La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quién corresponda, en virtud que el Gobierno gastará unos 30 millones de pesos para que en los próximos dos meses las mesas de los hogares (en promedio) más ricos del país, los de Buenos Aires, tengan su papa a 1,40 peso el kilo, mientras que quienes no viven donde se elige a los presidentes la seguirán abonando a cuatro pesos, se sirva informar sobre lo siguiente

¿Cuáles han sido los fundamentos técnico económicos utilizados para fijar los lugares a subsidiar o no la venta de papa?

Señor presidente:

Las preguntas efectuadas precedentemente, en una publicación efectuada por el periódico " La voz del Interior" donde manifiesta su preocupación sobre la discriminación que se está llevando a cabo desde el Gobierno Nacional en el tema papero ya que el Gobierno gastará unos 30 millones de pesos para que en los próximos dos meses las mesas de los hogares (en promedio) más ricos del país, los de Buenos Aires, tengan su papa a 1,40 peso el kilo, mientras que quienes no viven donde se elige a los presidentes la seguirán abonando a cuatro pesos.

Amenazados, los productores paperos deben resignarse a perder., siguiendo la senda de los tamberos y los ganaderos, en un país para el cual los únicos pobres parecen ser los del Gran Buenos Aires

Los que pagan las consecuencias son varios, además de la mayoría de los argentinos evidentemente considerados como de segunda categoría.

Por empezar, perjudica al conjunto de los productores paperos, que no sólo tendrán que soportar la pérdida en volumen que les infligió la helada, sino que tendrán que resignar el mayor precio que esperaban cobrar por cada bolsa que no se les congeló.

Terminaron aceptando bajar 21 por ciento el precio que les cobran a los supermercados porque según dicen, el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, los habría amenazado con importar de Brasil, Perú o Chile, aun si había que pagar el producto tres o cuatro veces más caro. Eso no sólo iba a hacer que una cantidad aún mayor de dinero público se distribuyera en forma discriminatoria, sino que iba a producir aún mayores pérdidas a los paperos. Por eso debieron agachar la cabeza. También pierden los verduleros de a pie o los súper que no entran en el acuerdo, que no recibirán ¡30 centavos! del Estado por cada kilo de papa que vendan. A cambio de beneficiar a tan pocos privilegiados y perjudicar a muchísimos más que no suman en las urnas, la medida tiene el notorio mérito de causar un daño adicional: desalienta el mecanismo de mercado por el cual, ante precios altos por una baja oferta y una demanda sostenida, los paperos deberían tentarse para producir más en la próxima campaña, lo que a su vez bajaría los precios y volvería a poner papas baratas en todas las mesas, no sólo en las del Gran Buenos Aires. El problema es más serio de lo que se cree y no se limita al más demandado de los tubérculos, porque lo que hay por debajo de estas medidas intempestivas es una ideología arraigada en el país, según la cual los alimentos deben seguir siendo eterna y obviamente baratos para los habitantes de las grandes ciudades. ¿En qué cláusula constitucional está escrito ese derecho adquirido? Los alimentos se encarecen en todo el mundo por una razón demográfica que también rige en Argentina. De vez en cuando, una irrupción tecnológica achica sus costos. Pero mientras tanto, suben. Nadie parece pensar en que, para que la papa siga siendo un regalo para siempre, tiene que darse una de dos cosas: o seguir teniendo trabajadores golondrina que cobran miserias o alentar la inversión para que se eleve la productividad. Y medidas como las que acaba de tomar el Gobierno desalientan la segunda alternativa.

Dan por supuesto que los paperos seguirán trabajando, deprimidos cuando los precios están bajos y nadie los ayuda, y defraudados cuando no pueden aprovechar los precios altos.

El hacer que una gran cantidad de dinero público se distribuyera en forma discriminatoria, no ayuda al crecimiento del país con justicia y equidad