La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional de conformidad a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en función de lo establecido por el Artículo 101 de la Constitución Nacional para que ordene la concurrencia del Señor Jefe de Gabinete de Ministros Señor Aníbal Fernández, a esta Honorable Cámara a fin de ser interpelado en mérito de una moción de censura a fin de que brinde explicaciones acerca de las inspecciones llevadas a cabo por la AFIP, en varias empresas del Grupo Clarín, el jueves 10 de septiembre conforme los siguientes puntos:

- Quienes dispusieron los 15 procedimientos realizados.

- Qué funcionarios, y de qué jerarquías estaban al tanto de ello.

- Si estaba al tanto de las inspecciones.

- En caso afirmativo, desde cuándo.

- Si el Sr. Néstor Kirchner, tuvo participación en las inspecciones.

- Los criterios objetivos que habilitaron los 15 procedimientos.

- Los criterios objetivos por los cuales se interrumpieron.

- Si se le formularon cargos a alguna de las empresas, como así, a alguno de los directivos y síndicos investigados

- En caso afirmativo, cuáles han sido esos cargos.

- Se individualizaron responsables?.

- En caso afirmativo, qué medidas se adoptaron?

- Aporte la nómina de la totalidad de los inspectores que concurrieron.

- Detalle con qué instrucciones fueron al procedimiento.

Señor presidente:

La presente iniciativa no solo encuentra su fundamento en el Artículo 71 de la Constitución Nacional, así, no solamente pedimos la presencia del Señor Jefe de Gabinete de Ministros amparados en nuestro derecho constitucional establecido en el Artículo 71, sino que lo hacemos en función del Artículo 101 de nuestra Carta Magna, cuyo mandato es reiteradamente incumplido por el Sr. Jefe de Ministros.

En efecto, dice el Artículo 101 que: "El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

Los hechos ocurridos en el día Jueves 10 de septiembre pasado, cuando cerca de 300 inspectores de la AFIP se hicieron presentes en varias empresas del Grupo Clarín, realizando 15 operativos diferentes, portando requerimientos de información a las distintas compañías del grupo, o incluso a varios directores y síndicos de las mismas, constituyeron un claro ejercicio desviado y abusivo del poder para el cual fue creado el organismo recaudador de las rentas del país. Resulta difícil tener por cierto, que haya existido una verdadera motivación que habilitara la intervención de los inspectores, para todos y cada uno de los 15 objetivos atacados. Si esa motivación no existió, este operativo constituyó una verdadera caza de brujas, desprovista de la razonabilidad que debe caracterizar los actos de gobierno, de ser así, quedaría claro que dicho acto constituyó un inaceptable desvío abusivo del poder que le fue conferido a la AFIP , con exclusivos fines recaudatorios, intimidando, de esa forma, a directivos y empleados del referido grupo empresario.

Si hubiera existido una verdadera motivación para actuar, de acuerdo a las normas vigentes, no se entiende por qué, cuando comenzó a trascender por todos los medios del país, el "procedimiento" que se estaba desarrollando, se dispuso el cese inmediato de las inspecciones. Es que, si había un verdadero motivo que habilitaba las intervenciones, correspondía no haber hecho ninguna excepción para con las empresas del grupo Clarín, a las que debieron haber inspeccionado con la rigurosidad y profundidad con la que se debe proceder frente a cualquier empresa.

El retiro intempestivo, de la totalidad de los agentes, de todos los lugares donde se estaba llevando a cabo este operativo, permite suponer que efectivamente, la finalidad del mismo, no fue a los fines recaudatorios propios del organismo, sino que fueron realizados con fines espurios, lo que constituyó un claro, grave, e inaceptable desvío de poder.

Las distintas justificaciones ensayadas desde representantes del Poder Ejecutivo en los distintos medios de comunicación, aparecen como absolutamente infantiles e inverosímiles. La inconsistencia de estas explicaciones, frente a la gravedad institucional de lo acontecido, motivan el presente pedido, convocando a quien tiene la responsabilidad política frente al Congreso, por los actos de la administración y recaudación de las rentas de la Nación, Art. 100 incisos 1 y 7 de la C.N., quien no es más que el Jefe de Gabinete de Ministros Dr. Aníbal Fernández.

La gravedad institucional de este desvío de poder, no admite dilación en cuanto al pedido de justificaciones que corresponde, que el Jefe de Gabinete proporcione, a este Congreso y a la Nación toda, sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de Septiembre. En efecto, no podemos, a esta altura, seguir enterándonos de los aparentes justificativos ensayados, por intermedio de los medios de comunicación, cuando se cuentan con los mecanismos institucionales como para aclarar lo acontecido.

Se nos deben explicaciones respecto de quien o quienes dispusieron efectivamente cada uno de los 15 procedimientos realizados, y que funcionarios, de que jerarquías estaban al tanto de ello. Corresponde también que se nos informe si el propio jefe de Gabinete estaba al tanto de las inspecciones, y si no hubiera estado en conocimiento, como es posible que así fuera, sobre todos si nos atenemos a los dichos del propio Echegaray quien manifestó que, este operativo se estaba preparando desde el mes de julio. Se informe si se conocía la fecha para la cual estaban dispuestos originariamente, y en su caso porque se adelantaron, y quien dispuso el adelantamiento y porque razones. Si se tiene conocimiento que el Sr. Néstor Kirchner, subrogándose en las funciones de titular del Poder Ejecutivo se salteó las jerarquías intermedias y dispuso la realización de estos operativos, y en su caso si se investigaron los entrecruzamientos de llamadas entre los teléfonos de los supuestos involucrados y los que utiliza el ex presidente, o los de la quinta presidencial de Olivos. Que nos informe, los motivos que habilitaron cada uno de los 15 procedimientos, y porque fueron interrumpidos, quien dio la orden, y eventualmente porque se dispensó al Grupo Clarín, un trato diferente del que se le dispensa a cualquier otro contribuyente al que, sin duda alguna, se le habría terminado adecuadamente la inspección. Que se informe si se le formularon cargos a alguna de las empresas, como así, a alguno de los directivos y síndicos investigados y en su caso en que consistieron esos cargos. Interesa interrogar también si es que ya se individualizaron responsables y que medidas se están tomando con ellos, que aporte la nómina de la totalidad de los inspectores que concurrieron, interesa saber si efectivamente todos sabían para que iban, y si tenían cabal conocimiento de cual iba a ser su función durante el procedimiento, como así porque, un número importante de ellos permanecieron en la calle sin realizar tarea alguna. Interesa sobremanera, por la gravedad institucional de la acusación, conocer que elementos de prueba objetivos tiene el Jefe de Gabinete de Ministros, para tener por cierto, que la oposición "pago esta operación" para "dejar al Gobierno mal parado", en complicidad con funcionarios de la AFIP, tal como lo viene sosteniendo frente a los medios de prensa.

Entiendo que esta acción de intimidación dirigida al Grupo Clarín, o la omisión y el desmanejo de los inferiores jerárquicos, resultan ser conductas absolutamente incompatibles con la dignidad del cargo que este funcionario ejerce.

El debate sobre la conveniencia o no de que continúen existiendo grupos empresarios que puedan influir de una manera u otra en la opinión pública de nuestra Nación, es un debate que, solo puede darse en el ámbito del Congreso, pero recurrir a las vías de hecho, es absolutamente incompatible con el permanente intercambio de ideas que debe caracterizar una verdadera democracia.

Por los motivos anteriormente expuestos, es que solicito me acompañen en la sanción de este proyecto de resolución.