La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1 - Repudiar los hechos denunciados por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre las reiteradas amenazas, interferencias en líneas telefónicas y correo electrónico, sufridas por periodistas en las últimas horas.

2 - Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los organismos competentes, informe:

a) qué medidas se tomarán para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa, del derecho a trabajar, la seguridad de los trabajadores mencionados en dicho informe;

b) qué acciones tendientes a esclarecer estos hechos llevará a cabo (en los casos en que corresponda), con el objetivo de dar tranquilidad a los afectados y sus familias.

Señor presidente:

Señor Presidente, el día 29 de junio la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su "Declaración de libertad de prensa: Violencia sobre la prensa, una patología de la libertad" en el que "deplora las amenazas e intimidaciones que en los últimos días volvieron a recaer contra periodistas por el sólo hecho de ejercer la tarea de investigar hechos de interés público e informar a sus lectores".

En el documento se mencionan los casos de los periodistas del diario Clarín Daniel Santoro ("quien sufrió interferencias en sus líneas telefónicas y en su correo electrónico", según la declaración de ADEPA); Matías Longoni (a quien Ricardo Echegaray, en la actualidad titular de la AFIP y anteriormente de la ONCCA, "le inició una acción por daños y perjuicios bajo la desmesurada acusación de ser el autor de un plan sistemático para perjudicarlo", menciona la declaración) y Juan Cruz Sanz ("mediante el despliegue de diez pasacalles contra su persona, frente a la casa de su familia en Río Gallegos", indica ADEPA).

La declaración también se refiere a amenazas telefónicas recibidas en el diario "La Verdad" de Junín; a un piquete "con actitudes patoteriles" contra el diario "El Independiente" de La Rioja y a intimidaciones recibidas por el director del diario "Puntal" de Río Cuarto, Carlos Gamond.

En todos los casos, las agresiones o intimidaciones que sufren los periodistas no sólo los afectan en tanto su calidad de personas, o a su grupo familiar, por el temor que estos actos totalmente repudiables infunden en quienes los padecen; sino que además esta situación se agrava por su condición de periodistas. Esto es porque en el ejercicio de su profesión, y para poder informar libremente, necesitan tener la certeza de que se cumplirán sus derechos Constitucionales, tanto aquellos que se refieren a la libertad de expresión, como los ligados a su seguridad personal y a su derecho a trabajar.

Para el sano funcionamiento de la democracia, el Estado debe garantizar la vida, seguridad, libertad y el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos.

Cada vez que se amedrenta a un periodista, no sólo se afecta a su persona, pues puede propiciar situaciones de intimidación y autocensura, sino que también se cercenan los derechos vertidos en el artículo 14° de nuestra Constitución Nacional, el art. 13° inc. 1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el art. 19° de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos, introducidos estos últimos dos por la reforma de 1994 al texto constitucional. Estas libertades que son afectadas, no sólo se refieren al quien busca, produce o difunde informaciones, sino que también atenta contra el derecho que tienen todos los miembros de nuestra sociedad a estar informados.

Por lo expuesto, se solicita al Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, que informe qué medidas se están tomando para garantizar a estos trabajadores el cumplimiento de sus derechos y garantías, así como también qué acciones se implementarán para esclarecer estos hechos, de modo de restaurar la tranquilidad a los afectados y sus familias.

Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.