La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través del organismo que corresponda informe sobre los siguientes puntos:

I. Detalle de los viajes realizados al exterior por la Sra. Fernández de Kirchner por razones oficiales durante el corriente año

II. Distinga cuales de estos viajes fueron efectuados en comisión o representación del Poder Ejecutivo y cuales en calidad de mujer del presidente.

III. Remita la nómina de funcionarios, empleados y acompañantes que formaron parte de las comitivas en cada uno de estos viajes. Enumere las funciones asignadas a cada uno de ellos como así también el cargo o empleo que actualmente desempeñan.

IV. Informe el costo que insumió cada uno de esos viajes, detallando el medio de transporte utilizado, formas de contratación, hospedajes y viáticos oblados por parte de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y su comitiva.

V. Informe que gastos fueron cubiertos por particulares, cuales fueron solventados por el Estado Nacional y cuales por Estados extranjeros. Sírvase a brindar el detalle de los mismos.

Señor presidente:

El pasado 23 de septiembre el diario La Nación publicó una noticia referida al uso de fondos públicos con fines electorales. La mera posibilidad de que esta situación se esté produciendo en nuestro país, es la que motiva este pedido de informes.

La noticia en cuestión hace referencia a los viajes y actos proselitistas encabezados por la senadora Fernández de Kirchner en el corriente año y se centra en la confusión que se estaría generando entre el financiamiento de las actividades oficiales y aquellas que se motivan por razones electorales.

De los hechos mencionados en el artículo periodístico surge de manera innegable la falta de información respecto de la financiación de los distintos viajes tanto al exterior como al interior del país de la mencionada candidata presidencial. Esa falta de información es la que en definitiva siembra dudas respecto del origen de los fondos que sortean estas actividades y por sobre todo, en que carácter se fijan y desarrollan las mismas.

No es lo mismo que una persona realice actividades en carácter de senadora, de mujer del presidente, o bien, de candidata presidencial. La naturaleza disímil de cada una, conlleva distintos recaudos y responsabilidades a tener en cuenta para preservar la distinción de aquello que es estrictamente oficial de aquello que se motiva en una circunstancia electoral. En otras palabras, es indispensable diferenciar las actividades que nacen teniendo en miras el interés público de aquellas que se originan por un interés particular.

El artículo 3º de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por ley 24.759, obliga a los estados partes a prevenir los conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, con el fin de preservar la confianza en la integridad de éstos y en la gestión pública.

No menos importante es la posible trasgresión del art. 18 de la ley 25.188 (ley de ética en el ejercicio de la función pública) que dispone que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.

Esta situación se vería agravada por el incumplimiento de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos que en su artículo 15 prohíbe a éstos aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales y municipales. Asimismo el artículo 54 obliga a las autoridades partidarias responsables a realizar un informe detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como también, de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma.

Los fondos estatales y partidarios deben ser controlados con sumo cuidado por todos aquellos que desempeñamos un cargo público. Resulta de suma importancia que el Poder Ejecutivo brinde información precisa sobre los gastos que realiza en esta materia.

Uno de los principios por excelencia del sistema republicano es la publicidad de los actos de gobierno. Estas prácticas por el solo hecho de no estar debidamente esclarecidas socavan la legitimidad de las instituciones públicas. Esta confusión debe esclarecerse en pos de una mejora en la calidad institucional y de un mejoramiento en la transparencia pública.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.