. Es decir, se están llevando a cabo investigaciones para conocer el impacto y así aplicar las regulaciones pertinentes.
Respecto del ámbito nacional, la Ley General del Ambiente, la 26.876, define explícitamente en sus artículos 11, 12 y 13 las obligaciones que tienen el Estado y las empresas a la hora de realizar actividades que pueden llegar a impactar negativamente en el medio ambiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución,
ARTICULO 12. - Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la
que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Nada de esto parece haberse incluido en las conversaciones con Chevron. Sólo se habló de números y expectativas de extracción. Aquí no abogamos por la prohibición de esta técnica sino por una regulación de la misma, con informes detallados al respecto para que puedan ser evaluados.
Más pertinente se vuelve el estudio aún cuando la provincia de Neuquén, donde se prevé desarrollar el proyecto, sufre una serie de sequías desde hace años. En diciembre del año pasado el Gobernador declaró la emergencia provincial por encontrarse un 70 % del territorio provincial azotado por la sequía con la consecuente repercusión negativa en la ganadería y demás aéreas productivas. Además, Vaca Muerta se encuentra sobre el acuífero Zapala y los ríos norpatagonicos como el Limay o el Neuquén.
Sin embargo, a la hora de hablar sobre el medio ambiente YPF hace una promesa que no tiene ningún fundamento jurídico. "Ratificamos que nuestra compañía va a utilizar las buenas prácticas para evitar cualquier tipo de contaminación, cuidando responsablemente el recurso del agua y extremando todas las medidas de prevención. En las operaciones que va a realizar la compañía, lo ambiental va a estar por encima de los resultados económicos y, por lo tanto, la seguridad de las operaciones estará garantizada", expresa la compañía.
Así explica YPF las consecuencias de la tecnología y su impacto en el agua:
"La tecnología aplicada para la producción de shale posee niveles de excelencia, por lo que otorga a la operación la seguridad para evitar cualquier riesgo de carácter mediomabiental. Debido a la tecnología aplicada, en la operación de estimulación hidraúlica la intensidad sísmica es 100.000 veces menor que las detectadas por el ser humano, es decir, son imperceptibles.
Las vibraciones que se producen en los alrededores de un estadío, a modo de ejemplo, son mayores a las que produce la operación de no convencionales. Además, la producción impacta menos en la superficie que otras formas de producción de energía, como la solar y la eólica. La razón reside en que se perforan varios pozos horizontales desde un único pozo vertical y que esa operación, compleja desde el
punto de vista del desarrollo industrial, se produce a más de 2.000 metros de profundidad.
Esta actividad emplea un 99,5 por ciento de agua, que es reutilizada, arena y, apenas, un 0,5 por ciento de aditivos. Estos aditivos son biodegradables y se utilizan en productos de uso doméstico y en aplicaciones comerciales: cloruro de sodio (utilizado en sal de mesa), sales del borato (en cosméticos), carbonato de potasio/ sodio (en detergentes), goma guar (en los helados), alcohol isopropílico (utilizado en los desodorantes). Además, los aditivos son controlados de forma permanente.
El agua utilizada para el desarrollo de recursos no convencionales es captada de cursos de agua de la superficie y representa un porcentaje ínfimo del caudal. Un ejemplo, es el desarrollo de recursos no convencionales en la cuenca neuquina, alrededor del 1% del caudal de los ríos Limay y Neuquén. Lo que significa aproximadamente 1% de lo que consume la ciudad de Neuquén en un año.
La disposición del agua es manejada de diversas maneras durante todo el proceso. Esto incluye la reutilización, el tratamiento en instalaciones propias y el almacenamiento en tanques o piletas. Las regulaciones para el uso, tratamiento y reutilización de aguas son severas, se aplican controles minuciosos por parte de las autoridades medioambientales de aplicación a nivel provincial y nacional.
Adicionalmente a esto, hay que insistir que en nuestro país no hay posibilidad de que el agua utilizada se mezcle con los acuíferos. Como se mencionó anteriormente, las perforaciones se realizan a más de 2.000 metros de profundidad, 1.700 metros por debajo de las napas, ubicadas por lo general a 300 metros de la superficie, por lo tanto no hay comunicación física entre las formaciones de shale y los acuíferos".
En definitiva, habla de la fractura hidráulica cómo una herramienta inocua. Minimiza todos sus efectos. Por más que los acuíferos se encuentren en distintos niveles que las perforaciones, ¿qué garantiza que no existan filtraciones en ese recorrido tal como ocurre en varios países?
No hay garantías de ningún tipo. Así lo entienden muchas poblaciones cercanas a Vaca Muerta, donde ha comenzado a gestarse un creciente movimiento de resistencia. Incluso, ya existen 5 poblaciones donde los Concejos Deliberantes han manifestado vía ordenanzas que no permitirán la tecnología de la fractura hidráulica.
El Gobierno ha dicho que la expropiación parcial de YPF era la recuperación de la soberanía nacional, apuntando contra las corporaciones trasnacionales como Repsol. Pero determinados datos que se han venido dando en los Estados Unidos nos llevan a
preguntarnos si no estamos ante un plan de mayor envergadura a fin de imponer condiciones y obtener beneficios, en el cual Argentina es sólo un actor circunstancial y secundario. No es un dato menor la revolución que se ha venido dando en el mundo a partir de la exploración a gran escala de yacimientos no convencionales.
En el año 2009 las expectativas de Estados Unidos eran mantener en franco crecimiento la importación de gas natural y petróleo. Sin embargo, desde el año 2012, Estados Unidos tuvo el mayor incremento en la producción de barriles de petróleo en su historia. Esto hizo que cambiaran las perspectivas y que a partir de 2025 se estime que deje de importar gas y petróleo. Es decir, lograría la independencia energética en sólo unos años. Algo que hace 4 años era prácticamente imposible. ¿El motivo? El comienzo de la utilización masiva del fracking. Esto se evidencia en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso en el año 2012 que brindó Barack Obama quién hizo referencia explícitas a la necesidad de promover la extracción por fractura hidráulica.
La respuesta de las corporaciones no se hizo esperar. Esas mismas que el gobierno dice combatir. Resulta altamente ilustrativo en este sentido el documento "La Frontera No convencional: Propuestas Para El Desarrollo Del Petróleo Crudo No Convencional Y Del Gas De Esquisto Sudamericanos" elaborado por la American Business Conferences (Abc), una especie de organización de lobby entre empresas de primer nivel; las empresas petroleras -Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana (apla)-; y los ingenieros -Sociedad de Ingenieros de Petróleo (spe, por sus siglas en inglés).
"En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la aplicación de la perforación horizontal y las tecnologías de fractura hidráulica han transformado el panorama energético norteamericano. La revolución del gas de esquisto y petróleo crudo no convencional ha permitido la capitalización en masa de nuevas y lucrativas oportunidades no convencionales por parte de empresas energéticas norteamericanas. Por lo tanto, la pregunta es ¿Pueden capitalizarse los recursos sudamericanos en la misma medida?", se expresa en la presentación del documento en el que se nombra a la Argentina como uno de los objetivos.
En síntesis, se trata de una estrategia agresiva de las empresas que buscan replicar el éxito de lo ocurrido en los Estados Unidos y lograr acuerdos que sean beneficiosos tanto para las empresas latinoamericanas como las norteamericanas. Por el contrario, YPF, cuya responsabilidad está a cargo del Estado, y donde cualquier acuerdo suscripto tiene que ser refrendado ante toda la sociedad, no puede acordar condiciones que releguen el desarrollo a largo plazo a un segundo plano.
Esta situación, sumada a la apremiante necesidad de YPF por lograr algo de inyección de inversiones puede llevar a que se firmen acuerdos de los cuales tengan un impacto positivo en el corto plazo pero sean sumamente desfavorables para el desarrollo energético del país. Se trata de una coincidencia de necesidades complementarias que pueden ser trágicas para el país e YPF. Eso explica también el hecho de que Chevron se involucre en un proyecto que aún tiene sobre sus espaldas una expropiación no resuelta, con un litigio judicial entre la española Repsol e YPF.
De esta manera se llega a la situación de dependencia que evidenciavamos más arriba. Existen pocas empresas en el mundo con capacidad tecnológica para extracción de hidrocarburos no convencionales a gran escala, debido a sus elevados costos. Chevron es una de ellas.
Actualmente YPF cuenta con 14 equipos activos para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y la expectativa, según Galuccio, es aumentar dicha presencia a 100 para fin de este año. Sin embargo, esa expectativa no se acerca a los miles que se necesitan para superar la soberanía energética. Además, se le está entregando un área de producción a una empresa que no gastó un centavo en exploración pero que posee las herramientas necesarias para la conversión y extracción de la materia prima.
Sería más razonable invertir en pozos propios a través de créditos internacionales donde el Estado sea el aval y luego invertir en maquinaria propia que dejar que empresas extranjeras se instalen y absorban de manera directa los recursos nacionales.
La Argentina no se encuentra necesariamente en una situación holgada en cuanto a disponibilidad de recursos para entregar lo poco que tiene. Se podría establecer algunos cánones fijos de participación en la producción final pero no la entrega íntegra del recurso.
De esta manera, es imposible que la Argentina se acerque siquiera a la soberanía energética. ¿Cómo puede ocurrir tal situación si gran parte del petróleo que extraiga, en este Caso Chevron, puede ser sacado del país por los oleoductos que la empresa posee y vendido a cualquier parte del mundo donde le sea más rentable?
Existe la posibilidad de que estemos ante el caso de una empresa estatal que, en vez de apropiarse de los recursos que le son propios, los entrega para satisfacer demandas políticas y económicas cortoplacistas que nada tienen que ver la agobiante realidad energética de la argentina.
Tales consideraciones nos permiten sospechar que las intenciones de rubricar un acuerdo con Chevron por las explotaciones de la formación Vaca Muerta apunten a recuperar la soberanía energética. Por el contrario, es posible que ayuden a mantener el sistema de expoliación de recursos naturales. En vez de realizar un plan estratégico de inversión en maquinaria, se está entregando la extracción del pozo a capitales extranjeros que una vez cumplido su cometido se irán dejando los pozos secos y las arcas vacías. Es imposible hablar de soberanía energética cuando el capital extranjero es quien tiene la llave para la extracción.
Ya ha ocurrido a lo largo de la historia Argentina. La mala administración de los recursos, a través de una fallida gestión Estatal, y su concesión por parte de empresas extranjeras han hecho estragos, imposibilitando el desarrollo de las capacidades de producción nacional. El afán y la desesperación por participar de las nuevas tendencias mundiales, teniendo como único objetivo los réditos a corto plazo, demuestran siempre resultados contraproducentes para nuestro país. La falta de planificación y la regencia por dictados políticos antes que por dictados desarrollistas es la causa de la actual situación de desmantelamiento industrial y energético en la Argentina. No queremos que eso siga ocurriendo. Por eso necesitamos respuestas por parte de quienes tienen la obligación de brindarlas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
THOMAS, ENRIQUE LUIS MENDOZA FRENTE PERONISTA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia)