La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por el anuncio de la petrolera británica Rockhopper Exploration que invertirá dos mil millones de dólares en la perforación de un pozo en Malvinas, una nueva medida de carácter unilateral por parte del gobierno británico que contraviene expresamente los compromisos de cooperación asumidos por ambos países y resoluciones de las Naciones Unidas, a la vez que demanda al Poder Ejecutivo Nacional sostener y reforzar la política diplomática tendiente a lograr que el Reino Unido de Gran Bretaña cumpla con las resoluciones de los organismos internacionales que lo instan a negociar la soberanía de las islas con nuestro país.

Señor presidente:

El anuncio de la petrolera británica Rockhopper Exploration que invertirá US$ 2.000 millones en la perforación de un pozo en Malvinas, constituye una nueva medida de carácter unilateral por parte del gobierno británico que contraviene expresamente los compromisos de cooperación asumidos por ambos países y resoluciones de las Naciones Unidas.

Rockhopper anunció en Londres, que espera comenzar a extraer crudo en 2016, y que la producción alcanzaría un máximo de 120.000 barriles diarios para 2018.

Contrariamente a las dudas expresadas por los analistas del sector petrolero, Rockhopper estima que las reservas en Malvinas son de 350 millones de barriles de petróleo, más de US$ 40.000 millones a los valores actuales. La empresa cuenta con el aval del gobierno conservador de David Cameron y de la administración local de las Malvinas.

Cabe recordar que en 1995 se firmó la "Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental", la cuál disponía que la cooperación tuviera lugar en las áreas marítimas adyacentes a las Islas Malvinas sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción. Pero de inmediato surgieron importantes diferencias de interpretación entre las partes: mientras para Argentina el área comprendida por la Declaración era de 430.000 km2, el Reino Unido consideraba que se limitaba a un área de cooperación especial de sólo 21.000 km2.

Producto de esta interpretación capciosa, a los pocos días de firmada la Declaración, el Reino Unido lanzó una licitación unilateral en el área en disputa. Cinco años más tarde, en julio de 2000, ambas partes acordaron una "pausa de reflexión" para intentar solucionar sus diferencias de interpretación. Sin embargo, el Reino Unido continuó adoptando medidas unilaterales, obligando a nuestro país a dar por terminada la Declaración en 2007.

Las Naciones Unidas siempre instaron a ambos países a negociar para encontrarle una solución pacífica al diferendo. Ello se plasmó en la Resolución 31/49 de la Asamblea General que solicitó "a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de las Naciones Unidas". Ese diálogo, se había iniciado luego de la resolución 2065 de 1965, pero fue interrumpido con la guerra de 1982.

A casi tres décadas del enfrentamiento bélico, existe un mandato constitucional que nos obliga a los argentinos a resolver esta controversia por medios pacíficos y de acuerdo con el derecho internacional. Esa decisión de estado se vio apoyada por la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de América Latina y el Caribe realizada recientemente en Cancún, la que se sumó a otros pronunciamientos similares recientes de las Naciones Unidas, la OEA y otros foros.

Pero, paralelamente a la reafirmación de los derechos de la República Argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que integran su territorio nacional, es necesario tomar medidas que, en el marco del estado de derecho, sanciones a quienes burlen dicho reclamo.

Queda absolutamente claro que el Atlántico Sur se ha convertido para gran Bretaña en uno de los ejes centrales donde se disputará el dominio geopolítico y neoeconómico, lo cuál se evidencia en la decisión de una empresa británica de invertir U$S 2.000 millones para la explotación de hidrocarburos al norte de las islas.

Frente a esto, tenemos el deber de prestar debida cuenta del fenómeno y actuar en consecuencia, lo cuál exigiría de la Cancillería argentina una política más incisiva, coherente y sostenida en el tiempo.

En ese sentido, y más allá de nuestro mandato constitucional de resolución del conflicto por la vía diplomática, volvemos a insistir con nuestra extrema preocupación sobre el estado de precariedad de nuestras Fuerzas Armadas para defender nuestro territorio nacional y en particular nuestra plataforma marina.

Casi todos los países del mundo desarrollan un poder de fuego disuasivo suficiente y necesario como para poner límites de resguardo a la prepotencia y ambición de otros. Sin embargo, en nuestro caso, no podemos pensar en ningún tipo de acción disuasoria porque carecemos de capacidad logística, operativa y de medios para hacernos respetar.

Más allá de nuestro repudio, cumplimos con el deber de instar al Poder Ejecutivo Nacional a redoblar y sostener de manera permanente todos los esfuerzos diplomáticos para obligar a Gran Bretaña a negociar la soberanía de Malvinas, a la vez que llamar nuevamente la atención sobre el estado de precariedad y falta de poder de disuasión de nuestras Fuerzas Armadas.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.