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PROYECTO DE TP
Expediente 4618-D-2008
Sumario: MARCO REGULATORIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO CLIMATICO.
Fecha: 29/08/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 109
El Senado y Cámara de Diputados...
Marco Regulatorio de Políticas Públicas
para el Cambio Climático
Artículo 1º.- Objeto. Ámbito de
Aplicación
La presente ley tiene por objeto establecer
un marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas de adaptación al cambio
climático y mitigación de las causas que lo producen y sus efectos adversos.
Sus disposiciones rigen en todo el territorio
de la Nación, respetando las particularidades provinciales y locales.
Artículo 2º.- Responsabilidades. Acciones
El Estado Nacional, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables, en forma concurrente, del diseño,
implementación y financiamiento de las siguientes acciones:
a) Promover investigaciones
tendientes a la generación de escenarios climáticos para las distintas regiones del
país.
b) Fortalecer los sistemas de alerta
temprana de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos.
c) Evaluar la vulnerabilidad de los
sistemas naturales y de los diferentes sectores socioeconómicos, frente a las
consecuencias del cambio climático.
d) Planificar un ordenamiento
territorial que contemple el uso del suelo de manera ambientalmente sustentable.
e) Desarrollar métodos y
herramientas para la adaptación al cambio climático con miras a prevenir los daños
ambientales, económicos y sociales que pudiera provocar el mismo y potenciar sus
aspectos favorables.
f) Implementar un programa
integrado de manejo costero destinado a preservar los ecosistemas y proteger los
centros poblados ubicados en las áreas más vulnerables.
g) Impulsar la adecuación y
concreción de obras de infraestructura destinadas a reducir los efectos de las
inundaciones.
h) Desarrollar actividades de
forestación y proteger los bosques nativos en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
26.331.
i) Otorgar incentivos fiscales y
crediticios a productores y consumidores para la inversión en tecnologías, procesos y
productos de baja generación de gases de efecto invernadero (GEI).
j) Propiciar la implementación de
planes de eficiencia energética por parte de los distintos sectores productivos.
k) Impulsar el desarrollo y la
utilización de fuentes de energía limpias y alternativas a los combustibles fósiles.
l) Promover inversiones en el
fortalecimiento de los sistemas de transporte público de pasajeros y la utilización de
medios menos contaminantes.
m) Instrumentar mecanismos de
evaluación ambiental estratégica (EAE), con carácter previo a la implementación de
programas y planes de desarrollo económico.
n) Fomentar el uso de indicadores de
sostenibilidad.
o) Promover la minimización y el
reciclado de residuos.
p) Realizar campañas de
concientización pública sobre el cambio climático.
q) Establecer convenios de
cooperación regional e internacional en la materia.
Artículo 3º.- Mesa Federal
Constituyase la Mesa Federal de Cambio
Climático presidida por el/la titular de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación e integrada por las máximas autoridades ambientales de las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Plan Nacional
En el seno de la Mesa Federal de Cambio
Climático, se elabora anualmente un plan nacional a través del cual se coordinan las
acciones previstas en el artículo 2º, se determinan las referencias iniciales, se dispone
un cronograma temporal de ejecución, se definen las metas a alcanzar y se evalúa su
cumplimiento.
Artículo 5º.- Compromiso
Presupuestario
En el marco del plan nacional se establece
el porcentaje de recursos que las jurisdicciones se comprometen a destinar, en cada
ejercicio presupuestario, al desarrollo de las acciones contenidas en el mismo.
Artículo 6º.- Conferencia Permanente
Créase la Conferencia Permanente sobre
Cambio Climático, como ámbito público no estatal de consulta, debate, formulación de
propuestas y seguimiento de la presente ley.
Artículo 7º.- Convocatoria.
Participación
La Mesa Federal convoca a participar de la
Conferencia Permanente sobre Cambio Climático a expertos en la materia,
representantes de las Universidades Nacionales, las organizaciones ambientalistas, las
organizaciones sindicales y empresariales de los distintos sectores productivos, las
organizaciones de usuarios y consumidores, las asociaciones profesionales y otras
entidades no gubernamentales vinculadas a la temática.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calentamiento atmosférico es una
problemática compleja de alcances mundiales, estrechamente vinculada a temas
cruciales como la lucha contra la pobreza, la superación de las desigualdades existentes
entre las distintas regiones del planeta, el desarrollo socioeconómico, el uso de la tierra,
la provisión de alimentos y, entre otros, el crecimiento demográfico.
En aras a generar una conciencia pública
de carácter internacional, en relación a la urgencia de adoptar medidas tendientes a
mitigar las causas y los efectos adversos del calentamiento atmosférico, el 9 de mayo de
1992, fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), que entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y a la que adhirieron la
mayor parte de los países.
Dicha Convención quedó complementada,
el 11 de diciembre de 1997, con el Protocolo de Kyoto que se planteó como objetivo la
reducción de un 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales,
tomando como base los niveles de 1990, para el período 2008-2012.
Ese acuerdo entró en vigor, el 16 de
febrero de 2005, después de su ratificación por parte de un conjunto de países que
suman más del 55% de las emisiones. Sin embargo, la no adhesión de los Estados
Unidos y otros países fuertemente industrializados, ha limitado las posibilidades de éxito
de su implementación.
No obstante, en estos años mucho han
avanzado los debates y las investigaciones sobre este tema y es así como, en el año
2007, los máximos expertos en clima de todas las naciones del mundo produjeron el
Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC) - organismo creado por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Cuando hablamos de cambio climático
estamos haciendo referencia a la variación significativa y persistente del clima durante
un período largo de tiempo, susceptible de producir impactos en el medio físico,
económico y social.
Las principales causas de tales variaciones
son: la quema de combustibles, la producción de cemento, la deforestación, la
agricultura, la ganadería, los residuos, las actividades industriales que usan refrigerantes
líquidos y eléctricos, aerosoles y espumas plásticas. Estas son todas actividades que
generan cambios en la composición de la atmósfera a partir de la emisión de gases de
efecto invernadero (GEI).
Desde esta perspectiva, el Cuarto Informe
del IPCC - que mencionáramos párrafos atrás - no es uno más, en tanto el mismo
constituye la primera oportunidad en la que se confirma que el calentamiento del
sistema climático es un hecho y que la acción antropogénica influyó en el mismo.
En ese sentido, consideramos provechoso
incluir en estos fundamentos las principales conclusiones a las que, por consenso,
arribaron los expertos integrantes del Panel, divididos en tres Grupos de Trabajo, a
través de los cuales se abocaron a analizar los múltiples aspectos del cambio
climático.
El primer Grupo (GT1), reunido en París
hacia febrero de 2007, reveló que el calentamiento del sistema climático es inequívoco,
tal y como los evidencian las observaciones de los incrementos en las temperaturas
medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve, y el
aumento medio global del nivel del mar.
De la misma manera, destacó que las
concentraciones globales de gases de efecto invernadero en la atmósfera han
aumentado marcadamente desde 1750, como resultado de las actividades humanas, en
particular, el incremento en la concentración de dióxido de carbono se debe
fundamentalmente a los combustibles fósiles así como a los usos y cambios de usos del
suelo, mientras que el aumento del metano y del óxido nitroso se debe principalmente a
la agricultura.
Por su parte, el segundo Grupo (GT2),
reunido en Bruselas hacia abril de 2007, evaluó la vulnerabilidad de los sistemas
socioeconómicos y naturales ante el cambio climático, las consecuencias negativas y
positivas de dicho cambio, y las posibilidades de adaptación al mismo.
En su trabajo se pone de manifiesto, a
partir de la observación de todos los continentes y de la mayoría de los océanos, que
muchos sistemas naturales están siendo afectados por cambios climáticos regionales,
particularmente por el aumento de la temperatura. Debido al aumento del nivel del mar,
los sistemas costeros y las áreas bajas estarán expuestos a una erosión creciente, y
muchos millones de personas sufrirán el efecto de esas inundaciones hacia el año
2080.
Particularmente para Latinoamérica, este
Grupo anticipó con un "alto nivel de confianza", que para mediados de esta centuria
habrá una pérdida significativa de biodiversidad, como consecuencia del reemplazo
gradual de las selvas tropicales por sabanas, y de las áreas semiáridas por zonas áridas.
El aumento del nivel del mar provocará inundaciones en las zonas costeras bajas, y
disminución de la disponibilidad de agua potable.
Asimismo, el GT2 pronosticó como
"virtualmente cierto" que, para mediados de este siglo, aumentará significativamente la
frecuencia de eventos climáticos extremos, lo que acarreará graves consecuencias para
la agricultura, la disponibilidad de recursos hídricos y energía, la calidad del aire de las
ciudades, el transporte, el comercio, la salud y el hábitat humanos.
Finalmente, en Bangkok hacia mayo de
2007, el tercer Grupo de Trabajo (GT3) consideró que las emisiones de GEI han
aumentado desde los tiempos preindustriales, con un incremento del 70% entre 1979 y
2004 y que, con las actuales políticas de mitigación del cambio climático y las prácticas
de desarrollo sustentable relacionadas, las emisiones globales de GEI seguirán creciendo
durante las próximas décadas.
En ese punto y en cuanto a las
posibilidades de mitigación en el corto y mediano plazo (antes del año 2030), el Grupo
señaló que hay un potencial económico sustancial para lograr la reducción de las
emisiones globales de GEI durante las próximas décadas, neutralizando el crecimiento
proyectado de esas emisiones o, incluso, llevándolas por debajo de los niveles
actuales.
En igual sentido, señaló que todas las
metodologías de estudio indican que la reducción en la polución del aire (resultado de la
disminución de las emisiones de GEI) puede resultar, en el corto plazo, en beneficios
para la salud tan significativos como para compensar una fracción sustancial de los
costos de esa mitigación.
También, planteó que la inversión en
nueva infraestructura energética en los países en desarrollo, la modernización de la
actual infraestructura energética en los países industrializados, así como la
implementación de políticas que promuevan la seguridad en la disponibilidad de energía
(creación de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles) pueden lograr la
reducción de emisiones de GEI. Los beneficios adicionales de ello incluyen la supresión
de la polución del aire, la mejora en las balanzas comerciales, la provisión de servicios
modernos de energía para las áreas rurales y el empleo.
Los expertos llamaron la atención sobre la
importancia del rol de los gobiernos en la aplicación de políticas de mitigación tales
como la fijación de un precio real o implícito al carbono, la creación de incentivos para
productores y consumidores a efectos de fomentar inversiones en productos y procesos
de baja producción de GEI, y el apoyo al desarrollo de tecnología e innovación efectiva,
a través de contribuciones financieras, créditos impositivos y creación de mercados.
Nuestro país no es una excepción al
escenario mundial descripto en el Informe mencionado. Así lo evidencian los trabajos de
investigación desarrollados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
(CIMA) del Consejo Nacional de Investigaciones Ciencia y Tecnología (CONICET) que, a
partir de las proyecciones para América del Sur de distintos modelos globales de clima,
indican que la Argentina será cada vez más cálida en el período 2020-2040.
Conforme estas proyecciones, el aumento
de la temperatura será, en promedio, de un grado para todo el país. Se elevarán las
temperaturas máximas pero más aún lo harán las mínimas. El norte tendrá las mayores
expectativas de calor, con una posible suba de 1,8º C en la temperatura media anual,
mientras que para la Patagonia habría un incremento de 0,6º C y para la Región Central
uno de 0,4º C.
De la misma manera, se ha observado un
aumento de la frecuencia de fenómenos extremos y de su intensidad. Las olas de calor
son cada vez más fuertes y los episodios de lluvias torrenciales se han vuelto más
asiduos, generando un aumento de la vulnerabilidad social y de la infraestructura.
La frecuencia de eventos de precipitación
que exceden los 100 mm en el centro y este de Argentina se ha triplicado durante los
últimos cuarenta años. Se registraron casos en los que en cuarenta y ocho horas puede
llover hasta el diez por ciento del promedio de precipitaciones esperado para todo el
año. En el centro y norte del país, cayeron entre 1956 y 1991, entre un 10 y un 40 por
ciento más de lluvias. En este período, la pampa húmeda registró un incremento de
200 mm y lo mismo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.
En los valles del Paraná, Uruguay y
Paraguay, las inundaciones se han vuelto más frecuentes desde 1975. Doce de las
dieciséis mayores descargas mensuales del Paraná a la altura de Corrientes se
registraron en los últimos veinticinco años. En tanto, en el caso del Uruguay, ninguno de
los mayores picos de crecida, desde 1950, tuvo lugar antes de 1970.
Según datos del Banco Mundial del año
2001, la Argentina se encuentra entre los catorces países más afectados por las
inundaciones, con pérdidas estimadas en más de 1.1 % de su Producto Bruto Interno
(PBI). Los efectos del cambio climático afectarán particularmente el estuario del Río de
la Plata y la costa de la Provincia de Buenos Aires.
En contraposición, en las regiones de Cuyo
y Comahue que son áreas de pocas lluvias, cada vez se registran en menos cantidad. A
esto, se suma que como la nieve no llega a formarse en la misma proporción que antes
porque las temperaturas son altas en la Cordillera, los ríos alimentados por el deshielo -
como el Atuel, el Neuquén, el Colorado y el San Juan - disminuyen su caudal, afectando
la disponibilidad presente y futura de agua.
Se registra, también, un retroceso glaciar
generalizado en los Andes Patagónicos.
Agravando lo anterior, el proceso de
expansión de la frontera agrícola que tuvo lugar en nuestro país se hizo sin ninguna
planificación, poniendo en severo riesgo de desaparición a importantes comunidades
vegetales, cuyas áreas de distribución coinciden con las mejores tierras agrícolas. Tal
es el caso del bosque de tres quebrachos, en el sudoeste de la Provincia del Chaco y
Este de Santiago del Estero, y la transición entre el bosque chaqueño y el bosque
pedemontano de las Yungas en Salta.
Esta expansión se vio favorecida por el
aumento de las lluvias en distintas áreas que convirtieron en aptos para la siembra a
terrenos hasta ayer dejados de lado. Sin embargo, en los últimos años se ha
manifestado en distintas zonas una marcada reversibilidad climática hacia los valores
históricos, que son mucho más secos. En estas condiciones, los planteos puramente
agrícolas implican grandes riesgos de pérdida de cosechas y de desertificación, lo que se
agrava por la virtual falta de rotación de los campos.
A esta situación climática, se le suma una
de carácter socioeconómico. A diferencia de la tradicional estructura agraria de
provincias como el Chaco, basada en colonias de pequeños productores, la mayor parte
de los actores del actual proceso de expansión de la frontera agropecuaria son grandes
o medianos productores. Sumado a esto, la notable sustitución de un cultivo
fuertemente demandante de mano de obra como el algodón por la soja, generó una
marcada caída del empleo rural, con severas consecuencias en la estructura social.
Otro efecto adverso del cambio climático
que afecta directamente la salud de la población, es el referido a la expansión de las
áreas de contagio de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como son la
malaria, el dengue y el chagas.
Lo expuesto hasta aquí determina la
urgencia de recoger las premisas y recomendaciones formuladas por los distintos
Grupos de Trabajo, precedentemente mencionadas, en una ley que sirva de marco
normativo a la generación de políticas públicas vinculadas al cambio climático, teniendo
en cuenta las características y necesidades propias de las distintas zonas de nuestra
geografía.
Ese es el objeto del proyecto cuya
aprobación venimos a proponer, poniendo en cabeza del Estado Nacional, las Provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos, la responsabilidad de desarrollar acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático.
Cuando hablamos de mitigación nos
referimos a las intervenciones humanas que actúan sobre las causas del cambio
climático para reducir sus efectos negativos o adversos. La adaptación, por su parte,
define al ajuste de los sistemas naturales y humanos frente a entornos nuevos o
cambiantes que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.
Sobre esa base, entendemos necesario
enumerar expresamente aquellas acciones cuya ejecución resulta imprescindible para
abordar los distintos aspectos que hacen a la problemática del cambio climático en
Argentina.
Tal es el caso de la promoción de
investigaciones con el objeto de generar escenarios climáticos regionales y,
directamente vinculados a ella, el desarrollo y la aplicación de métodos y herramientas
para evaluar la vulnerabilidad y las potencialidades de adaptación al cambio climático de
los sistemas ecológicos y de los diferentes sectores socioeconómicos de nuestro
país.
Directamente relacionado a la
jerarquización presupuestaria del Servicio Meteorológico Nacional, se plantea oportuno
incorporar acciones destinadas al fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de
fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos, como es el caso de los tornados
que se harán cada vez más comunes.
El impacto negativo que tendrá el
calentamiento terrestre en la producción agrícola, ganadera y de frutas en sus actuales
zonas de cultivo y desarrollo, debe ser paleado a través de la planificación de un nuevo
ordenamiento territorial que contemple el uso del suelo de manera ambientalmente
sustentable.
En algunos casos, la producción podría
beneficiarse si ésta fuese trasladada a regiones donde las proyecciones del cambio
climático aseguraran condiciones climáticas más propicias. Así lo demuestran
experiencias exitosas de países desarrollados como, por ejemplo, los viñedos en el sur
de Inglaterra o el café en Brasil.
No obstante, antes de avanzar en la
extensión de las fronteras agrícolas deberían analizarse integralmente las consecuencias
ambientales, sociales y económicas, para garantizar que no se produzcan mayores
daños que aquellos que se pretenden evitar y superar de esta forma, el esquema de
adaptación autónoma que, sostenido en decisiones individuales tomadas en respuesta a
los efectos del cambio climático, fue el que primó hasta ahora en nuestro país.
En este punto, no debería autorizarse
ningún aumento de superficie para los grandes campos que presenten bajos
rendimientos de carne y granos. Tampoco se puede perder de vista que, con sólo
aplicar tecnologías simples, se lograría producir más en la misma superficie que hoy se
explota.
Se trata, en definitiva, de aplicar los
conocimientos que existen para lograr una producción sustentable que afecte lo menos
posible al ambiente, y hacerlo de modo responsable, consensuado y programado como
instrumento de mitigación de los efectos del cambio climático y adaptación al
mismo.
Frente a la situación de riesgo en la que se
encuentran muchas zonas costeras de nuestro país, como consecuencia de los cambios
del nivel del mar y el aumento de fenómenos erosivos agravados, urge avanzar en la
implementación de un programa integrado de manejo costero que incluya, entre otros
aspectos, la posibilidad de un retroceso planificado, la modificación de códigos de
edificación, la preservación de los ecosistemas en peligro y la protección de los centros
poblados.
En igual modo, urge asumir como
prioritaria la proyección y el financiamiento de obras de infraestructura - puentes,
canales, diques y defensas - tendientes a reducir los efectos que están produciendo las
inundaciones.
Con miras a reducir la generación de gases
de efecto invernadero (GEI) es de vital importancia propiciar el otorgamiento de
incentivos fiscales y crediticios a la inversión en tecnologías no contaminantes así como
la implementación de planes de eficiencia energética capaces de producir buenos
resultados en el corto plazo y la utilización de fuentes de energía limpias y alternativas a
los combustibles fósiles que hoy representan casi el 90% de nuestra estructura
energética.
Cabe considerar que la Argentina ocupa
como emisor de gases de efecto invernadero (GEI) el 24º lugar a nivel mundial y el 3º
en América Latina, con tendencias a aumentar. En cuanto a la participación de los
sectores en la producción de tales gases, el 47% corresponde al energético, el 44% a la
agricultura y la ganadería, el 5% a los residuos y el 4% al industrial.
Es necesario compatibilizar lo anterior con
la protección de los bosques nativos y la concreción de actividades de forestación. Esto
tiene que ver con que, si bien la producción de biocombustibles puede ser ventajosa con
respecto al nivel de emisiones generadas por los combustibles fósiles, si se producen a
partir de campos que estaban originalmente ocupados por bosques que fueron
desmontados y quemados, los aspectos favorables se diluyen porque aumentan en
forma masiva las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto
invernadero. No se puede hablar de un impacto positivo en la reducción de emisiones, si
antes de comenzar a producir ya se están quemando 50-100 toneladas de madera por
hectárea.
Tomadas estas precauciones, hay que
destacar que Argentina es uno de los pocos países que puede aumentar
significativamente la producción de granos y tener un protagonismo central en
biocombustibles. Esta es una inmejorable oportunidad para el país, que debiera ser
aprovechada no sólo como emprendimiento económico, sino como ámbito propicio para
poder restaurar los pasivos sociales y ambientales.
En la misma dirección, se incorpora la
promoción de inversiones destinadas al fortalecimiento de los sistemas de transporte
públicos de pasajeros y la utilización de medios menos contaminantes.
Entre las acciones, el proyecto incluye
también, nuevos instrumentos de gestión ambiental.
Uno de ellos es la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) como instancia tendiente a la evaluación temprana de las diferentes
iniciativas y programas de desarrollo, con el objeto de orientar las decisiones que se
tomen a prevenir los efectos ambientales no deseados, promoviendo la articulación
interjurisdiccional y la coordinación de políticas sectoriales, sobre la base de los
principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
Otro de los instrumentos previstos, son los
Indicadores de Sustentabilidad que señalan los aspectos en los que las relaciones entre
la economía, el ambiente y la sociedad son débiles, favoreciendo el reconocimiento de
las áreas problemáticas y la determinación de posibles vías de solución.
Por eso es importante, la promoción por
parte de los Estados del uso de estos indicadores como instrumentos de medición,
control y monitoreo de la situación ambiental en la Argentina.
Cabe mencionar, por ejemplo, el Índice de
Bienestar Económico Sostenible (ISEW) que, con el fin de conseguir una imagen más
completa del progreso económico, resta del PIB las consecuencias dañinas de la
actividad económica y corrige otras desviaciones como el trabajo doméstico no
pagado.
Este índice contabiliza la contaminación
atmosférica estimando el costo de daño por tonelada de varios elementos
contaminadores del aire. También considera el agotamiento de recursos, estimando el
costo para sustituir un barril de aceite equivalente por la misma cantidad de energía de
una fuente renovable. Además, estima el costo de cambio climático debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero por una tonelada de estas emisiones y calcula
el costo de la disminución del ozono por tonelada de la sustancia que lo elimina.
Finalmente, contempla la realización de ajustes para reflejar la desigual distribución de
ingresos.
Otra herramienta de este tipo es la Huella
Ecológica (HE), que fue reconocida como indicador por la Comunidad Europea. La HE
es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una cierta
comunidad humana - país, región o ciudad - sobre su entorno, considerando tanto los
recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de
producción y consumo de la comunidad.
Con el objeto de generar un cambio de los
patrones culturales contaminantes, el proyecto contempla la promoción de la
minimización y el reciclado de residuos así como a la necesidad de difusión y
concientización pública de las problemáticas relacionadas al cambio climático.
Finalmente, cierra la enumeración de
acciones reconociendo el carácter global de dichas problemáticas, con el establecimiento
de convenios de cooperación regional e internacional.
La previsión normativa de todas esas
acciones perdería potencialidad si, en la misma ley, no se contemplarán garantías de
financiamiento y la creación de un espacio de articulación entre las distintas
jurisdicciones.
Ese es el objetivo de la conformación de
una Mesa Federal de Cambio Climático integrada por las autoridades ambientales del
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo seno se
elabore un plan nacional en el que se coordinen las acciones de mitigación y adaptación
a desarrollar y, al mismo tiempo, se acuerde el porcentaje de recursos que cada
jurisdicción deberá destinar a las mismas, en cada ejercicio presupuestario.
Como corolario, se propone la convocatoria
a una Conferencia Permanente como ámbito público no estatal de consulta, debate,
formulación de propuestas y seguimiento, en el convencimiento que - más allá del rol
trascendente de los Estados en materia de cambio climático - el abordaje del mismo
requiere también de un soporte científico y técnico adecuado así como de procesos de
búsquedas de consenso entre distintos sectores como pueden ser los productores
industriales, agrícolas, ganaderos y forestales, los campesinos, las comunidades
aborígenes y las organizaciones ambientalistas; sectores que muchas veces defienden
intereses claramente contrapuestos.
El mandato constitucional del artículo 41 es
claro en cuanto determina que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo."
También lo es cuando en forma
contundente dispone que "las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural
... y de la diversidad biológica ...", agregando que "corresponde a la Nación dictar las
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ..."
Ante la inmediata necesidad de jerarquizar
este tema como un punto central de la agenda pública de nuestro país, venimos Señor
Presidente, a solicitar el tratamiento y la pronta aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| BENAS, VERONICA CLAUDIA | SANTA FE | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
| BONASSO, MIGUEL LUIS | CIUDAD de BUENOS AIRES | DIALOGO POR BUENOS AIRES |
| CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| MARTIN, MARIA ELENA | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| VIALE, LISANDRO ALFREDO | ENTRE RIOS | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 04/08/2009 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |
| 11/08/2009 | CONTINUACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |