La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que correspondan, establezca que los bancos y entidades financieras deberán exhibir en cada uno de sus cajeros automáticos el detalle del costo que le generará al usuario, cliente y no cliente del banco, el uso de la red de cajeros automáticos.

Señor presidente:

Existe una desinformación colectiva, que involucra a muchos sectores de la sociedad y que repercute especialmente en aquellos ciudadanos de escasos recursos y conocimientos, pero que de igual modo están incorporados al sistema financiero que utiliza la red de cajeros automáticos. Es decir, desde quienes cobran sus haberes por este medio hasta aquellos que son beneficiarios de algún plan social, en su mayoría desconoce el costo que implican realizar operaciones con cajeros automáticos, aún una simple consulta.

El usuario de cajeros automáticos, carece de la información sobre costos por servicios con que opera la entidad bancaria, y por ende desconoce cómo esos costos inciden en su patrimonio. Esta situación es en extremo injusta y violatoria de los derechos que como consumidor tiene el ciudadano común. Además, de exhibirse esta información adecuadamente, el usuario, cliente o no del banco podría optar por realizar o no la operación de que se trate. Esto es un derecho fundamental.

Por otro lado, si bien los bancos informan mediante resúmenes mensuales los costos operacionales, en los casos de trabajadores con cuenta sueldo por ejemplo no los reciben, salvo que los soliciten y ello por periodos trimestrales.

Por lo tanto resulta, meridianamente razonable que los bancos y/o entidades financieras informen en cada uno de los cajeros automáticos, cuando fueren de su propiedad o bien en los cajeros automáticos de las redes proveedoras de estos servicios, el costo de la transacción o servicio solicitado por el usuario ya sea o no cliente del banco o entidad financiera, otorgándole así la facultad de aceptar o rechazar dicho cargo y anular la operación.

Demás está decir que el derecho a la información es un derecho fundamental y de raigambre constitucional, que como tal debemos defender, por ser ésta la obligación que aceptamos desde que el pueblo mismo nos honró al elegirnos como su representante.

El proyecto que aquí expresamos, no implica además un costo excesivo para su implementación desde que las entidades financieras y bancarias logran superar con creces sus propios costos operacionales, en un momento de eficaz crecimiento de la economía argentina.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.