La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe sobre las actuaciones desarrolladas a partir de las denuncias públicas realizadas por la Jueza Federal Laura Inés Cosidoy y el informe oportunamente elevado al Ministerio del Interior acerca de la presunta participación de agentes de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional en el encubrimiento y/o comercialización de droga en la ciudad de Rosario.

Señor presidente:

Todos sabemos de la relación directa de la droga con la inseguridad que sufrimos los ciudadanos de este país. Es por ello que nos interesaría conocer la actitud del Poder Ejecutivo Nacional frente a las denuncias públicas que desde hace años viene realizando la jueza integrante del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, Dra. Laura Cosidoy, y de las cuáles el Ministerio del Interior debería tener conocimiento, tanto por la cobertura mediática y la repercusión pública de las denuncias de la magistrada, como por el informe que la misma elevara en junio pasado al Dr. Aníbal Fernández.

Hace algo más de un año (1) , el Tribunal Oral Federal Nº 1 que integra la Dra. Cosidoy dictó sentencia en un juicio oral que se realizó contra acusados de tráfico de droga y ordenó que se inicien investigaciones penales contra los responsables de la investigación policial, entre ellos, el comisario mayor Alberto Antegiovanni, ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de Santa Fe, y el comisario Carlos Rodríguez, quien ocupaba el mismo cargo, aunque en la delegación de Rosario.

En el mismo fallo, el tribunal también pidió investigar a dos comandantes de Gendarmería Nacional, a un juez de primera instancia que aparentemente no cumplió con medidas que le ordenó la Cámara, y a un fiscal que, a criterio de los magistrados, no investigó a varios sospechosos, a pesar de que había elementos como para hacerlo.

A fines de mayo de este año (2) , la magistrada volvió a expresar su disconformidad como lo hiciera el año pasado y en 2003, denunciando que en dos bares del macrocentro de la ciudad de Rosario se comercializa droga con la complicidad de funcionarios policiales. Como en anteriores oportunidades, la magistrada volvió a denunciar la "ausencia de decisión política" para combatir el tráfico de estupefacientes y que la cantidad de procedimientos de la policía provincial no se condice con la magnitud de droga que circula en la ciudad.

A raíz de estas denuncias, el fiscal de Cámaras José María Peña requirió a la jueza que precisara quiénes eran los efectivos que incurrían en ilícitos en causas por drogas. En respuesta a ese requerimiento, la jueza Cosidoy junto a los otros dos integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 1, Santiago Harte y Otmar Paulucci, presentaron un informe detallando una veintena de sentencias en las que se ordena investigar a policías santafesinos -provinciales y federales- por omisiones, torpezas o encubrimientos cometidos en los procedimientos que se ventilaron en el transcurso de juicios orales y públicos. Este informe repercutió entre las autoridades de la Policía Federal. Quienes realizaron un pedido para saber si había efectivos procesados de la Delegación Rosario de dicha dependencia.

La Dra. Cosidoy ha mostrado una vasta trayectoria en materia de denuncia de este tipo de delitos. Ya en 1993, cuando realizó sus primeras denuncias, tuvo custodia policial y su casa llegó a ser baleada ante la pasividad de las autoridades de entonces. Esto le valió el respeto de toda la comunidad judicial de Rosario. Precisamente por ello, los afiliados del Colegio de Abogados de Rosario debatieron a principios de junio pasado sobre la denuncia de la jueza, y como resultado del mismo le exigieron al Ejecutivo santafesino una intervención eficaz en la materia.

Las denuncias también tuvieron sus repercusiones en el ámbito de la legislatura santafesina. En un informe del gobierno provincial solicitado por la Diputada Provincial Mónica Tomei, se indica que el número de operativos efectuados y la cantidad de estupefacientes decomisados se redujo significativamente en 2005 en comparación al año 2001.

Como queda absolutamente claro a esta altura de esta exposición, existe una situación públicamente conocida en la Provincia de Santa Fe que involucra además al Ejecutivo Nacional, en tanto existe personal de Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional sobre el cuál recaen pedidos de investigación de la Justicia Federal de Rosario.

La Presidencia de la Nación, a través del Ministerio del Interior, no puede ni debe ser ajeno a estos hechos, y por tanto suponemos debe haber tomado cartas en el asunto. Lo que nos interesa saber es que investigaciones y/o actuaciones se han llevado adelante para determinar las responsabilidades del personal de Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional denunciados.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del proyecto de resolución.