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PROYECTO DE TP
Expediente 4801-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, LICENCIADO AXEL KICILLOF, AL MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ARQUITECTO JULIO DE VIDO, Y AL SEÑOR SECRETARIO DE ENERGIA, DANIEL CAMERON, ANTE LA COMISION DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES DE LA H. CAMARA, SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE INVERSION SUSCRIPTOS POR LA COMPAÑIA ESTATAL YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES -YPF-.
Fecha: 18/06/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 73
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Citar, en función de lo
establecido por el Artículo 204 del Reglamento de la Cámara de
Diputados de la Nación y por el Artículo 77 de la Constitución de la
Nación, al Sr. Secretario de Política Económica y Planificación del
Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Axel
Kicillof, al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y
Servicios, Julio de Vido, y al Sr. Secretario de Energía, Daniel
Cameron, a concurrir a la Comisión de Energía y Combustibles de la
H. Cámara de Diputados de la Nación, a los efectos de informar sobre
las explícitas condiciones de los acuerdos o preacuerdos comerciales
de inversión suscriptos en el último año por la compañía estatal YPF,
en especial el acuerdo el firmado con la petrolera estadounidense
Chevron, y para que brinden información sobre la política en materia
de hidrocarburos llevada a cabo por el Gobierno Nacional e YPF S.A.
principalmente sobre los puntos que se detallan a continuación:
1 - Estado de cumplimiento
de los objetivos planteados hasta el momento en el Plan Estratégico
de cinco años presentado en el 2012. Fundamentos de los
resultados.
2 - Fundamentación de las
razones del aumento del 67 % de los honorarios del directorio para el
ejercicio 2013.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este pedido de
informes verbales se centra en la política energética, y sobre todo
hidrocarburífera, que está llevando a cabo el Gobierno nacional fruto
de la cual, consideramos, han surgido en el último tiempo acuerdos o
preacuerdos como el suscripto con la petrolera estadounidense
Chevron Corporation, para la explotación del yacimiento de Vaca
Muerta, la tercera reserva de hidrocarburos no convencionales del
mundo.
Es pertinente, antes que
nada, hacer unas aclaraciones sobre YPF. Desde su expropiación, a
través de la ley 26.741, el Estado argentino controla el 51 % de las
acciones y es, por lo tanto, quien toma las decisiones sobre el destino
de la compañía. Sin embargo, esto no significa que tenga el control
total del petróleo que existe en el país.
Es decir, según los datos
aportados por la propia petrolera, esta participa sólo en un 35 % del
mercado del gas y el petróleo. Es más, si a eso le incorporamos la
participación que tiene el Estado dentro de la compañía (51 %) vemos
cómo, en realidad, la Argentina sólo es poseedora del 18 % del
mercado. Por esa razón es erróneo hablar de soberanía energética
integral, cuando sólo se controla un quinto del petróleo y el gas que
existe en el país.
Además, YPF funciona
como una sociedad anónima, controlada por personas designadas por
el Poder Ejecutivo, pero lejos del control parlamentario y por ende
ciudadano. En texto de la ley 26.741 el Artículo 15 lo declara de
manera explícita:
"ARTICULO
15. - Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y
Repsol YPF GAS S.A., continuarán operando como sociedades
anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la
Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables legislación
o normativa administrativa alguna que reglamente la administración,
gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado
nacional o los Estados provinciales tengan participación".
Con ello se pretende
eximirla de todo control, ya sea de la Auditoria General de la Nación o
de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación. Al
respecto, existen iniciativas para modificar dicho artículo como la
presentada por el diputado Pablo Tonelli (Expediente 1389-D-2013),
pero que no han tenido tratamiento.
Pero no debe olvidarse que
el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que "corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio".
Mucho se ha discutido
acerca de la diferencia entre "dominio" y "jurisdicción". Gran parte de
las veces con el objetivo de allanarle el camino al Gobierno nacional
para establecer leyes que regulen el ejercicio y explotación de ese
dominio. Pero lo cierto es que se hace de manera completamente
arbitraria, sosteniéndose en una interpretacieon unívoca de los
múltiples y a veces contradictorios matices que presenta la legislación
actual, a la que la mayoría de los analistas considera insuficiente e
inadecuada al paradigma constitucional surgido en 1994.
Por otro lado, es oportuno
señalar que algunas constituciones provinciales contienen articulado
sobre recursos naturales y sus gobiernos pueden legislar, con toda
autoridad, sobre los aspectos no contemplados por las leyes
nacionales. De allí que también, en nuestra condición de
representantes del pueblo de las provincias argentinas, solicitamos
que se den a conocimiento público los alcances y consecuencias de
este proyecto.
En segundo lugar, es
necesario aclarar la situación energética de la Argentina. Más allá de
de las estimaciones privadas, que ubican que para este año la
importación de energía alcanzará los 15 mil millones de dólares,
resulta esclarecedor los datos aportados por Instituto Nacional de
Estadística y Censos Indec a través del informe del (Intercambio
Comercial Argentino):
Sólo en el último año hasta
la fecha la importación aumentó un 43 % mientras que en ese mismo
lapso la exportación se redujo un 37 %. Esto implica un déficit
comercial de alrededor de 1.500 millones de dólares. En tanto, si se
toma el acumulado desde 2003 hasta la fecha vemos cómo mientras
la importación aumentó en el orden del % 1600 la exportación sólo
subió un 20 %.
Por otra parte, yendo a un
análisis más pormenorizado -y según datos publicados en los
Balances Energéticos anuales de la Secretaría de Energía de la
Nación que publica de cada año- el aumento de la importación de las
energías Primarias (petróleo y gas) se ubica en un 10 % por sobre la
producción nacional durante 2011. Esto significa un aumento respecto
de 2009 y 2010, cuando la importación de este tipo de enrgía significó
un promedio del 7 %. Y si se compara con el año 2003, la importación
para esa época significaba apenas el 1,3 %. El último dato aportado
surge justamente del año 2011, cuando los indicadores del balance
comenzaron a ser claramente desfavorables.
En sí, estos datos sólo
expresan un cuadro de situación y no hacen referencia,
explícitamente, a YPF. Pero sirven para enmarcar la situación
energética del país y las necesidades urgentes del sector
que, de acuerdo a la
propaganda oficial, iban a resolverse con la expropiación del 51 % de
las acciones de YPF y las posteriores decisiones que resultaran de
ella.
Por otro lado, otro de los
objetivos principales es conocer los términos del preacuerdo que se
aprestan a rubricar, en la segunda semana de julio, YPF y la empresa
Chevron, a fin de establecer condiciones de explotación en los
yacimientos que se desarrollen en la formación Vaca Muerta, de los
cuales la información es escasa o nula.
Esto sería aceptable en el
caso de que se tratase de una empresa privada; sin embargo,
estamos ante una empresa bajo control estatal, aunque siga
denominándose como una Sociedad Anónima Abierta. Dicha
complejidad provoca serios problemas a la hora de tener un panorama
preciso de la situación, como evidenciamos anteriormente.
Como ocurre
generalmente, nos encontramos ante la falta de información confiable
y actualizada por parte de los organismos oficiales. Es por esa razón
que reclamamos que se informe, con el mayor detalle posible, sobre
las líneas de acción que ha emprendido YPF, a fin de determinar si
contribuyen o no a mejorar el sistema energético del país.
YPF es patrimonio del
Estado. Por tanto, su situación no sólo concierne a un Gobierno sino,
también, a la ciudadanía, que tiene pleno derecho a estar
debidamente informada. Pero, pesar de ello, la empresa petrolera se
maneja con el hermetismo propio de una empresa ajena al interés
nacional.
No son pocas las dudas,
generadas en la opinión pública, tras conocerse la escasa respuesta
de los inversores a las propuestas de la conducción de YPF. Se teme,
por ello, que los últimos emprendimientos, en especial las
conversaciones con la multinacional de origen norteamericano
Chevron, sean fruto de una urgencia política más que de una
aplicación estratégica.
Por esa razón, ante el
hermetismo en el que fue firmado dicho plan, y la inmediata renuncia
de uno de los miembros del directorio, Eduardo Basualdo, que no fue
explicada oficialmente pero que se atribuye a su oposición a las
condiciones del acuerdo, es que exigimos saber qué medidas y de qué
manera YPF y el Poder Ejecutivo han tomado para atraer inversiones
y financiar dicho proyecto.
Al anunciar el plan
quinquenal de YPF para lograr el tan mentado "autoabastecimiento" y
mejorar los índices de exportación, el CEO de YPF; Miguel Galuccio,
precisó que se el objetivo era lograr atraer inversiones por 37.200
millones de dólares, entre 2013 y 2017.
En ese período los
objetivos serían aumentar un 32 % la producción de petróleo y gas, y
un 37 % la de refinados (gasoil y naftas), y generar 10.000
empleos.
Galuccio aseguró que YPF
financiaría 32.600 de los 37.200 millones de dólares que debería
invertir en los próximos cinco años. Es decir, un 88 % de las
inversiones estarían a su cargo. Un 70 % lo obtendría de su
facturación y el otro 18 % a través de la emisión de deuda. En tanto, el
12 % restante que significan casi 4.500 millones de dólares provendría
de los nuevos socios.
Unos meses después YPF
colocó bonos de deuda en el mercado por un valor de 4000 millones
de pesos. Sin embargo, ante la falta de demanda fue el propio Estado
que salió a paliar la escasez a través de la Administración Nacional de
Seguridad Social (Anses). Es así como a través del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad de dicho organismo se aportaron 2.200 millones de
pesos, es decir, un 62 % del total de la deuda emitida. En definitiva,
fue el propio Estado que termino financiándose a sí mismo, con el
agravante que en este caso fue a costa del dinero de los
jubilados.
Pero el plan de
financiamiento a través de las propias ganancias adquiere dificultades
aún mayores si se toma en cuenta que en el balance 2012 presentado
hace algunos días YPF presentó una merma de un 12 % en cuanto a
los beneficios en comparación con el año 2011.
Como si esto no bastara,
recientemente y de manera inexplicable, el directorio de YPF,
encabezado por el Secretario de Política Económica y Planificación del
Desarrollo, Axel Kicillof, y Miguel Galuccio, y a pesar de las caídas en
las ganancias, aprobaron un aumento en los honorarios para el 2013
que alcanzaron una suma de 73,7 millones de pesos, es decir, un 67
% más que los 44,98 millones de pesos del año 2012.
Esta compleja situación en
la que se encuentra YPF no sólo es fruto de una sobrestimación de las
capacidades financieras de la compañía sino un error conceptual y
estratégico mayúsculo por parte de los delegados por el poder
ejecutivo para implementar el plan de inversiones de YPF.
En resumen, se trata de un
problema estructural, tal como evidenciábamos antes, fruto de una
política energética errónea que no sólo se manifiesta en el sector de
los hidrocarburos sino también en otros como el de la electricidad. En
este sentido, existen tres responsables directos que actúan como
representantes del Poder Ejecutivo. Ellos son, en primer lugar, el
Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, del
Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, Axel
Kicillof, a cargo de la Comisión de Planificación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, tal como lo estipula el
Artículo 2° del decreto 1277 / 2012 que reglamenta la ley Nº 26.741.
En segundo lugar, el Ministro de Planificación Federal, Inversión
pública y Servicios, Julio de Vido, a cargo de la política de energética
de la Argentina. En tercer lugar, el Secretario de Energía, Daniel
Cameron, quien además se encuentra procesado por su supuesta
participación en el desvío de fondos públicos en Yacimientos
Carboníferos de Río Turbio.
Ya ha ocurrido a lo largo de
la historia Argentina. La mala administración de los recursos, a través
de una fallida gestión Estatal, y su concesión por parte de empresas
extranjeras han hecho estragos, imposibilitando el desarrollo de las
capacidades de producción nacional. El afán y la desesperación por
participar de las nuevas tendencias mundiales, teniendo como único
objetivo los réditos a corto plazo, demuestran siempre resultados
contraproducentes para nuestro país. La falta de planificación y la
regencia por dictados políticos antes que por dictados del desarrollo
es la causa de la actual situación de desmantelamiento industrial y
energético en la Argentina. No queremos que eso siga ocurriendo. Por
eso necesitamos respuestas por parte de quienes tienen la obligación
de brindarlas.
Por las razones expuestas
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
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THOMAS, ENRIQUE LUIS | MENDOZA | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |