La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio en relación a la represión policial ejercida por parte de la Policía Metropolitana en el desalojo llevado a cabo el día 29 de Junio de 2010 a las 4.30hs., en horario nocturno, en la Av. Rivadavia entre la calle José León Suárez y la Av. Gral. Paz en la vereda lindera al Ferrocarril Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Señor presidente:

El operativo, que derivó en incidentes entre puesteros y agentes de la Policía Metropolitana se realizó el día Martes 29 de Junio en horario nocturno sobre la avenida Rivadavia, frente a la estación ferroviaria de Liniers. A partir de las versiones periodísticas y oficiales se ha podido saber que, tras la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas y siete comerciantes fueron detenidos.

Con el pretexto de "liberar el espacio público", la policía metropolitana habría ingresado por la fuerza, violentando las puertas de los puestos y/o comercios, aprovechando la nocturnidad para encontrar a los comerciantes desprevenidos. Al mismo tiempo, el carácter intempestivo y violento de la intervención privó a los comerciantes del acceso a instancias institucionales eficientes para resguardar sus derechos constitucionales.

Nuevamente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires niega la garantía de sus derechos a sus ciudadanos y ciudadanas y hace uso de la represión para sostener su política sobre el espacio público, destinada a "embellecer" la ciudad a costa de generar mayor desigualdad. De esta forma, la Metropolitana cumple con su mandato: estar al servicio de un modelo basado en la exclusión y la violencia.

En un contexto en el cual la situación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires empieza a tener señales preocupantes en cuanto a los índices de pobreza y empleo, el Gobierno de la Ciudad profundiza el conflicto dejando en la calle a cientos de familias mediante un nivel de violencia impensado en democracia.

Teniendo en cuenta que la Policía Metropolitana es la institución policial más recientemente creada, resulta necesario - desde este Parlamento- alertar sobre los viejos procedimientos del aparato represivo toda vez que los mismos son el último instrumento del Estado de Derecho. Es decir, una política policial destinada a la criminalización de estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales y sindicales jamás puede jactarse de nueva policía.

Las declaraciones del Jefe de Gobierno después del enfrentamiento, al afirmar que "se aplicó la ley y los vecinos están muy contentos por poder recuperar el espacio público" (Agencia de Noticias Telam, 29 de junio de 2010) ponen en evidencia cuál es el modelo de espacio público que se pretende implantar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contrapuesto al espacio común entendido como un ámbito de todos, democrático y de participación popular.

El espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, empieza a configurarse así como el ámbito en que el Estado garantiza a unos pocos para su uso y goce, en detrimento de los muchos que intentan diariamente subsistir.

Por el contrario, una concepción verdaderamente democrática del espacio público es la que se constituye a partir de la construcción del "Derecho a la Ciudad", entendiendo que la plenitud de la ciudadanía sólo puede desarrollarse colectivamente y mediante el disfrute comunitario de lo que es de todos, respetando muy especialmente los derechos de quienes no tienen trabajo, ni vivienda y que no cuentan con otro lugar para trabajar o vivir.

Es pues, desde esta concepción, que consideramos ineludible que este Honorable Congreso de la Nación repudie claramente un avance de las peores prácticas policiales, al servicio de un Estado represivo y excluyente y se expida contundentemente a favor de la plenitud del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.