La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación que, por intermedio de los organismos que corres- pondan, tenga a bien remitir a esta H. Cámara un informe acerca de la decisión de estatizar el Tren de la Costa y el ramal de cargas concesionado a la firma America Latina Logística (ALL).

En particular, se requiere infor- me:

I.- El costo de la rescisión con- tractual para el Estado Nacional;

II.- El marco de incumplimientos por parte de las empresas concesionarias que provocaron la rescisión del con- trato;

III.- El presupuesto de funcio- namiento de las mencionadas empresas y cómo financiará el Estado Nacional la nueva operatoria a su cargo;

IV.- El monto al que ascienden los subsidios abonados a dichas empresas por parte del Estado Nacional.

V.- El origen de los recursos con los que afrontará el Estado Nacional los gastos que demanden dichas estatiza- ciones.

Señor presidente:

El día de ayer, el titular de la cartera de Interior y Transporte, Cdor. Randazzo, anunció la estati- zación del Tren de la Costa y del ramal de cargas concesionado a la empresa America Latina Logística -ALL--.

Según explicitó el Ministro en conferencia de prensa, la decisión en torno a la cancelación del con- trato con la firma ALL se debió a incumplimientos por parte de esta última y, asimismo, a una decisión política de reducir los costos de la logística.

En el caso del Tren de la Costa, los motivos expresados se vincularon a falta de mantenimiento, y la estatización alcanza asimismo, a los bienes comerciales, entre los que se des- taca el Parque de la Costa.

En base a ello, el objeto del presente pedido de informes es conocer pormenorizadamente los distintos aspectos vinculados a la decisión política de rescindir los mencionados contratos de concesión, con el fin de que los ramales en cuestión vuelvan a ser administrados en manos del Estado, a través de la recientemente creada Bel- grano Cargas y Logística S.A.

Para ello, conside- ramos pertinente conocer cuál será el costo fiscal que tendrá para el Estado la decisión de cancelar ambos contratos, en qué incumplimientos han incurrido las empresas concesionarias; a qué importe asciende el presupuesto operativo de ambos ramales; cómo será financiado por el Estado; el monto al que ascienden los subsidios a favor de dichas empresas y, finalmente, cuál es el origen de los recursos con los que el Poder Ejecutivo afrontará los gastos de la medida.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares acompañen el presente pedido de informes.