La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declara su más enérgico repudio a la brutal represión desatada contra operarios y manifestantes, con motivo del desalojo de las instalaciones de la ex fábrica Terrabusi, sita en la localidad bonaerense de Pacheco, el pasado 25 de septiembre.

Asimismo, manifiesta su preocupación por el manejo dado al conflicto por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, instándolo a brindar una urgente solución a la situación laboral de los más de ciento cincuenta trabajadores despedidos por la firma Kraft Foods Argentina.

Señor presidente:

El 25 de septiembre, tras una brutal represión que dejó como saldo cuatro personas heridas y más de sesenta detenidas, se desencadenó el desalojo de los operarios que - en el marco de un conflicto gremial con la firma Kraft Foods Argentina - ocupaban desde hace aproximadamente un mes, la ex fábrica Terrabusi, en la localidad bonaerense de Pacheco.

El controvertido operativo, ordenado por el Juez de Garantías de San Isidro - Dr. Ricardo Costa - contó la participación de cerca de trescientos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires - incluyendo integrantes de la infantería y la montada - que promediando la tarde, dispersaron a fuerza de disparos de balas de goma, golpes y gases lacrimógenos a los más de quinientos manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la planta fabril.

Los trabajadores que se encontraban en la fábrica y las demás personas detenidas, fueron retenidas en el interior del edificio por más de cuatro horas, tiempo durante el cual se les negó todo contacto con sus abogados y familiares, en una situación rayana a la privación ilegítima de la libertad.

Casi en forma simultánea a los primeros momentos de tensión, tenía lugar en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación, una reunión entre la Viceministra Noemí Rial y representantes de la firma Kraft, tras la que anunciaron la firma de un acta acuerdo a través de la cual la empresa se comprometía a continuar operando en el país, mantener los puestos de trabajo vigentes y cumplir con el pago de los salarios.

Se trató de una respuesta tardía, parcial e insuficiente que no contempló la situación laboral de los más de ciento cincuenta obreros despedidos por la empresa, el pasado 18 de agosto, como consecuencia de una asamblea llevada adelante en reclamo de mejores condiciones laborales frente a la epidemia de Gripe A.

De esta manera, en un contexto de diferencias sindicales y profundización de la crisis socio-económica, el Gobierno Nacional terminó convalidando la criminalización de una protesta social.

Frente a lo preocupante del escenario descripto, consideramos trascendente que la Cámara de Diputados de la Nación pronuncie su más enérgico repudio a este tipo de accionar policial e inste al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que resulten necesarias para dar respuesta a los trabajadores afectados y sus familias.

Ese el objetivo de la iniciativa que venimos a presentar y por eso, Señor Presidente, solicitamos su urgente tratamiento y aprobación.