La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Interior y Transporte, envíe a esta H. Cámara, información oficial y documentación respaldatoria sobre la adjudicación del control de la tarjeta SUBE, y un detalle de los siguientes puntos entre otros:

En que consiste el control de la tarjeta SUBE, y como fue implementado.

Detalle cronológico de este proceso licitatorio, desde iniciación de expediente administrativo.

Oferentes que se presentación a tal licitación

Criterios de adjudicación.

Antecedentes de la empresa adjudicada en este rubro de actividades.

Antecedentes regístrales en nuestro país de la empresa adjudicada en los organismos públicos tales como Inspección General de Justicia, A.F.I.P. en impuestos nacionales y como empleador, Dirección General de Rentas, entre otros.

Adjuntar copia oficializada y certificada del expediente licitatorio donde incluya el decreto de adjudicación.

Señor presidente:

Se ha tomado conocimiento a través de medios de prensa que el Gobierno nacional entregó en concesión a la empresa Global Infrastructure (GI), el control de la tarjeta SUBE para todo el transporte de colectivos, trenes y subtes en la Capital Federal y gran Buenos Aires.

Según indica la información periodística, esta empresa británica encabezó el consorcio integrado por ex asesores de Transporte que ganaron la licitación para controlar la SUBE, pese a que la consultora internacional PWC realizó una oferta $ 10 millones más económica por el trabajo. El concurso público quedó en la mira de la Justicia en la Argentina, que investiga supuestas irregularidades en la asignación del contrato de $ 65 millones.

Por su parte, las autoridades británicas posaron la lupa sobre Global Infrastructure (GI), desde Companies House, que es el registro oficial de corporaciones de Inglaterra, e informaron que la empresa quedó bajo proceso de investigación. Según esta publicación, la empresa británica omitió informar a las autoridades locales sobre sus contratos por $ 65 millones con la Secretaría de Transporte. Esta omisión, sumado a otras irregularidades administrativas, motivó la investigación por parte del gobierno británico.

Al parecer, Global Infrastructure (GI) no tiene oficinas en Buenos Aires. En su supuesta casa matriz, en un pueblo inglés, funciona una peluquería. Nadie sabe dónde trabajan sus empleados extranjeros ni a qué se dedican, pero cobran en dólares. El derrotero de GI en Inglaterra despierta misterio. La compañía todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado. La empresa fue inscripta el 22 de junio de 2009 en Companies House, entidad que reporta a la Secretaria de Estado para el Comercio y la Industria británica. Se registró con el domicilio 78 York Street, de Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada ante la Inspección General de Justicia de la Argentina. Meses después, GI informó su cambio de domicilio a Bicester, una localidad inglesa de 29.000 habitantes. El diario LA NACION reveló que en la fachada principal de Claremont House, su

dirección en el pueblo, funciona una peluquería. En el contrafrente opera un estudio de contadores que se encarga de recibir su correspondencia. Ese es el único contacto británico de la empresa que controla el funcionamiento de la SUBE.

También publica este medio periodístico que Stephen Chandler, dueño de GI, es el máximo responsable de controlar la SUBE. El consultor británico, que pronuncia pocas palabras en español, cobra 40.000 dólares mensuales como "jefe de proyecto"; casi 2 millones de dólares por los cuatro años de contrato.

Algunas omisiones llamaron la atención de las autoridades británicas, como por ejemplo que Chandler registró a GI con "cuenta durmiente" (dormant account). "Ese status sólo se puede utilizar cuando la compañía está literalmente "durmiente", es decir que no opera para nada o lo hace por montos muy pequeños", explicó a LA NACION Neil White, vocero de Companies House. Y señaló que, por sus contratos de $ 65 millones con la Secretaría de Transporte de la Argentina, quedó "inmediatamente" bajo investigación. "Ciertamente no entra dentro del criterio de una cuenta durmiente",

La rapidez de las autoridades británicas está vinculada a que la firma ya se encuentra en infracción por no haber cumplido con la entrega de sus cuentas anuales que deberían haber sido presentadas el 31 de marzo. Hace dos meses, Companies House envió una carta documento alertándola de los costos y riesgos de la demora. Por el momento pagará multas de 1125 dólares; pero puede aumentar hasta los 2250 dólares si no regulariza su situación en los próximos seis meses. Pasado ese plazo, la compañía será retirada del registro, sus bienes confiscados y sus directivos serán pasibles de sufrir sanciones penales que incluyen la prisión.

La empresa británica, que cuenta con un capital formal de 100 libras esterlinas, tampoco dio cuenta aquí de la apertura de sucursales en el exterior. El 15 de octubre de 2010, Global Infraestructure Group fue inscripta en la Argentina. En ese entonces, la licitación para supervisar la SUBE ya estaba en su última etapa.

A criterio de este legislador se tiende un manto de sospecha acerca de la adjudicación del control de la tarjeta SUBE, como así también de los criterios utilizados para su adjudicación y a la empresa que se le termino adjudicando. El órgano natural y lógico de control sobre esta información, es esta H. Cámara

de Diputados, por lo que es necesario tomar conocimiento de dicha información y documentación respaldatoria.

Por estos breves fundamentos y los que oportunamente se darán a conocer es que solicito se apruebe el siguiente Proyecto de Resolución.