La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de solicitarle que, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informe respecto a la posible manipulación de los índices oficiales en la publicación de la evolución de la inflación en el mes de agosto, indicando:

a) Razones por las cuales se produjo una demora significativa en la comunicación oficial de los datos de la inflación nacional correspondiente al mes de agosto;

b) Si se ha establecido la razón por la cual se publicitó un índice de evolución de la inflación para la Provincia de Mendoza de 1,5% cuando la dirección de Estadística e Investigaciones Económicas de Mendoza había indicado que éste es de 3,1%.

c) En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, explicitar la/s razón/es; en caso contrario, indicar que medidas de investigación se han instrumentado para dilucidar lo ocurrido.

d) Señalar cuál es la explicación científica de la diferencia notable entre los índices establecidos en las provincias de Mendoza y San Luis (informó un alza del 3,3% en agosto) y los índices de evolución de la inflación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

e) Señalar los motivos por los cuales algunas provincias elaboran por sí mismas los índices correspondientes a la evolución de los precios en sus jurisdicciones, como en los casos de Mendoza y San Luis, mientras otras como Córdoba no lo hacen, estableciéndolo el propio Indec. Indicar cómo es el sistema en cada una de las provincias.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que informe respecto a la posible manipulación de los índices oficiales en la publicación de la evolución de la inflación en el mes de agosto.

Las sospechas de manipulación de datos en este organismo son recurrentes desde que empleados del Indec denunciaran públicamente que el desplazamiento de la ex directora del área de precios Graciela Bevaqua se debió a su negativa a entregar datos secretos que habría solicitado el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con el objeto de intervenir políticamente en el relevamiento y confección de los índices estadísticos oficiales.

Con la reciente denuncia de la directora de Estadística e Investigaciones Económicas de Mendoza, Patricia Giménez, en el sentido de que los datos publicados con la evolución de la inflación en su provincia para el mes de agosto habían sido cambiados en forma inconsulta por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reduciéndolos de 3,1% a 1,5%, se ha puesto en dudas no sólo el IPC nacional sino también los datos correspondientes a las provincias.

Una serie de circunstancias agudizan la ya decaída credibilidad en las estadísticas oficiales.

Las demoras sin razón aparente en la publicidad de los datos, la denuncia de la funcionaria mendocina en particular, y las diferencias notables que se pueden percibir entre los datos relevados por las direcciones estadísticas de algunas provincias - como Mendoza y San Luis- y los generados para otras provincias en las que los índices son elaborados por el propio Indec, como el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires o Córdoba; merecen una explicación exhaustiva de parte de las autoridades responsables.

La falta de confianza en los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es de una gravedad institucional insostenible. Como organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales, suministra información fundamental sobre la marcha de las variables económicas más importantes: inflación, desempleo, pobreza, salarios, etcétera.

Pero lo que es más importante, debe hacerlo de manera oficial, objetiva e independiente para que todos los actores de la economía centren sus expectativas y estrategias en sus informes.

De allí que ante cada uno de los hechos que han venido lesionando esta confiabilidad básica, desde esta Cámara hayamos exigido de parte del Gobierno Nacional una respuesta clara, oportuna y suficiente; la que lamentablemente hasta el momento no se ha producido.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.