La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la activa y enérgica actitud del gobierno nacional al presentarse ante los tribunales europeos como parte afectada, frente a la decisión de la empresa Monsanto de embargar cargamentos de derivados de soja transgénica, reclamando el pago de regalías. Destacando que esta estrategia en defensa de la producción nacional, se vio coronada con el reciente fallo de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea que confirma la posición argentina, que oportunamente calificara como inaceptable, tanto del punto de vista jurídico como moral, el reclamo de la multinacional de origen norteamericano.

Señor presidente:

Nuestro país exporta a la Unión Europea 3600 millones de dólares anuales en derivados de soja. Ese importantísimo caudal de recursos generado por el trabajo de miles de agricultores argentinos, estaba en peligro. La empresa Monsanto desde junio de 2005 pretende cobrar regalías por una patente que no está registrada en Argentina pero si en los países a los cuales se exporta soja. De allí, que plantea que los productores argentinos paguen al momento de vender su cosecha, y que los exportadores se constituyan en agentes de retención.

Al no recibir una respuesta satisfactoria por parte del gobierno nacional, Monsanto comenzó a presentar demandas judiciales en diversos países europeos. El resultado fue la inmovilización en puertos de España e Inglaterra de buques cargados con harinas y porotos de soja.

En rigor se trataba de una estrategia que planteaba un virtual bloqueo comercial a la producción nacional, como se desprende de la amenaza de confiscar todos los barcos cargados con soja provenientes de nuestro país, que intenten ingresar al mercado europeo.

Frente a la embestida de la multinacional no tardaron en hacerse oír la voz de alerta de los representantes de las organizaciones del sector. Así es como la Federación Agraria en un comunicado expresaba; "La soberanía nacional debe estar por encima del afán de lucro. Ante el aumento de la presión ejercida por Monsanto, a través de la disputa judicial vigente contra importadores de harina y poroto de soja provenientes de nuestro país, es hora de que este tema se convierta en una causa nacional contra el abuso, la extorsión y la voracidad comercial de esta multinacional...".

Desde el gobierno nacional se tenía claro, "....el carácter extorsivo y coercitivo de los juicios estratégicos iniciados por la empresa norteamericana" , su objetivo sostenían desde la Secretaría de Agricultura de la Nación, "...es generar temor e incertidumbre en los mercados para que ello se traduzca en una caída de las cotizaciones de la harina de soja argentina y así contar con herramientas de presión para lograr una rápida sumisión a condiciones comerciales que no tienen fundamento legal ni técnico alguno".

En ese marco de conflicto, la estrategia del gobierno fue la de llevar adelante una activa defensa del interés nacional. Para lo cual se presentó ante los

El resultado de aquella decisión está a la vista. La Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea rechazó el reclamo de Monsanto. Efectivamente en un informe que data del 9 de agosto pasado, la Comisión Europea sostiene que "... la harina de soja derivada de semilla genéticamente modificada que se importa en la UE, no infringe la patente de la empresa Monsanto". Además el mencionado informe explicita que " ...no es suficiente que la información genética se haya incorporado en el producto y que esté siempre presente en el mismo, sino que es necesario que esta información genética ejerza su función", para mencionar finalmente, "... la protección de la patente no puede extenderse a los productos derivados en los cuáles la información genética es residual y no ejerce ya función genética" .

Esta resolución es el resultado de una activa decisión política por parte del Estado nacional de no ceder ante un reclamo a todas luces injusto e ilegal.

Las consecuencias del informe de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea son claras. Constituye un antecedente que presupone un resultado positivo, respecto de las acciones judiciales iniciadas por la empresa en distintos tribunales europeos.

Y sin duda despeja el horizonte de los productores, al impedir que Monsanto se quede con una parte del esfuerzo de los productores argentinos. Son 300 millones de dólares, cifra que la multinacional pensaba recaudar por el pago de regalías, los que se quedaran donde deben quedarse. En las manos de los que producen.

Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.