La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación ante la situación que atraviesan los profesionales y no profesionales de la salud pública de la provincia de Tucumán, expresando nuestra solidaridad para con ellos y exhortando al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, garantice una pronta y rápida solución al conflicto, arbitrando los medios necesarios para obtener un compromiso por parte del Gobierno de la Provincia de Tucumán en relación al justo reclamo de los trabajadores.-

Señor presidente:

La situación sanitaria de la provincia de Tucumán es alarmante. Desde hace varios meses profesionales y no profesionales autoconvocados de la sanidad se encuentran en constante conflicto con las autoridades del gobierno provincial por un justo reclamo de recomposición salarial y cumplimiento efectivo de sus derechas laborales.

A raíz del mismo los trabajadores han decidido realizar un paro de actividades por tiempo indeterminado, los hospitales de toda la provincia realizan asambleas permanentes y marchas en las calles. Ante esta situación el gobierno provincial no hace mas que aumentar la tensión y el conflicto, presionando y amenazando a los médicos autoconvocados.

Los principales reclamos del sector son: una recomposición salarial del 100 por ciento sobre la base de cálculo, sin montos no remunerativos, la titularización del personal contratado, el pago del 82 por ciento móvil jubilatorio, el pase inmediato de compañeros transitorios a planta permanente, la plena vigencia de la ley de carrera sanitaria, el reconocimiento de insalubridad con fines previsionales, entre otras reivindicaciones.

Estamos hablando de 5.216 trabajadores transitorios. Aproximadamente un 50 por ciento de los items de los recibos de sueldo se encuentran en concepto de no remunerativos. En la actualidad los trabajadores provinciales de la salud reciben un básico de 830 pesos, y 1.025 aquellos que les faltan menos de 10 años para jubilarse. Más de la tercera parte de los 15 mil empleados del Sistema de Salud tucumano no está titularizado. Los contratados, reemplazantes no permanentes, deben facturar como monotributistas, no cobran vacaciones y no pueden recibir los beneficios básicos que brinda la titularización en el cargo. Esta es una somera descripción del estado de situación del sistema de salud de la provincia de Tucumán.

Sin embargo, desde el gobierno provincial parecen no darse cuenta de esta grave situación. El Poder Ejecutivo provincial le ofreció a los trabajadores de la salud la irrisoria suma de 20 pesos (denominados "puntos") como incremento en la base de cálculo de su sueldo. Frente a tan burda respuesta los trabajadores hicieron sentir su reclamo contra el gobierno de José Alperovich y volvieron a exigir un inmediato aumento salarial. Esta medida por parte del gobierno provincial resulta más que vergonzosa cuando los salarios de la sanidad de la provincia rondan entre los 1.600 y los 2.500 pesos (siendo aproximadamente un 40 por ciento de su sueldo en concepto de no remunerativo), un jubilado del sector no percibe más de 1.100 pesos, y un 30 por ciento de los trabajadores del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) son transitorios.

El gobierno de Alperovich pretende evadir su responsabilidad frente a esta situación argumentando la falta de recursos, cuando en realidad es la inequitativa distribución de los mismos una de las principales causas que desencadenara el conflicto. Estamos frente a la indiferencia de un gobierno cerrado en el discurso de que "no hay plata", negándose a recomponer los salarios de la sanidad. Hay que ser claros: existe una notoria falta de voluntad política para recomponer los salarios y pasar a planta permanente a los contratados, siendo eso absolutamente posible si se hacen las reestructuraciones presupuestarias necesarias.

Y decimos inequitativa distribución de recursos porque, como bien explica el periodista Álvaro José Aurane en un artículo publicado en La Gaceta de Tucumán el día 5 de septiembre del corriente: "Aparte de los recursos del Siprosa, el Ministerio de Salud Pública insume $3.5 millones en sueldos y dispone de otros $5 millones para transferencias, cabe reparar, por ejemplo, en la Secretaría General de la Gobernación. Es el organismo que en 2008 llegó a tener pendientes de rendición - según la denuncia del radical José Cano- $38 millones del ejercicio 2007, año en que hubo internas del PJ (1 de abril), reelección alperovichista (26 de agosto) y comicios presidenciales (28 de octubre)".

"Tal vez -prosigue el periodista-, el oficialismo podría apelar a una parte de los $30,3 millones que asignó este año a esa dependencia para transferencias (y que, por tanto, pueden ser empleados para subsidios de índole varia), además de los $18,5 millones para gastos en personal, los $2 millones para bienes de consumo y los $5millones para Servicios no Personales (...) Otro poco podría ser aportado por el Fondo de Desequilibrio Financiero para Municipios y Comunas, que dispone de $32,8 millones para transferir. En principio, plata no les va a faltar a las administraciones del interior, y no sólo porque así lo promete el mandatario provincial. En las "Obligaciones a cargo del Tesoro", el presupuesto vigente asignó $733,7 millones en el rubro "Apoyo del Gobierno a Municipios y Comunas", donde también aparecen activos financieros por $130 millones más. Todo esto, aparte de los $10 millones de que dispone la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas sólo para transferencias. Y para qué hablar de los cientos de millones de pesos que acumulan los Fondos Fiduciarios Municipales, que siguen engordando".

La situación que se esta viviendo en la provincia de Tucumán es, lamentablemente, la muestra clara de que los gobiernos nacional y provinciales no tienen entre sus prioridades políticas a la Salud Pública.

Un tema no menor es que el Presupuesto Nacional 2010 reduce en 7,1 por ciento los recursos para la salud pública en comparación con este año. Esto es una clara demostración de cuáles son las prioridades del Gobierno Nacional. Y debemos mencionar que, pese al recorte de fondos, el Ministerio de Salud de la Nación deberá destinar más dinero para la Administración de Programas Especiales (APE), que otorga subsidios a las obras sociales. Con lo cual en el año 2010 se destinará a los gremios 1.056 millones de pesos, 93 millones de pesos más que este año. El Poder Ejecutivo Nacional demuestra de esta manera que hay una decisión política de seguir menospreciando a la salud pública.

Vale la pena recordar que en el presente año el área de salud estuvo en el foco de la atención pública por la falta de recursos para atender las epidemias de dengue y de Gripe A. Dos enfermedades que demandarán nuevamente especial cuidado el año próximo.

El titular de la cartera sanitaria nacional, Juan Manzur, parece no hacerse cargo de esta situación. La lucha de los trabajadores de la salud tucumanos es el reflejo de la situación de muchos de los profesionales de todo el país.

La desnutrición infantil en Tucumán y las paupérrimas condiciones laborales de la salud pública en la provincia del Ministro de Salud de la Nación Juan Manzur, dista mucho del "Milagro Tucumano", tan promocionado por los diarios afines al gobierno provincial y nacional. Recordemos que durante su gestión en el gobierno de Tucumán el Sr. Ministro de Salud se vanagloriaba de haber bajado la mortalidad infantil, lo cual seria una falacia, difundiéndose cifras oficiales que nunca eran las reales, hecho que motivara la presentación de diferentes proyectos en esta Honorable Cámara. Como antecedente podemos mencionar el proyecto del Diputado García Hamilton, respecto de los indicadores sanitarios de la provincia de Tucumán en el período 2003-2007, así como el proyecto del Diputado Macaluse, un pedido de informes sobre la tasa mortalidad infantil en todo el país en los años 2008 y 2009, ambos cuestionando las cifras de mortalidad infantil y fetal de algunas provincias de Argentina y la incoherencia de las mismas, sobre todo en la provincia de Tucumán.

Sabemos que la mortalidad infantil a nivel nacional viene descendiendo en los últimos años. Pero en algunas provincias, tal como es el caso de la provincia de Tucumán, estos índices han descendido abruptamente. Según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) la tasa de mortalidad infantil en Tucumán en el año 2003 era de 23 x 1000 y para el año 2006 fue de 13,5 x 1000. La situación es preocupante: en tres años en Tucumán la tasa de mortalidad infantil descendió casi 10 puntos, esto es lo que se ha denominado el "Milagro Tucumano", situación nunca antes vista en el país ni en el mundo, principalmente porque a la mortalidad neonatal se la denomina "dura" por lo difícil de disminuir. Todo esto durante la gestión del actual Ministro de Salud de la Nación.

Respecto de la desnutrición infantil en esta provincia, el manejo discrecional de las cifras también es evidente. El propio gobierno de la provincia primero hablo de una cifra de 1.000 desnutridos, luego 5.000 hasta que finalmente la cifra oficial era de 10.000 desnutridos en la provincia. Estas cifras fueron todas expuestas en una misma semana. Existe en tal sentido un evidente manejo discrecional de los datos, manipulándose las cifras reales de la desnutrición infantil.

Lo mismo sucedió con las cifras de infectados con Influenza A (H1N1). Las cifras proporcionadas oficialmente no eran las reales, lo cual dificultó la prevención y el cuidado frente a esta epidemia. En ese entonces, una reunión de expertos decidió que no debían comenzar las clases luego del receso como medida de prevención, sin embargo el propio gobierno, desoyendo las recomendaciones, determinó el comienzo de las mismas.

En esta situación de precariedad laboral que describimos anteriormente, los trabajadores de la salud en su conjunto se ven afectados por este tipo emergencias sanitarias, como la Influenza A (H1N1). En la provincia de Tucumán en el mes de julio, fallecieron dos enfermeras del Hospital de Niños de la provincia por contagio de gripe A, (vale aclarar que ambas se encontraban en igual condición laboral, trabajando como monotributistas).

Como dijimos, las dos enfermeras mueren en un marco de total precariedad laboral. Una enfermera o enfermero gana alrededor de 1.200 pesos por mes y aproximadamente el 70 por ciento de ellos tiene dos trabajos, con lo cual trabajan 16 horas diarias. Los trabajadores de la salud tienen un rol fundamental, son los principales protagonistas de las prácticas cotidianas de prevención y atención de la población. El Estado debe garantizar políticas de protección integral para los trabajadores de la salud. Estamos frente a una evidente falta de compromiso por parte del Estado en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Las leyes laborales son claras en cuanto a la protección de los trabajadores y en cuanto a la obligatoriedad del empleador sobre la preservación de la salud laboral. No podemos permitir que las leyes no se cumplan en los centros asistenciales y se abandone a los enfermeros y demás trabajadores sanitarios a su suerte.

Como mencionamos anteriormente, frente a esta situación de verdadero congelamiento salarial y precarización laboral, el Poder Ejecutivo Provincial ha respondido con una cerrada negativa a atender estos reclamos. Se mantiene firme en la negativa a otorgar un aumento salarial que realmente mejore la situación del sector y ha descontado los días no trabajados, ha realizado descuentos por las medidas de fuerza que se llevan adelante, agregando de tal forma una mayor tensión al conflicto. Luego de todo lo anteriormente descrito podemos arribar a una conclusión: este gobierno no prioriza el recurso más valioso que tiene el sistema de salud, las personas que brindan y sostienen el servicio.

Nos encontramos ante una situación de colapso generalizado de nuestro sistema sanitario, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Es por todo esto, y por la grave situación que se está viviendo no solo en el territorio de la provincia de Tucumán, sino también en todo el territorio nacional frente a la salud pública, que consideramos sumamente importante y urgente que el Sr. Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, se haga responsable de esta situación y tome las medidas pertinentes para solucionar el conflicto salarial y laboral de los trabajadores de la salud de la provincia de Tucumán.

Por todo lo expuesto anteriormente, y en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, de sus derechos, de sus familias y de la normativa laboral vigente, es que solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-