La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º: Deróguese la Ley 26.729.

Artículo 2º: De forma.

Señor presidente:

Solicitamos la derogación de la prórroga a la mal llamada Ley de Emergencia Económica por, básicamente, dos razones: en primer lugar, entendemos que tal como está planteada la ley de emergencia económica, es difícil encuadrarla dentro del marco de lo que permite la Constitución Nacional en su artículo 76, cuando establece que las facultades delegadas deben ser acotadas en objetivos y en tiempos. El recurso de la legislación de "emergencia económica" ha dejado de ser, en la última década, un recurso excepcionalísimo, produciéndose una distorsión del "estado de emer- gencia". Lamentablemente, tanto el Gobierno Nacional como este Parlamento han abusado de este mecanismo, que amenaza los propios principios constitucionales. En este sentido, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado los alcances de esta legislación de emergencia en muchos pronunciamientos, remontándose a 1922 con el caso "Ercolano c/Lanteri de Renshaw" (Fallos, 136:161). Más recientemente (1990) ha definido claramente que "...cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social o política que representa un máximo peligro para el país, el Estado democrático tiene la potestad y aun el imperioso deber de poner en vigencia un 'derecho excepcional'" (Fallos, 246:237). Solamente en estos casos, de conmoción social, económica y política, la jurisprudencia de la Corte autoriza el recurso a un conjunto de "remedios extraordinarios" (Fallos, 238:76), destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que la Constitución requiere (Fallos, 313:1656). Por lo tanto, el ejercicio de esta potestad debe ser excepcionalísimo, producto de un evento grave que torna aceptables transitoriamente ciertas restricciones a los derechos constitucionales, pero que bajo ningún concepto crea facultades allí donde la Constitución y las leyes no las reconocen (cfr. Vallegos Fedriani, Pablo, "La emergencia, la ley de consolidación de deudas del Estado y los honorarios profesionales", Revista de Derecho Administrativo, año 6, Nº 17, p. 453 y ss.).

En segundo lugar, en 2002, la economía registraba años sucesivos de estancamiento y depresión económica, altos niveles de desempleo, altos niveles de endeudamiento del sector público nacional generado por una acumulación de años con cuentas fiscales deficitarias. La situación interna estuvo exacerbada por un contexto económico internacional poco favorable para la estructura productiva argentina, sesgada a la producción primaria, por el deterioro de los precios internacionales de las materias primas y la fuerte apreciación que tuvo el dólar norteamericano, divisa de referencia para el comercio internacional en general y de materias primas en particular.

A partir de 2003, la Argentina se vio envuelta en un contexto económico internacional completamente diferente al de los 8 años previos. El surgimiento de China e India como grandes consumidores de lo que nuestro país está privilegiado por naturaleza para proveerles, transformó la realidad económica, y en gran medida social, de nuestro país. El resultado de este entorno privilegiado, permitió que la actividad económica se expandiera y se redujera la pobreza, la indigencia y el desempleo. La realidad indica hoy que, más allá de las dificultades que pueda presentar la economía, y la difícil situación que siguen atravesando millones de argentinos aun en la pobreza, no hay condiciones objetivas que sustenten mantener la emergencia tal cual fue concebida en el 2002. Hoy estaríamos en presencia de una ley de emergencia política. Es una ley que tan solo le sirve al gobierno nacional para cubrir dificultades, que le provee comodidad, como si ya no la tuviera con las mayorías parlamentarias, permitiéndole manejarse con una discrecionalidad absolutamente inadecuada.

Por otra parte descontamos el apoyo del oficialismo a esta derogación ya que entendemos que la vigencia de esta ley es absolutamente incongruente e incompatible con el relato oficial. No sólo el que exponen diariamente los legisladores y ministros nacionales, sino el de la misma Sra. Presidenta, quien utiliza permanentemente la cadena nacional para contarnos todas las bondades del modelo y toda la maravilla económica ocurrida en la Argentina desde el 2003 en adelante. Esta ley de emergencia económica es de 2002. Si de 2003 en adelante de a poco fuimos alcanzando los índices que se cansa de repetir el oficialismo, no se entiende por qué seguimos necesitando diez años después la misma emergencia que cuando estábamos en 2002. En otra situación estaríamos si el Gobierno Nacional reconociera un déficit fiscal, y una política de ajuste como la de los 90, a la que también podríamos denominar "sintonía fina".

Hasta ahora el Poder Ejecutivo ha insistido desde el 2003 a esta parte mantener la legislación de emergencia, sin que medien razones excepcionales que la justifiquen, y ha transformado una situación de excepción circunstancial en una regla de la "normalidad".

Por último, consideramos necesario fortalecer las instituciones, en particular la autoridad del Congreso de la Nación, recuperando las facultades constitucionales conferidas. Ello significa, como la ha escrito el presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti, eliminar toda concentración decisional que lleva a distribuir la riqueza y los costos del funcionamiento social de un modo arbitrario por parte del Poder Ejecutivo, lo que importa la identificación del interés general con la razón de Estado o de los grupos, pero no con un acuerdo consensual de los ciudadanos a través de sus representantes.

Por todo ello, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen el presente proyecto de Ley.