La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la decisión de distintas Unidades Académicas del Sistema Universitario Nacional de rechazar los fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio - YMAD, contemplados en el art. 18º inc. c de la Ley 14.771 y conformar equipos o comisiones de investigación sobre las consecuencias ambientales, sociales, económicas que la misma está ocasionando dentro del Territorio Nacional.

Señor presidente:

Hoy en día, nuestras Universidades Nacionales de gestión estatal se encuentran frente a un debate que se torna de gran importancia: Cuál es el rol de la Universidad Pública en términos de aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al cuidado de los recursos naturales y al bienestar social. Por otro lado, se presenta un dilema que es central a la hora de pensar nuestro sistema educativo superior y sus objetivos: qué recursos financieros alternativos al Estado recibe, de dónde provienen esos fondos y qué daños sociales, ambientales y económicos provocan las empresas que los distribuyen.

Creemos que es necesario recuperar el rol activo de las Universidades en la toma de desiciones sobre el capital alternativo y el compromiso social que asumen para con la sociedad y el país. Esto, deberá ir acompañado de un profundo compromiso por parte del Estado en sus diversas instancias para incrementar el presupuesto destinado para la Educación superior evitando ahogos presupuestarios y definiendo una nueva reglamentación que garantice la responsabilidad indelegable del Estado en el financiamiento del sistema educativo superior, derogando la ley vigente desde 1995 la cual perpetuó un modelo de concentración de poder, de reducción de las capacidades de investigación, de degradación del título de grado, el ingreso de grandes cantidades de capital "alternativo" que en los peores casos ha condicionado los planes de estudio y puesto en discusión el nivel de autonomía de las Universidades frente al poder económico concentrado.

Estamos discutiendo en el ámbito de la comisión de educación de la Cámara de Diputados cuáles deben ser las bases, objetivos y características que debe tener nuestro sistema de Educación Superior, como elemento estratégico del desarrollo del país y como espacio de formación de profesionales comprometidos con su pueblo, con la realidad social, económica, ambiental del País.

Tenemos claro que el yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. en la localidad de Belén, Catamarca, fue descubierto por el Dr. Abel Peirano y registrado a nombre de la Universidad de Tucumán en 1948. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento, por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal creada en 1958 por ley 14.771, integrada por el Estado Nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.

Para poder explotar la mina (el Código de Minería prohíbe al Estado hacerlo en forma directa) YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas (UTE) con la trasnacional La Alumbrera Ltd, compuesta por la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold.; por tal razón YMAD recibe el 20% de las ganancias de la explotación.

La Alumbrera fue pionera en lo que se denomina "megaminería metalífera a cielo abierto"; hoy es el proyecto en funcionamiento más grande del país. Considerando las declaraciones juradas presentadas por la empresa - único mecanismo de control- se calcula que exporta un promedio anual de 180.000 tn de cobre y 600.000 onzas troy de oro, en momentos que el precio internacional supera los 900 dólares la onza. Ubicada en zona árida, utiliza 100 millones de litros de agua por día y consume el 87% del total de energía eléctrica de su provincia, el 37% de todo el noroeste argentino.

De acuerdo al artículo 18 de la ley mencionada, de ese porcentaje de ganancias YMAD debe distribuir un 60% para la provincia de Catamarca y un 40% para la construcción del campus de la Universidad Nacional de Tucumán. Finalizada esta obra, debe girar un 20% para la Universidad de Tucumán y el 20% restante al Consejo Interuniversitario Nacional para las demás universidades.

Pasados 11 años de su puesta en marcha, La Alumbrera comenzó el año pasado a desembolsar los fondos para las universidades; casualmente el mismo año en que la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la firma Julián Rooney, por los niveles de metales hallados en los afluentes arrojados en el canal DP2 en las provincia de Tucumán, que desemboca en el Embalse de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El CIN aceptó sin cuestionamientos 50 millones de pesos en 2008 (Ac. Pl. Nº 672/08) y casi 37 millones en 2009 (Ac. Pl. Nº 699/09). Sin embargo se ha abierto un debate en el ámbito universitario por la aceptación o no de estos fondos. En algunos casos optaron por su rechazo: las Facultades de Psicología y de Filosofía, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba; la regional Esquel de la Universidad de la Patagonia, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En otros, los fondos se aceptaron pero con mociones de disidencia en minoría, como en la UBA, o la Universidad de San Juan, algunas Facultades de la Universidad del Litoral, entre otras.

Otras además, optaron por investigar las consecuencias de la actividad minera en el país, para luego pronunciarse públicamente sobre el tema, como es el caso del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y la mencionada Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El hecho de que los fondos que se giran lo hacen en cumplimiento de una ley; las necesidades presupuestarias, los cuestionamientos a los enormes privilegios de la actividad minera y a su impacto ambiental; la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales; las distintas visiones sobre cuál debiera ser el accionar de la comunidad universitaria hacia su interior y de cara a la sociedad son los principales ejes que sustentan este complejo debate abierto. La nota enviada por docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Catamarca a su Rector al momento de decidir sobre los fondos, resulta oportuna para aclarar algunos puntos:

"(...) Cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la 'entrega' de sus yacimientos a 'empresas foráneas'. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos (...). Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos.

Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: 'YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.'

En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el 'desarrollo nacional' y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminación cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.

Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los '90 (Leyes 24.196 y sus correlativas), provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la 'industria minera' a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos 'a cielo abierto' con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado (...).[1]

En Latinoamérica, los impactos ambientales negativos de estas grandes trasnacionales que operan en el sector no son "la falla" o la "exepción"; son la consecuencia directa de las ventajas comparativas que ellas mismas propiciaron para radicarse en estas tierras. En los países centrales de origen, la rigurosa legislación vigente impidió que pudieran mantener sus tasas de ganancia y al mismo tiempo responder a los resguardos ambientales que demanda la tecnología utilizada. Así, Xstrata enfrenta denuncias, multas y causas judiciales abiertas en Perú y Colombia; Goldcorp Inc. en Honduras, Guatemala, México y República Dominicana; y Yamana Gold en Honduras, por mencionar sólo los casos en Latinoamérica de quienes integran La Alumbrera.

Como respuesta a las voces críticas, hacen uso del "clientelismo" con donaciones sistemáticas a instituciones públicas acompañadas de ostentosos actos publicitarios a favor de las empresas involucradas fabricando "consensos mineros" que dificultan claramente cualquier intento de control desinteresado. Si el aporte económico no es suficiente para sus objetivos, utilizan el lobby político en altas esferas de los gobiernos, como con el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares. Y si el lobby no alcanza, rápidamente acuden al resto de sectores de poder económico para promover lisa y llanamente la destitución de aquellos gobiernos que deciden recuperar soberanía, como el caso de Goldcorp Inc y Yamana Gold en apoyo al golpe que destituyó al presidente Zelaya en Honduras, días antes de que el parlamento iniciara el debate para modificar la legislación minera.

Retomando aquello que planteábamos arriba, creemos firmemente en la necesidad de tomar posición frente a estos hechos. Las Universidades son públicas, gratuitas y autónomas, por lo tanto reivindicamos su derecho a analizar, evaluar y definir el rechazo de los fondos provenientes de una experiencia que devino en el abuso de los Recursos Naturales, afectando comunidades, destruyendo el agua, la tierra y el aire, con causas judiciales abiertas y miles de denuncias realizadas.

Creemos por esto necesario apoyar y promover la decisión tomada en las casas de estudio antes citadas para fortalecer la visión de que la universidad no es una isla, no es un negocio; es el espacio estratégico de formación de profesionales con conciencia de la necesidad de políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de toda la población.

Por último, entendemos que el Congreso Nacional debe ser consecuente con aquello que reclama a las universidades y organismos universitarios y repensar la situación de la explotación de los Recursos Naturales, fomentando la Soberanía Nacional y reformulando aquellas leyes vigentes para que el desarrollo sustentable deje de ser una mera construcción discursiva y se torne un pilar de la política de Estado.

[1] La nota enviada al Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Flavio Fama, el 17 de junio de 2009, lleva las firmas de Elsa Ponce (DNI 17.529.677); Carlos Fígari (DNI 17.784.490); Alejandro Haber (17.365.319); Juan Manuel March (DNI 17.755.111); Luis Alberto Reyes (DNI 6.655.498); Horacio Machado Aráoz (DNI 21.325.778); Valentín González (DNI 8.157.148); Carina Jofré (DNI 25.995.603); Luis Ibáñez (DNI 14.058.716); Héctor Ariel Feruglio (DNI 25.117.242); María Martha Ríos (DNI 18.060.665); María Teresa Cano; Nelson Mercado (DNI 35.391.503); José M. Agüero (36.029.358); Ana Laura Vera (DNI 35.286.155); Gustavo Vera; Cristina Visñovezky (35.388.113); Jorge Alberto Perea (DNI 21.661.083); Maximiliano Arréguez (DNI 35.389.030); Laura Roda (29.311.863); Enzo M. Acuña (DNI 31.450.884); Cristian A. González (DNI32.445.289); Leandro D'Amore (DNI 23.958.650); Vanina Picapietra (DNI 27.848.376); Débora Egea (DNI 34.927.220); Selene Araya (P 17016879-8); Mariana Barrionuevo (DNI 30.121.953); Rocío Carolina Mallea (DNI 33.935.357); Nicolás M. Ahumada (DNI 33.550.192); Marcia Vergara (DNI 34.243.328); Enrique A. Moreno (DNI 27.957.535); Pablo Olea (DNI 30.319.575); Pablo Romero (DNI 32.750.273); Sergio Silva (DNI 29.310.737); Gilda Saquilán (DNI 35.500.999); Georgina Ríos (DNI 39.015.238)