La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación, en virtud de las multas y disposición de radares ilegales existentes en las Rutas Nacionales de nuestro país, creados ilegítimamente por gobiernos municipales y provinciales con exclusivos y espurios fines recaudatorios.

Señor presidente:

Actualmente en las rutas nacionales hay cerca de 700 radares que no están habilitados y que sacan multas ilegales.

"Nuestros técnicos relevaron alrededor de 670 radares truchos. Fueron instalados con fines recaudatorios", aseguró a Clarín el Jefe de Servicio Jurídico de la Dirección Nacional de Vialidad, Manuel Keumurdji. Agregó que varias intendencias fueron intimadas a sacar los equipos truchos y que ya hay funcionarios demandados.

Para que un radar sea homologado a nivel nacional debe cumplir con varias aprobaciones. El Ministerio de Industria debe legalizarlo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) debe verificar si el aparato mide bien la velocidad. Además, se necesita la autorización de uso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La Dirección Nacional de Vialidad luego autoriza su emplazamiento en rutas nacionales. Cuando a un radar le falta alguna de estas habilitaciones, la multa pasa a ser nula.

Los radares falsos o "truchos", recaudan, pero no educan. Cuando se paga una multa trucha, el 30% va para el municipio y el 70% a la empresa que puso el radar. Cuando la multa es legal, el 30% se destina a la ANSV. Al municipio le queda alrededor del 20% y el resto va al ente privado que compró los radares.

Por lo expuesto Sr. Presidente, solicito la aprobación del presente Proyecto.