La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio por las agresiones físicas que sufrió el periodista Tomás Eliaschev el pasado 13 de septiembre en una de las sedes de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), ubicada en Alsina 779, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Señor presidente:

El periodista Tomás Eliaschev, empleado del semanario Perfil, denunció que fue agredido el jueves 13 de septiembre por dos miembros de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) en la sede del sindicato ubicada en Alsina 779, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eliaschev y otros periodistas de Perfil realizaban un paro de actividades desde el martes 11 de septiembre, en rechazo del despido del editor de la empresa Alejandro Wall. El Ministerio de Trabajo había convocado a una audiencia para acercar a las partes en conflicto el miércoles 12 de septiembre, pero la reunión se frustró por la ausencia de los representantes de la UTPBA. Mientras el jueves 13 se desarrollaba una asamblea de empleados en la puerta de la sede del semanario, ubicada en Chacabuco 271, desde el interior de una camioneta Traffic blanca, estacionada en el lugar, arrojaron varios panfletos en los que la UTPBA hacía explícita su intención de desentenderse del conflicto gremial. El periodista Eliaschev se dirigió, entonces, a la sede del gremio de los trabajadores de prensa ubicada en la misma manzana de Perfil para pedir explicaciones por los volantes y exigir también que la UTPBA cumpla con su responsabilidad ante el reclamo de los trabajadores. Fue entonces cuando recibió golpes que le depararon una fractura en las celdillas etmoidales del ojo izquierdo y un corte de 4 centímetros en el cuero cabelludo.

Tomás Eliaschev realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Nº 2, ubicada en la calle Perú 1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nada advierte mejor sobre la importancia del periodismo que la censura con la que los autoritarios buscan, precisamente, cancelar la transacción de poderes y la dinámica social que detona el debate, condición indispensable del juego libre de las ideas. El derecho base sobre el que asientan todos los otros. Sólo ejerciendo la libertad de decir se puede advertir sobre la falta de libertad. Un valor universal, del que los argentinos no nos apropiamos totalmente. No sólo el Estado, que debe garantizar ese derecho que los medios viabilizan, un bien público de gestión privada, sino las mismas organizaciones de prensa, cuya marca trágica son los más de cien periodistas desparecidos. Las organizaciones de prensa, dominadas antes por el juego político, no han podido, todavía, democratizar sus organizaciones sin que importe la filiación o las ideologías de sus afiliados.

Por haber llegado tarde a la democratización, el país padece los mismos problemas de la concentración mediática de la globalización, la espectacularización de la información y la aparición de Internet, sin tener el colchón cultural de los derechos para atenuar la concentración económica. Así, las organizaciones de prensa debieron antes denunciar situaciones laborales de injusticia que promover el valor de la libertad de expresión y acompañar a los periodistas en sus reclamos por falta de libertad, por la censura encubierta escondida detrás de la distribución de la pauta oficial o por el temor a perder el trabajo, que es más eficaz que cualquier prohibición.

El derecho a la expresión es la base del sistema de libertades, ya que sólo con libertad se puede advertir o denunciar las cancelaciones de otros derechos. Un concepto base de las sociedades modernas que en nuestro país no termina de cuajar en una autentica cultura de respeto al otro, al que piensa diferente. En la Argentina de la confrontación, no se debe caer en la tentación de establecer quién tiene razón sino de reaccionar con la denuncia, el repudio y la solidaridad, toda vez que se restringe un derecho. En este caso, el de un periodista a manifestar con libertad para demandar por otro derecho laboral.

Nada advierte más sobre el fracaso de la política cuando el conflicto se reduce a su confrontación y no a su solución. Y si la riqueza de la democracia radica precisamente en que es el único sistema que legitima el conflicto, la solución sólo puede venir de la mano del respeto irrestricto al derecho del otro, sea dentro de una redacción o dentro del sindicato. Nunca de la violencia, la descalificación personal o ideológica, que entre nosotros se aplica como trompadas reales. La libertad, como derecho inalienable del hombre sólo por la dignidad inherente a su condición de persona, no admite ni interpretación ideológica ni apropiación por pura especulación política coyuntural. O nos subordinamos a esos derechos, y por eso el Estado debe garantizarlos, o se reconoce con honestidad que no se aceptan las reglas de la convivencia democrática.

En razón de estos argumentos solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.