La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de solicitarle arbitre las medidas pertinentes para revertir el profundo descrédito en que se ha sumido al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- ; en particular, a través de la convocatoria a los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso de la Nación, organizaciones sociales vinculadas y trabajadores, tomando como referencia las numerosas iniciativas legislativas existentes por las que se promueve una reforma integral de este organismo que le otorgue garantías de independencia, confiabilidad y profesionalismo.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto el de que esta Cámara de Diputados, asumiendo su rol caja de resonancia de las preocupaciones sociales, se dirija al Poder Ejecutivo Nacional a fin de solicitarle tome urgentes medidas a fin de revertir el profundo descrédito en que se ha sumido al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC.

Fundamentalmente, que esta iniciativa esté dada por una convocatoria a los diferentes partidos políticos políticos con representación en el Congreso de la Nación, organizaciones sociales vinculadas a la problemática y trabajadores a los fines de generar un proyecto de reforma integral de este organismo que otorgue garantías de independencia, confiabilidad y profesionalismo.

Desde que empleados del Indec denunciaron públicamente que el desplazamiento de la ex directora del área de precios Graciela Bevaqua a comienzos de este año se debió a su negativa a entregar datos secretos que habría solicitado el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con el objeto de intervenir políticamente en el relevamiento y confección de los índices estadísticos oficiales; la credibilidad en las estadísticas elaboradas por este organismo viene cayendo sin cesar.

Se habrían realizado cambios en la metodología de medición que no habrían sido transparentados y la percepción generalizada es que los datos oficiales no coinciden con la realidad

Recientemente, la directora de Estadística e Investigaciones Económicas de Mendoza, Patricia Giménez, denunció que los datos publicados con la evolución de la inflación en su provincia habían sido cambiados en forma inconsulta por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La persistencia en el tiempo de los cuestionamientos así como la profundización del descrédito, se reflejan en los aproximadamente cincuenta proyectos legislativos presentados en relación a este tema. Desde expresiones de preocupación o repudio hasta reformas integrales del organismo; a través de comisiones parlamentarias o por medio de una nueva ley; los legisladores y legisladoras han expresado su posición y propuestas superadoras sin que haya mediado tratamiento ni aprobación para ninguna de las iniciativas.

Las organizaciones relacionadas con la temática, en particular las que nuclean a los usuarios y consumidores; así como los trabajadores del INDEC también se han expresado y tendrán propuestas concretas al respecto.

Todo ello pone de manifiesto la preocupación generalizada existente respecto a la situación del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Como organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales, suministra información fundamental sobre la marcha de las variables económicas más importantes: inflación, desempleo, pobreza, salarios, etcétera.

Pero lo que es más importante, debe hacerlo de manera oficial, objetiva, competente e independiente del gobierno de turno, para que todos los actores de la economía centren sus expectativas y estrategias en sus informes.

Ningún funcionario podrá explicar razonablemente por qué se ha dinamitado la credibilidad del Indec mediante un accionar deliberadamente dirigido a mostrar los principales índices en sintonía con el interés político del momento.

La situación es grave y preocupante. Si nadie cree más en los datos oficiales, cuál será la magnitud del perjuicio para todos? La inflación no se resuelve disimulando datos, la gravedad que para una familia importa una situación de desempleo no se modifica mediante un índice menor; ni la economía ni la sociedad pueden desenvolverse sin confiabilidad en la información pública.

En la Editorial del diario la Voz del Interior, de Córdoba, del viernes 28 de septiembre de 2007 bajo el título "La cultura del desparpajo" se sostiene que: " Con alardes de desprecio por la inteligencia de la ciudadanía, integrantes del Poder Ejecutivo Nacional hacen declaraciones que agravian el sentido común."

El Jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández, afirmó de modo rotundo que en la Argentina no existe inflación. Explicó su sorprendente aseveración con una singular teoría: la inflación supone un alza generalizada de precios. En el país no hay un alza generalizada de precios y nadie se anima a afirmar temerariamente semejante cosa.

Temeraria interpretación de la situación económica nacional, que refleja con pasmosa fidelidad el sentido y el estilo de gobierno que se viene ejecutando desde 2003 y crece a medida que se aproximan las elecciones presidenciales.

Ese sentido y estilo de gobierno consiste, básicamente, en negar los datos de la realidad o, si no hay espacio para la negación, manipular a esta de tal manera que los indicadores adversos queden sepultados bajo la avalancha de refutaciones, denuncias y recriminaciones que suscitan las mentiras a designio..."

De allí que sea imperioso reconstituir la confianza en este organismo y para ello, entendemos que es necesario el involucramiento de todos los sectores políticos y sociales.

Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de la presente.