La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su total repudio a los hechos ocurridos los días 17 y 18 de del corriente en la localidad de San Carlos de Bariloche, que culminaron con la muerte de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Asimismo se repudia las prácticas de gatillo fácil persistentes en todo el territorio nacional, entendiendo su supresión definitiva y castigo como condición necesaria para la vigencia de un Estado respetuoso de los Derechos Humanos de sus habitantes.

Señor presidente:

El pasado 17 de Junio del año 2010, en la localidad de San Carlos de Bariloche, el joven Diego Bonefoi, de tan solo 15 años, fue asesinado de un disparo en la nuca durante una persecución llevada adelante por miembros de la Policía de la Provincia de Río Negro. Dichos hechos originaron como consecuencia una manifestación popular ante la Comisaría 28º de aquella localidad (de la cual provenían los miembros de dicha fuerza que intervinieron en la persecución de Bonefoi), y cuya represión, por parte de los miembros de esta misma dependencia, así como del Batallón Organizado de Represión Antimotín (BORA) provocó la muerte de dos personas más: Nicolás Carrasco (17) y Sergio Cárdenas (29).

En este caso se evidencia, una vez más, los altísimos niveles de abusos de poder y violencia policial/institucional que recaen, principalmente, sobre jóvenes de sectores socioeconómicos vulnerables (en los sectores urbanos, siendo también sus principales víctimas en las zonas rurales tanto los grupos campesinos y pueblos originarios) (1) . Se puede observar en este caso (casi testigo por la manera en la que se han desarrollado los hechos, y las marchas de apoyo a la policía que ocurrieron posteriormente), que estas aberrantes prácticas que no han podido ser suprimidas en las actuaciones policiales a 25 años de la restauración democrática, continúan siendo alentadas por un peligroso discurso simplista sobre la seguridad. Discurso que, so pretexto de traer soluciones inmediatas a la problemática del delito, resulta ser la puerta de acceso a la institucionalización de prácticas que violan abiertamente las mínimas condiciones de respeto a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Nacional y los pactos en la materia que poseen su misma jerarquía (Art. 75 inc. 22).

Es importante remarcar que, como agravante en este caso, dos de las víctimas eran menores de edad por lo que, sin perjuicio de la evaluación de la culpabilidad de los responsables, se está claramente ante un absoluto descuido y desprecio por el interés superior del niño (Arts. 2º y 6º de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Es por ello que, debido al deber de este poder Constitucional de legislar y ejercer funciones de control en materia de vigencia y salvaguarda de los Derechos Humanos, especialmente en el caso de los menores (Art. 75 inc. 22 y 23de la Carta Magna) es que me encuentro en la obligación ética y moral de solicitar el repudio de hechos como éste por parte de esta Honorable Cámara.

Por todo lo expuesto, les solicito a las compañeras diputadas y los compañeros diputados que acompañen esta declaración de repudio, condenando la perpetuación las peores prácticas institucionales de nuestra historia, las que constituyen una negación ontológica del respeto por el género humano.